Cuatro meses y medio para homologar un título universitario extranjero
En 2024 se duplicaron las resoluciones respeto al año previo, alcanzándose las 40.000; y este año se llegarán a las 80.000, un "salto vertiginoso", en palabras de la ministra.
Morant ha destacado la aceleración de los trámites en el pleno del Senado, donde el senador del PNV, Luke Uribe-Etxebarria, ha recordado la frustración que siguen causando los retrasos en miles de personas migrantes y la pérdida de talento y de profesionales que ello conlleva. La ministra ha denunciado el atasco que se generó durante el gobierno de Mariano Rajoy al dificultarse la homologación de títulos extranjeros en el marco de un modelo laboral «fallido», que generó elevadas tasas de paro, y ha destacado los esfuerzos realizados para revertirlo.
Según ha explicado, en noviembre de 2017 se resolvieron 514 solicitudes; en noviembre de 2023 la cifra subió a 1.168, un 127% más; y este pasado mes de noviembre se han resuelto 13.244, un 2.500% más. En 2024 se duplicaron las resoluciones respeto al año previo, alcanzándose las 40.000; y este año se llegarán a las 80.000, un «salto vertiginoso», en palabras de la ministra. Su Ministerio activó un plan de choque «de inteligencia procedimental» y se ha esforzado también por mejorar la cooperación con los países emisores de los títulos.
Uribe-Etxebarria ha señalado que, a pesar de los datos esgrimidos por Morant, la impresión es que siguen los retrasos y que muchas personas ven vulnerado su derecho a la homologación del título y a ejercer una profesión determinada, abocados a ejercer actividades precarias. En Euskadi, ha advertido, la situación se ve agravada por las «inaceptables sentencias» del Supremo que han anulado la transferencia de la gestión de la homologación de títulos universitarios al Gobierno vasco, sentencias que han «atacado gravemente» su autogobierno y suponen «una inadmisible intromisión en cuestiones de orden político», ha denunciado.
En ese contexto, ha propuesto aprobar un nuevo decreto de homologaciones que garantice el respeto al plazo máximo de seis meses con un procedimiento que reconozca además la competencia del Gobierno vasco en la tramitación y valoración de las solicitudes.
