Aguiló sobre el decreto de FP privada: "No se puede caer en la demagogia y colgar un 'sambenito' a todo el sector"
ACADE subraya que la enseñanza privada de Formación Profesional ha demostrado «calidad y alto grado de excelencia», con elevados niveles de inserción laboral y una oferta que llega, en muchos casos, a territorios donde la red pública es insuficiente. Además, recuerda que el propio crecimiento del sector ha estado impulsado por la Ley Orgánica de FP aprobada en 2022 por el actual Gobierno.
Para la asociación, si existen centros que no cumplen la normativa, la respuesta adecuada debe ser «intervenir de forma concreta en ese caso, y no generalizar con restricciones a todo el sector». En este sentido, advierte de que poner en duda la calidad de la FP privada supone un ataque a la pluralidad educativa y pone en riesgo derechos constitucionales como la libertad de creación de centros, la libertad de empresa y la libre elección de las familias.
En la misma línea se ha pronunciado el presidente de CECE, Alfonso Aguiló, quien ha señalado que es imprescindible garantizar la calidad de la FP privada, pero sin olvidar la libertad de creación de centros y la pluralidad del sistema educativo. A su juicio, la regulación debe atender a las necesidades reales del mercado laboral para que los jóvenes obtengan titulaciones que les permitan una inserción profesional efectiva.
Aguiló ha advertido también contra la demagogia y contra «colgar un ‘sambenito’ a todo el sector», recordando que la inmensa mayoría de los centros de FP privada funcionan correctamente y aportan valor al sistema. Además, ha defendido el derecho de los alumnos y de sus familias a elegir centro educativo, como pilar básico del modelo educativo español.
Más prudente se ha mostrado el secretario general de CECE, Santiago García, quien en una reflexión publicada en su cuenta de LinkedIn ha pedido cautela y serenidad ante un anuncio que todavía debe concretarse en un texto normativo. García reconoce que el crecimiento acelerado de la FP en España hace necesaria una cierta ordenación del sistema, siempre que tenga como eje la calidad de la formación y la adecuación a las necesidades de los sectores productivos.
No obstante, ha subrayado que la calidad debe exigirse tanto a la oferta pública como a la privada, ya que la titularidad, por sí sola, no garantiza buenos resultados. «Hay muchos factores que inciden en la calidad y no dependen de quién imparte la formación», ha señalado, confiando en que el futuro Real Decreto se centre en condiciones objetivas y no en la naturaleza jurídica de los centros.
García ha insistido en que no es momento de declaraciones que alimenten el conflicto y ha expresado su deseo de que el Ministerio convoque al sector durante la tramitación del Real Decreto. Solo entonces, concluye, será posible un análisis riguroso y un diálogo constructivo que permita defender los intereses legítimos de los centros privados, en coherencia con el modelo de colaboración público-privada que consagra la Ley 3/2022 y con el papel histórico que la FP privada ha desempeñado cuando estas enseñanzas aún no gozaban del reconocimiento actual.
Tomás Alonso, vicepresidente de FP Empresa, interpreta el decreto anunciado por el Gobierno para controlar los centros privados de Formación Profesional como una iniciativa orientada a «establecer garantías de calidad en el servicio que se presta al ciudadano», tanto desde el ámbito público como desde el privado. A su juicio, por lo poco avanzado hasta ahora por el Ejecutivo, la norma apuntaría a fijar procedimientos, directrices comunes y una labor de inspección similar a la existente en los centros públicos, sin que ello suponga necesariamente la imposición de trabas adicionales a la iniciativa privada.
Alonso subraya que desde FP Empresa llevan tiempo defendiendo que estas exigencias de calidad deberían venir acompañadas de «ayudas públicas también para los centros privados», especialmente en aquellos sectores con alta inserción laboral pero menor demanda social. Asimismo, comparte la reflexión del Gobierno sobre la necesidad de gestionar el éxito actual de la FP, reforzando la relación con las empresas y orientando mejor a los estudiantes hacia los ciclos con mayor empleabilidad, en particular en el ámbito industrial, donde sigue existiendo un notable desajuste entre oferta formativa y preferencias del alumnado.
Para Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, el verdadero problema no está en la elección de las familias, sino en las políticas públicas. «El debate de fondo es la falta de una apuesta equilibrada por la Formación Profesional concertada», afirma. Mientras los centros públicos amplían su oferta con nuevos ciclos, instalaciones y familias profesionales, los centros concertados se enfrentan a serias dificultades para crecer o adaptarse a la demanda.
Entre los principales obstáculos, Centeno señala la negativa administrativa a autorizar nuevos ciclos, los retrasos burocráticos y unas exigencias de infraestructuras que resultan inviables sin financiación pública. En contraste, la FP privada no concertada —en muchos casos vinculada a universidades privadas o a fondos de inversión— crece impulsada por la alta rentabilidad del sector y por una demanda social cada vez mayor.
Desde Escuelas Católicas concluyen que los datos no avalan la idea de un trasvase generalizado de alumnos desde la enseñanza concertada hacia la privada no concertada. «Las cifras confirman la solidez de la concertada y la confianza de las familias, especialmente en las primeras etapas educativas», destaca Centeno.
El debate, insisten, debe centrarse en la Formación Profesional y en el incumplimiento de la voluntad expresada por el propio Ministerio de Educación de garantizar un desarrollo proporcional de la FP pública y concertada, tal como se anunció con la aprobación de la Ley de FP. En este contexto, Escuelas Católicas recuerda que la LOE establece en su artículo 108 que la enseñanza pública y la concertada prestan conjuntamente el servicio público de la educación, y reclama que las políticas educativas y de financiación sean coherentes con este principio.
