El codirector de la cátedra de Begoña Gómez, suspendido de empleo y sueldo por tres meses

La Universidad Complutense de Madrid abrió un expediente disciplinario a Ruano el 31 de octubre de 2024 por no haber respondido a unas preguntas sobre esa cátedra que le formuló la Gerencia y le comunicó la resolución el pasado 27 de octubre. Esta impone a Ruano, profesor del Departamento de Ciencia Política, una suspensión de funciones por tres meses por una falta grave, según el reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios, tipificada como «la falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios».

El profesor recurrió la resolución ante el Vicerrectorado por considerarla «manifiestamente ilegal, lesiva para sus intereses y contraria al principio de presunción de inocencia» y va a presentar un recurso contencioso-administrativa en la que pedirá que la sanción sea revocada y suspendida cautelarmente. Fuentes de la Universidad Complutense han indicado a Efe que los expedientes tienen carácter confidencial por lo que no están en disposición de facilitar información sobre su contenido.

Cambio del instructor del expediente

Inicialmente, el Vicerrectorado de Ordenación Académica designó instructor del expediente al profesor de Derecho Internacional José Antonio Perea, fundador de Vox en San Lorenzo de El Escorial y candidato en las últimas elecciones municipales, cuando Vox ya se había personado en la causa abierta por el juez Peinado, motivos por los que el profesor Ruano lo recusó y fue apartado de la instrucción. Finalmente, la instructora ha sido la directora del Departamento de Derecho Procesal y Penal Pilar Peiteado, compañera del juez Peinado en este Departamento donde fue profesor asociado hasta el curso pasado.

La apertura del expediente coincidió con la imputación del rector de la Universidad, Joaquín Goyache, por el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación en relación a su actividad al frente de una cátedra de la institución académica. La Audiencia Provincial levantó la imputación de Goyache en mayo de 2025.

El 1 de julio de 2024, la Universidad Complutense envió un informe al juez Peinado, indicando que no pudo concluir si existió o no perjuicio sobre su patrimonio por los contratos y pagos derivados del software desarrollado en el marco de la cátedra que codirigía la esposa del presidente de Gobierno, porque, se ha dado una «falta de colaboración de determinados intervinientes».

El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con el voto favorable del PP y Vox, la ley que reconoce al centro del Instituto de Empresa (IE) en la Comunidad como la decimocuarta universidad privada de la región, bajo el nombre IE Universidad Madrid. Durante el debate de la iniciativa, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha asegurado que el centro acogerá a más de 7.300 estudiantes en titulaciones oficiales y tendrá una «rica oferta académica», con 14 grados, 17 másteres y cuatro programas de Doctorado.

Lo que hasta ahora funcionaba como centro adscrito a IE Universidad, con sede en Segovia, será en adelante una universidad privada con entidad propia, la tercera reconocida por ley desde que Isabel Díaz Ayuso se convirtió en presidenta autonómica, tras la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE) en 2020 y la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) en 2022. Es además la primera reconocida por ley en Madrid desde que, el pasado 27 de octubre, entrara en vigor el nuevo decreto de creación y reconocimiento de universidades y centros superiores, que contempla criterios más exigentes en docencia, investigación y suficiencia financiera y que busca elevar la calidad de los grados, doctorados y másteres que imparten todas las universidades.

El Ejecutivo de Díaz Ayuso ha recurrido esa norma ante el Tribunal Supremo al entender que perjudica a la Comunidad de Madrid y ataca a la libertad de empresa, a la libertad educativa, a la libertad de expresión, y a las competencias autonómicas. También Viciana ha criticado hoy el decreto, un «intento del Gobierno de atacar la libertad de enseñanza y atacar al Ejecutivo regional, atacando por el camino a la universidad privada».

Viciana ha ensalzado asimismo el «marcado carácter internacional» del Instituto de Empresa, que opera en Madrid desde un «campus vertical» instalado en la Torre Caleido del paseo de la Castellana y desde una segunda sede en la calle María de Molina.

Críticas de la izquierda

Desde Más Madrid, el diputado Antonio Sánchez ha criticado que esta ley refleja un modelo de «feudalismo» educativo y ha reclamado reforzar la financiación de las universidades públicas. A su vez, el diputado del PSOE-M (que se ha abstenido en la votación) Horacio Díez ha afeado a la Comunidad que «instrumentalice lo que es una buena universidad por sus intereses políticos» y haya elevado al pleno esta ley ahora, «cuando tiene a toda la comunidad universitaria en huelga y en la calle, protestando por sus recortes».

Por último, Vox ha avanzado que votará a favor de la ley, pero su diputado José Antonio Fúster ha expresado ciertos reparos, pues considera que la concentración de centros en Madrid «ahonda en el desequilibrio territorial de España».

La Fundación Universitaria San Pablo CEU ha recurrido ante el Tribunal Supremo la nueva ley que endurece la creación de nuevas universidades al considerar que es «lesivo», «arbitrario» e invade competencias autonómicas universitarias. El presidente del CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, ha anunciado este jueves que la entidad ha presentado ya un recurso ante el Supremo porque va contra un sistema universitario «que funciona muy bien» y es «ofensivo», además de que considera que invade competencias universitarias «claramente», tal como también ha denunciado el gobierno de la Comunidad de Madrid ante el mismo tribunal.

Durante un desayuno informativo, el director general del CEU, Javier Tello, también ha explicado que el recurso se ha interpuesto en solitario después de haber mantenido conversaciones con otros centros universitarios que opinan de forma similar. «De momento no tenemos previsto hacer alianzas con otros centros salvo que haya una propuesta y si es así la miraremos con todo el interés del mundo», ha puntualizado Tello, tras dejar claro que el CEU, como Fundación sin ánimo de lucro, cumple mayoritariamente los nuevos requisitos que marca la ley, que contempla unos plazos para su implantación total.

Tello ha puntualizado que la cifra de los 4.500 alumnos se cumplen en la Universidad CEU San Pablo, de Madrid y en la Universidad CEU Cardenal Herrera, de Valencia mientras que en las nuevas universidades CEU Abat Oliba, de Barcelona y CEU Fernando III, de Sevilla se alcanzará esa cifra cuando el decreto esté en pleno vigor al 100%.

Incluso en el terreno de la investigación, cuyos criterios son más exigentes en cuanto a la inversión anual y al número de docentes investigadores y doctores, Tello ha señalado que se cumplirán los objetivos: «El más exigente de tener 20 proyectos de investigación activos, creemos que también lo vamos a cumplir». Al respecto, la Coordinadora de Universidades del CEU e investigadora, Coral Barbas, ha explicado que se implantará una nueva iniciativa el ‘Plan de carrera del personal investigador’ para atraer a docentes dedicados «exclusivamente a la investigación», que partirán desde proyectos predoctorales y que a su vez darán apoyo al personal docente. Una investigación que se centrará en las ciencias de la salud, ha incidido.

El rector del CEU Cardenal Herrera de Valencia, Higinio Marín, ha lamentado que la nueva ley vaya contra las universidades privadas, y ha dejado claro que dirige un centro «cuyo horizonte no es el reparto de dividendos, sino la competencia académica y científica». «Ha sido un decreto que ha nacido con la dinámica de crispar, hablando de ‘chiringuitos’ y con un texto introductorio de 10 páginas que va contra la iniciativa privada», ha insistido el presidente del CEU.

El CEU suma así un nuevo recurso contra la norma después de que hace menos de un mes el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, interpusiera otro contencioso-administrativo ante el Supremo al considerar que vulnera las competencias autonómicas en materia educativa y «limita injustificadamente la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocida en la Constitución Española».