Gabilondo pide explicaciones sobre la sanción al codirector de la cátedra de Begoña Gómez
La apertura del expediente coincidió con la imputación del rector de la Universidad, Joaquín Goyache, por el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que investiga a Begoña Gómez por diversos delitos.
Ruano cumple en la actualidad una suspensión de empleo y sueldo de tres meses, según fuentes universitarias. La institución que dirige Gabilondo ha recibido un escrito del docente y le ha notificado este miércoles 7 de enero que supervisará la actuación de la Universidad bajo el mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales. En concreto, el Defensor del Pueblo ha dado cuenta del contenido del escrito del profesor a la Universidad para contrastar las alegaciones de Ruano sobre la «ejecutividad» de la sanción y para dictaminar si la queja cumple los requisitos de fondo para su admisión a trámite.
El conflicto administrativo surgió tras la notificación de una falta grave el pasado 27 de octubre de 2025. La Universidad hizo efectiva la suspensión solo cuatro días después, el 1 de noviembre, sin esperar a que transcurriera el plazo de un mes para presentar el recurso de reposición y antes de resolver la petición de suspensión cautelar del profesor, la cual fue finalmente desestimada el 24 de noviembre. El expediente disciplinario contra el profesor del Departamento de Ciencia Política comenzó el 31 de octubre de 2024 por no haber respondido a diversas preguntas de la Gerencia de la institución sobre el funcionamiento de la cátedra.
La resolución impone a Ruano, profesor del Departamento de Ciencias Políticas, una suspensión de funciones por tres meses, desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026, por una falta grave, según el reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios, tipificada como «la falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios». El profesor recurrió la resolución ante el Vicerrectorado por considerarla «manifiestamente ilegal, lesiva para sus intereses y contraria al principio de presunción de inocencia» y presentó un recurso contencioso-administrativo para pedir que la sanción sea revocada y suspendida cautelarmente.
La apertura del expediente coincidió con la imputación del rector de la Universidad, Joaquín Goyache, por el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación en relación a su actividad al frente de una cátedra de la institución académica. La Audiencia Provincial levantó la imputación de Goyache en mayo de 2025.
El 1 de julio de 2024, la Universidad Complutense envió un informe al juez Peinado, indicando que no pudo concluir si existió o no perjuicio sobre su patrimonio por los contratos y pagos derivados del software desarrollado en el marco de la cátedra que codirigía la esposa del presidente de Gobierno, porque, se ha dado una «falta de colaboración de determinados intervinientes».