Madrid aprueba la jornada partida en los colegios públicos como criterio general
La Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la normativa que establece la jornada partida como criterio general en los colegios públicos de Infantil y Primaria y de Educación Especial.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy el decreto que regula los horarios escolares, una medida que pretende mejorar el rendimiento académico de los alumnos, favorecer la conciliación y ampliar la capacidad de elección de las familias madrileñas, ha destacado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
El texto determina que la jornada lectiva se organice, con carácter general, en dos sesiones de mañana y tarde, separadas por un intervalo de dos horas, con la posibilidad de mantener la opción de continuada en los meses de septiembre y junio.
Así, los colegios públicos que lo deseen podrán tramitar y aprobar el cambio de su jornada escolar al horario partido, una actuación que se facilita y simplifica para que la comunidad educativa y las familias de los alumnos puedan activarla de manera sencilla. La iniciativa deberá partir de al menos un tercio del Consejo Escolar del centro, formado por padres, profesores, personal de administración y servicios y representantes municipales. El procedimiento contemplará consultas al claustro y a este órgano de participación, así como a las familias, e incluirá una votación, presencial o telemática, en la que será necesario que la mayoría de los votos emitidos resulte favorable.
Tras confirmarse el escrutinio, el presidente del Consejo Escolar informará de su resultado al claustro y a los miembros del órgano, y el director lo trasladará a la Dirección de Área Territorial correspondiente. Será su titular quien autorice el cambio, previo informe del Servicio de Inspección Educativa y atendiendo a criterios organizativos, pedagógicos y de conciliación familiar. Todo este proceso deberá realizarse antes del 15 de marzo de cada año, con el objetivo de que los centros puedan adoptar las disposiciones necesarias para empezar a aplicar la jornada partida en el siguiente curso.
Por su parte, aquellos centros que ya tuvieran aprobado el horario continuado antes de la entrada en vigor de la norma podrán mantenerlo.
Los sindicatos CCOO, ANPE, CSIF y UGT han anunciado este martes que estudian presentar recursos judiciales contra la nueva normativa de la Comunidad de Madrid que establece la jornada partida como criterio general en los colegios públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial.
La medida, aprobada este martes por el Consejo de Gobierno regional, ha suscitado el rechazo unánime de los cuatro sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación por la falta de negociación y el impacto negativo tanto en la organización pedagógica como en las condiciones laborales del profesorado.
La Federación de Enseñanza de CCOO Madrid se ha mostrado en contra de una decisión que la Administración ha adoptado «de forma unilateral», sin pasar por la Mesa Sectorial y sin contar con la participación de los equipos directivos y docentes.
La secretaria general de la organización, Aida San Millán, ha lamentado la ausencia de informes serios que justifiquen los efectos de la medida sobre el rendimiento del alumnado y ha sostenido que existen estudios que avalan la jornada continua como un sistema que permite que los niños «estén menos cansados» y mantengan un horario mucho más adaptable a sus necesidades biológicas y pedagógicas.
Asimismo, CCOO ha hecho hincapié en la necesidad de respetar la autonomía y la diversidad de cada centro, a la vez que ha señalado que las necesidades de desplazamiento y laborales de una familia en un pueblo como Chinchón no son las mismas que en el distrito de Chamartín.
San Millán ha resaltado que «lo más importante es que las familias, los centros educativos y la comunidad educativa puedan decidir de manera democrática lo mejor para su situación», respetando tanto el contexto social como el geográfico de cada entorno escolar. Para el sindicato, la norma responde a una estrategia de conciliación que utiliza los colegios como «meros espacios de custodia».
Por su parte, ANPE-Madrid ha calificado el decreto de «despropósito normativo» que atenta contra la participación democrática real de las comunidades educativas, el respeto al trabajo docente y la autonomía pedagógica de los centros. El sindicato critica que la norma permitirá que una minoría de familias imponga un cambio de jornada frente al criterio del claustro. «No se ha contado con la opinión del profesorado», han denunciado desde ANPE Madrid, confirmando que estudiarán la viabilidad jurídica de impugnar el texto para exigir «respeto, diálogo y sensatez».
El presidente de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González, ha sido tajante al asegurar que la medida no cuenta con fundamentación pedagógica y afecta directamente a las condiciones laborales. «Aquí vamos a dar la batalla hasta donde podamos llegar», ha advertido.
González ha criticado la modificación de las mayorías necesarias para los cambios de jornada, indicando que mientras antes se requería el 66 % del censo de padres, ahora bastará con una mayoría simple en votaciones con baja participación. «No puede ser que cuatro o cinco padres tengan más poder que 150», ha subrayado.
Finalmente, el secretario del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid, Javier Becerra, ha incidido en que la normativa «profundiza en el empeoramiento de los derechos laborales de estas trabajadoras y trabajadores».
Becerra ha reprochado que el Gobierno regional vea al profesorado como «una pieza prescindible» y ha denunciado que no se especifica si se aportarán los recursos económicos y humanos necesarios para implantar el nuevo modelo, lo que, desde su punto de vista, evidencia que el sistema público «no entra en sus planes de futuro».