El Consell aprueba la tramitación de urgencia del decreto que regula la figura del docente gestor y asesor para la mejora educativa

El objetivo de la figura del docente gestor y asesor es aprovechar la experiencia del profesorado para mejorar la planificación, ejecución y evaluación de las políticas educativas.
MagisterioLunes, 15 de diciembre de 2025
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El Consell ha aprobado la tramitación de urgencia del decreto por el que se regula la figura del docente gestor y asesor para la mejora educativa en el ámbito de la Administración educativa de la Generalitat. El nuevo decreto sustituye y actualiza la anterior figura de asesor/a y coordinador/a técnico-docente regulada en el Decreto 126/2015. Con esta figura, se pretende aprovechar la experiencia docente y de gestión del profesorado para mejorar la planificación, ejecución y evaluación de las políticas educativas.

Estos asesores, una vez seleccionados, se adscribirán funcionalmente a órganos superiores, órganos directivos y direcciones territoriales de la Conselleria competente en materia de educación. La forma ordinaria de provisión será la de libre designación, mediante convocatoria pública y resolución de la dirección general competente en personal docente.

También podrán desempeñarse en comisión de servicios por personal funcionario de carrera con destino definitivo o adscripción provisional. La comisión de servicios tendrá una duración inicial de dos cursos académicos consecutivos, renovables por periodos de igual duración, previa evaluación positiva del desempeño.

Aprobado el decreto de convivencia educativa, que busca mejorar la protección a víctimas

El pleno del Consell también ha aprobado el decreto de la convivencia en el sistema educativo de la Comunitat Valenciana, que busca tanto mejorar la protección de las víctimas y la autoridad del profesorado como prevenir la violencia en el entorno escolar, y regula el uso de dispositivos móviles en los centros con rango de decreto. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha explicado que los centros educativos de enseñanza no universitaria deberán aprobar obligatoriamente un plan de convivencia, destinado a «evitar la violencia y la discriminación, espetar la diversidad y promocionar un entorno seguro y respetuoso» para todo el alumnado.

Barrachina ha indicado que también se refuerza el reconocimiento de la autoridad del profesorado y se presta especial atención al uso de nuevas tecnologías, con actuaciones específicas cuando se acoso a través de los teléfonos móviles. El decreto, impulsado por la dirección general de Innovación e Inclusión Educativa, se va a tramitar por urgencia con el fin de agilizar su entrada en vigor, que será el 7 de enero de 2026. Para reforzar la autoridad docente, las agresiones, injurias u ofensas al profesorado en el ejercicio de sus funciones se considerarán faltas graves y se tratarán como atentados contra la autoridad.

El decreto también otorga rango normativo superior a la regulación del uso de dispositivos móviles en los centros educativos, una medida demandada que busca minimizar su impacto en el aprendizaje y en situaciones de ciberacoso y que quedó establecida en una Resolución del 17 de abril de 2024. La norma prevé medidas educativas provisionales, la posibilidad de procedimiento conciliador y la tramitación de expediente disciplinario con garantías y plazos ajustados, incluyendo un trámite de urgencia para los casos más graves, para dar celeridad en los expedientes disciplinarios. También se simplifica la gestión con el desarrollo de un módulo específico en la plataforma ITACA, que permitirá documentar y seguir digitalmente todas las fases del expediente.

El proyecto incorpora además un enfoque inclusivo, estableciendo que la condición de víctima con necesidades específicas de apoyo educativo actuará como agravante en la gradación de la responsabilidad.

El Consell autoriza el decreto por el que se aprueban los nuevos estatutos de la Universitat Jaume I

El Consell ha autorizado el decreto por el que se aprueban los nuevos estatutos de la Universitat Jaume I de acuerdo con el marco normativo estatal, adaptando la norma básica de la UJI a la realidad actual de su entorno económico, social, académico y cultural. La Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo requiere una adaptación de los estatutos de las universidades públicas que deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de tres años desde su entrada en vigor.

El objetivo es actualizar, adecuar y regular, de acuerdo con este marco legal, algunos aspectos relacionados con la estructura y unidades básicas de su comunidad universitaria, con las normas generales de gobernanza, representación y participación o con los mecanismos de rendición de cuentas. De esta forma, el decreto consta de una parte dispositiva integrada por un único artículo, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, una disposición final y un anexo. El anexo, que contiene los Estatutos de la UJI, comprende a su vez un preámbulo, trece títulos, catorce disposiciones adicionales, cuatro transitorias y una derogatoria.

Los nuevos Estatutos de la Universitat Jaume I establecen los fundamentos básicos del funcionamiento de la UJI, que regulan aspectos tan trascendentales como su naturaleza, la autonomía universitaria, sus principios de organización y funcionamiento y refuerza principios fundamentales como la participación democrática, entre otros. De manera destacada, la norma estatutaria incorpora modificaciones nucleares del sistema universitario como la actualización de la estructura organizativa, la regulación de competencias de sus órganos de gobierno, la adaptación de los mandatos de los cargos unipersonales y colegiados a seis años, la organización de las unidades y servicios, una reestructuración de los órganos de representación del estudiantado o las nuevas figuras de profesorado.

Asimismo, aborda los mecanismos de rendición de cuentas respecto a la gestión de los recursos económicos y de personal; la calidad y evaluación de la docencia y el rendimiento del estudiantado, la calidad de la gestión; y la disponibilidad de los servicios universitarios.

Por otra parte, el Consell ha autorizado también la tramitación de urgencia del decreto por el que se procederá a la modificación de los estatutos de la Universitat de València-Estudi General así como a la constitución del Claustro y Consejo de Gobierno.

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