La Comunidad afirma que llevó a Fiscalía "todos" los posibles troceos de contratos en FP

García Martín ha reaccionado así después de que la jueza que instruye el caso haya llamado a declarar como investigado a José María Rodríguez Jiménez, que fuera Director General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial entre 2019 y 2023, y haya citado como testigos a directores de siete centros educativos. «La Comunidad de Madrid está personada en ese procedimiento y fue la que puso de manifiesto y la que llevó todos estos casos (…) para que pudieran ser investigados», ha declarado García Martín, que está «a la espera» de que los tribunales «hagan su trabajo».

Fue la propia Consejería de Educación la que, en marzo de 2024, solicitó a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigara presuntas irregularidades detectadas en obras de reforma con la supuesta implicación de distintos funcionarios públicos. La titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid investiga un presunto delito de prevaricación administrativa por fraccionar contratos y facturas -a través de contratos menores- para otorgar obras que deberían haberse licitado en concurso público.

El caso afecta a la cúpula de la Consejería de Educación en la anterior legislatura, cuando estaba liderada por el actual presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y la ahora consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert. La justicia indaga por qué y por orden de quién la Consejería de Educación construyó, entre 2021 y 2023, al menos diez centros de FP y Formación de Profesorado sin contrato, fuera del presupuesto, sin expediente oficial y sin pasar ningún control económico.