Exrector de la Carlos III niega supuesta prevaricación al adjudicar plazas de profesorado

Si bien Fiscalía ha sostenido que no hay delito alguno y que, por lo tanto, procede la absolución, la acusación ha solicitado 13 años de inhabilitación y 12.600 euros de multa para cada uno de los acusados y que indemnicen conjuntamente con 230.000 euros al demandante. La Audiencia de Madrid ha celebrado este lunes el juicio al que fuera rector de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) entre 2015 y 2024 tras una querella por prevaricación administrativa interpuesta por Michael V.G.L., un profesor de Tecnología Electrónica que no obtuvo la plaza a la que aspiraba.

Junto a Romo, actual rector de la Universidad Alfonso X el Sabio, han sido juzgados los cinco miembros del comité de selección para plazas ocupadas interinamente que, en junio de 2018, resolvió el concurso y seleccionó a tres candidatas distintas al querellante. Romo ha declarado que no formó parte del comité de selección, que no tuvo ninguna «relación particular» con sus miembros y que su actuación se limitó a nombrar a las personas ya seleccionadas. Además, ha matizado que, entre los candidatos, solo conocía al denunciante por haber tenido con él una reunión «de diez minutos» no relacionada con la convocatoria y que no tenía ninguna relación «de amistad o enemistad» con el mismo.

Por su parte, el propio Michael V.G.L. ha sostenido a preguntas de su letrado, Marcos García-Montes, que denunció al sentirse «muy perjudicado» porque «no se habían valorado» algunos de sus méritos y que en las actas del comité «no se especificaba gran cosa» sobre la evaluación. El querellante ha explicado que no impugnó en su momento porque hasta la publicación de las plazas adjudicadas no sabía que los miembros del comité tenían relación con las seleccionadas. Y ha tildado de «coincidencias» sus propias relaciones con los mismos.

Asimismo, ha indicado que José Manuel Sánchez Pena, presidente del comité, pudo haber tenido «influencia» en las valoraciones y que la secretaria «debería haberse abstenido» porque tenía un «conflicto de intereses» ya que realizaba un proyecto de investigación con una de las seleccionadas.

Todos los acusados han mantenido una postura común y han recalcado que los méritos de las docentes seleccionadas eran superiores a los del querellante, que no impugnó el proceso en su debido momento. Así, Sánchez Mena ha reconocido que comparte dos investigaciones científicas con una de las seleccionadas, pero que representan «el 0,5 %» de su producción académica y que también tiene trabajos conjuntos, «incluido un libro», con el querellante. A su vez, ha explicado que, mientras las candidatas seleccionadas presentaron 17 y 26 artículos académicos, Michael V.G.L. solo aportó ocho, y que los criterios de selección «son inamovibles, comunes a todas las universidades españolas y los marca el Boletín Oficial del Estado (BOE)».

Otra de las encausadas, la secretaria del comité, ha señalado que para la adjudicación de plazas «pesa más la investigación» que la docencia y que el trabajo científico más reciente publicado por el querellante databa de cinco años antes de la convocatoria.