Alumnos de FP realizarán prácticas en los Institutos de Medicina Legal de Castilla y León
El acuerdo, suscrito el 5 de febrero y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece un marco estable de colaboración entre ambas administraciones para reforzar la formación sanitaria y forense de los futuros técnicos del ciclo de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. Los IMLCF de Ávila, Burgos, Segovia, Soria, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora podrán acoger a estudiantes de los centros educativos que lo soliciten, siempre en función de su capacidad y sin interferir en su funcionamiento habitual.
La organización y supervisión de estas instituciones corresponde a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, y entre sus funciones figuran la práctica de pruebas periciales médico-forenses y la actividad docente e investigadora. La Consejería de Educación será la encargada de seleccionar a los estudiantes mediante criterios objetivos como el rendimiento académico, la asistencia a clase, las competencias personales y la proximidad geográfica del domicilio. También designará al profesorado responsable de la tutoría y coordinará con los institutos forenses las condiciones administrativas, académicas y económicas de las estancias.
Sin relación laboral
El convenio deja claro que la relación entre los alumnos y los IMLCF es exclusivamente formativa, sin relación laboral ni derecho a remuneración. Tampoco se reconocerá como mérito para acceder a la función pública ni computará como antigüedad. Las actividades de los estudiantes se limitarán, por regla general, a la observación con fines didácticos en las prácticas de patología forense, sin intervención instrumental, salvo casos excepcionales y bajo supervisión. Al terminar cada estancia, según las mismas fuentes, el responsable del instituto emitirá un informe de rendimiento que será valorado por el centro educativo a efectos académicos.
Los alumnos deberán firmar un documento específico en el que se comprometen a mantener el secreto profesional sobre cualquier información a la que accedan durante las prácticas, incluidas actuaciones judiciales o datos personales vinculados a pericias médico-forenses. La Consejería de Educación asumirá la cobertura de riesgos y responsabilidad civil mediante la póliza correspondiente, y también será la responsable de las obligaciones de Seguridad Social, al actuar como «empresa» a efectos legales. Los IMLCF quedan exentos de estas obligaciones.
El acuerdo tendrá vigencia de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, y podrá cancelarse por incumplimiento, decisión judicial, denuncia expresa o necesidades del Ministerio que impidan continuar el programa. El Ministerio destaca en el convenio que la formación en los institutos forenses será «de gran interés» para preparar a profesionales que en el futuro puedan colaborar con la Administración de Justicia, contribuyendo a una mayor calidad del servicio público.
Por su parte, la Junta considera que este acuerdo reforzará el vínculo entre los centros de FP y las instituciones públicas, en línea con los objetivos de su Plan General de Formación Profesional 2021-2025 y la nueva Ley Orgánica de FP.