El Gobierno planteará a las comunidades objetivos variables de financiación universitaria

En el marco de la comisión formada por el Ministerio, las universidades y las comunidades autónomas y que analiza la necesidad de llegar a un 1% del PIB en 2030 según mandata la Ley de Universidades (LOSU), Morant ha señalado que se deben cumplir unos mínimos de financiación para gastos fijos, pero que el Gobierno propondrá diferentes objetivos para cada comunidad. «Yo no creo que el objetivo tenga que ser el 1%, habrá que cumplir ciertos mínimos pero en algunas comunidades puede ser más y en otras menos» la transferencia de recursos, ha señalado la ministra durante su comparecencia en el Congreso en la que también ha recordado que se debe concretar si el porcentaje de inversión va vinculado al PIB nacional o al regional.

Morant ha señalado que «los gastos fijos de la universidad, como la inversión en personal o en equipamiento deben estar garantizados por las transferencias públicas». En este sentido, ha advertido de que una infrafinanciación puede poner en peligro la posición de las universidades españolas públicas en los ránking internacionales sobre la generación de ciencia y su impacto. Para diferenciar el porcentaje que debe transferir cada comunidad a sus universidades se tomarán diferentes indicadores como los de financiación por estudiante, los de la investigación o el precio de matrículas públicas.

En noviembre de 2024 se creó la Comisión de Trabajo entre el Ministerio, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y los estudiantes y sindicatos para acordar un calendario de aumento de la financiación pública que se sitúe en el 1% del PIB en 2030, aunque las reuniones aún no han dado frutos. «El trabajo con ciertas comunidades no es fácil y hay muchos puntos de desencuentro», ha reconocido la ministra que también sin embargo ha dicho que «hay un diálogo fluido con las universidades».

No obstante, también ha adelantado que la otra comisión sobre las negociaciones del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) que pretende frenar la temporalidad y mejorar las condiciones laborales «está atascada».

Por otro lado, Morant ha acusado a la Comunidad de Madrid de favorecer «el negocio» de las universidades privadas que supone más de 3.000 millones de euros al año y autorizar nuevos centros con informes desfavorables. La ministra ha defendido que con sus políticas trata de que «no se reproduzca lo que pasa con la Sanidad en Madrid y no se priorice el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) en lugar de ofrecer un servicio de calidad a las ciudadanía», ha puntualizado.

Un decreto de universidades que, ha dicho, choca con el modelo y la estrategia de algunas comunidades como la de Madrid de no controlar las universidades privadas sin calidad, aprobando con informes desfavorables «un negocio calculado en más de 3.000 millones de euros al año». «Ayuso no piensa en estudiantes sino en clientes potenciales de la universidad privada», ha dicho Morant tras respaldar a los seis rectores madrileños que han pedido más recursos y han convocado una huelga de dos días hace menos de un mes.

La ministra ha dicho que es «imperativo» que Madrid aumente la financiación a sus universidades y ha recordado que haría falta como mínimo 310 millones de euros anuales para que recuperen su capacidad de gasto y estén en la media de inversión por alumno de España, que ya es un 20% más baja que la media de la Unión Europea. «Madrid es la que está arrastrando a la baja a la media española, siendo la comunidad con más PIB por habitante de España», ha puntualizado tras señalar que entre 2009 y 2024 el presupuesto total de la comunidad madrileña ha aumentado el 53,5% pero sus transferencias a las universidades públicas apenas han crecido el 1,2%.

La ministra también ha avisado de que tras el fin de la dictadura de Franco hace 50 años «asistimos a discursos revisionistas de la democracia, también en nuestro país» que ponen en riesgo la democracia. «Y en tiempos de desinformación la universidad es un baluarte de la democracia», ha puntualizado al tiempo que ha cargado contra Madrid por ser «el paradigma del antimodelo, de cómo convertir un derecho constitucional en un negocio para unos pocos, de convertir a los estudiantes en clientes». Ha indicado también que no hay suficientes plazas en la pública debido a la infrafinanciación autonómica: «El talento podrá estudiar o no en función de si su familia puede pagar una universidad privada. Te miden por el tamaño del bolsillo de tus padres».

Morant también se ha referido a las homologaciones de títulos de estudiantes extranjeros que quieren trabajar en España y ha señalado que las recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas «ya están en marcha». «Antes de año presentaremos un informe detallado, pero si en 2024 duplicamos las resoluciones en 2025 llegaremos a las 80.000», ha dicho.