Javier Cremades: “la ley debe verse como una conquista personal que se puede perder"

¿Cómo enseñar a respetar la ley cuando la emoción parece imponerse al razonamiento? ¿Qué significa realmente vivir bajo el imperio de la ley y no bajo la fuerza? Javier Cremades García (Ceuta, 1965), presidente del bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo, primer español que (desde 2019) preside la Asociación Mundial de Juristas (World Jurist Association, WJA), aborda estas cuestiones en su libro Sobre el imperio de la ley, donde analiza cómo las democracias pueden erosionarse desde dentro y que papel desempeña la educación en su defensa (para asistir a su presentación el 29 de enero de 2026 a las 19:30 en el Auditorio del Consejo General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos, n°13 Madrid, se puede solicitar plaza escribiendo a comunicacion@sobreelimperiodelaley.com). Dialogamos con él sobre la necesidad de formar ciudadanos conscientes, críticos y vigilantes, capaces de comprender que el Estado de derecho no es un mecanismo ajeno, sino un patrimonio común que exige cuidado, participación y responsabilidad personal desde edades tempranas.

Vivir bajo el imperio de la ley no es una idea literaria ni una trama de novela judicial. Es un patrimonio común que nos pertenece a todos como ciudadanos. Nuestra libertad y nuestra integridad están garantizadas por dos pilares fundamentales: la igualdad ante la ley y la limitación del poder mediante la Constitución y los derechos fundamentales. Ser un pueblo soberano no significa que todo esté permitido. Significa, precisamente, que incluso el poder del pueblo está limitado por el derecho. Esa forma de vida —con límites para todos— es la mejor que hemos inventado nunca: sin despotismo, sin tiranía, con libertad real. Pero es frágil. Hoy vivimos un momento de fatiga democrática, de desconexión y desilusión. Por eso es urgente recuperar la conciencia de que el Estado de derecho no es algo “para los demás”, sino una responsabilidad personal de cada ciudadano.

Sin duda. No existe una asignatura propiamente jurídica en la educación obligatoria, y eso se nota. Se habla de la Constitución o de normas sueltas, pero falta una comprensión clara de las reglas del juego. En Estados Unidos, por ejemplo, el 1 de mayo se celebra el Law Day, y miles de juristas voluntarios acuden a colegios para explicar a los niños qué significa el gobierno de las leyes como alternativa al gobierno de la fuerza. Ese tipo de iniciativas son muy pedagógicas. El derecho básico —no el técnico— es perfectamente comprensible desde edades tempranas: qué es la separación de poderes, qué son los derechos fundamentales, qué significa la libertad de expresión. Todo eso debería formar parte natural de la educación cívica.

La clave está en la educación integral. Un buen profesor no adoctrina, pero tampoco se inhibe. Educar es explicar el país en el que vivimos: su historia, su cultura y también su ordenamiento jurídico, aunque sea de forma básica y comprensible. El derecho constitucional elemental no es sofisticado: es el derecho de las reglas del juego. Cuando los jóvenes comprenden cómo funciona el sistema, qué derechos tienen y qué límites existen, están mejor preparados frente al populismo y la polarización. La neutralidad no consiste en el silencio, sino en explicar con rigor y respeto.

La democracia es un organismo vivo y muy sofisticado. No basta con tener buenas instituciones si los ciudadanos no se sienten vinculados a ellas. La sociedad actual no siempre educa en la calma ni en la confianza en las leyes, y eso debilita el sistema. Por eso es tan importante formar ciudadanos vigilantes, como decían los constitucionalistas alemanes: ciudadanos que participan, cuidan, exigen, cumplen las normas y reclaman su cumplimiento. Sin esa implicación, el Estado de derecho no funciona.

Sí, claramente. El totalitarismo no siempre llega de golpe. A menudo comienza con procesos de desconstitucionalización, de justificación de excepciones, de desprecio progresivo al derecho. Venezuela es un ejemplo muy ilustrativo: no se debilitó el Estado de derecho, se destruyó. Estos casos ayudan a comprender qué actitudes alejan del derecho y cuáles lo protegen. Son advertencias contemporáneas que permiten a los jóvenes entender que el Estado de derecho se puede perder.

El centro debe ser siempre la persona. Las organizaciones —también las educativas— necesitan sistemas de vigilancia, alerta, cuidado y reparación. En el pasado se sacrificó a veces la dignidad individual en nombre de un supuesto bien institucional. Hoy sabemos que eso es inaceptable. El Estado de derecho nos ha enseñado una cultura de la responsabilidad: cuando hay una lesión a la dignidad, debe haber reparación. Ese principio vale también para escuelas, asociaciones y familias.

Hay que hacer el derecho atractivo. Que los jóvenes sientan que la Constitución es su instrumento de protección. Desde la World Jurist Association hemos decidido priorizar a las nuevas generaciones, promoviendo iniciativas educativas y concursos que les ayuden a sentir el Estado de derecho como algo propio.

La educación es decisiva, pero no suficiente. En el mundo digital hay impunidad, anonimato y desinformación. Paradójicamente, cuanto más acceso tenemos a la información, más difícil es acceder a la verdad. Esto debilita la democracia, porque sin información veraz no se pueden tomar decisiones libres. Además, muchas autocracias están explotando nuestras libertades informativas para desestabilizar las democracias. Sin educación crítica, los ciudadanos acabamos colaborando sin saberlo.

Sin duda. Educar en soberanía personal frente a la manipulación algorítmica es hoy esencial. Las máquinas no se cansan, no descansan, operan sin pausa. Por eso la educación y la vigilancia son más necesarias que nunca. A pesar de todo, soy optimista: observo en los jóvenes una sed de autenticidad y de verdad. Confío en que esa sed se abra camino frente a la manipulación y la confusión.