Ayuso cesa a su consejero de Educación en plena polémica por su ley de universidades

Se trata del primer cambio en el Consejo de Gobierno de Díaz Ayuso en esta legislatura y, consultadas por los motivos del relevo, fuentes del Ejecutivo autonómico han trasladado a EFE que la presidenta había encargado a Viciana en 2023 «un programa de apoyo, refuerzo y modernización de las universidades madrileñas» que no se había visto cumplido. Por ello ahora Díaz Ayuso «ha decidido dar un nuevo impulso» a la Consejería con el nombramiento de Zarzalejo, cuyo objetivo será «sacar adelante este ambicioso proyecto universitario» que la presidenta madrileña «encargó hace ya más de dos años».

Estas fuentes evitan poner la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) en el centro de ese proyecto, definiéndola como «otra herramienta más que el consejero comenzó a trabajar, pero que tampoco ha fructificado». En cualquier caso, la Lesuc es desde hace meses, y sin haber pasado de la fase de borrador, el foco de las iras de las universidades públicas madrileñas, que se movilizaron durante todo 2025 contra una norma que, denuncian, «perpetúa la infrafinanciación», favorece a las privadas y recorta la autonomía universitaria.

Durante todo el año pasado hubo protestas en las seis universidades públicas madrileñas -Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Politécnica, Carlos III y Alcalá-, culminando con una huelga de dos días en noviembre, y ya se prepara una nueva escalada de protestas. Más allá de la polémica en el ámbito universitario, el paso de Viciana por la Consejería ha incluido numerosas novedades que a menudo han abierto, incluso, debates a escala nacional, como su apuesta por la jornada partida, las restricciones al uso de pantallas en las aulas o la incorporación de los dos primeros cursos de la ESO en numerosos colegios de Educación Infantil y Primaria.

En cuanto a la nueva consejera, empezó la legislatura como diputada del PP en la Asamblea de Madrid y fue la encargada de interrogar a Begoña Gómez en la comisión de investigación sobre su cátedra de la Universidad Complutense. En octubre de 2025 había sido nombrada viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia.

Los sindicatos CCOO y UGT consideran que el cese de Emilio Viciana al frente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades es «una victoria de la movilización» y acogen con desconfianza el nombramiento de Mercedes Zarzalejo. «Si hoy Viciana está fuera de la Consejería, es gracias a la lucha constante en las calles, a las huelgas, a las denuncias judiciales y a los informes rigurosos con los que desde CCOO hemos demostrado su absoluta incapacidad de gestión. Hemos puesto en evidencia que el consejero saliente era un muro contra el que chocaban los derechos de los docentes y las necesidades de las familias», ha señalado la secretaria general de la Federación de Educación de CCOO de Madrid, Aída San Millán.

CCOO ha resaltado que Viciana no ha sido capaz de desarrollar la Ley de Educación Superior, Universidades y Ciencia (LESUC), que ha suscitado movilizaciones de la comunidad universitaria, ni ha cerrado un plan de financiación para las universidades públicas madrileñas, que viven en una situación de «infrafinanciación crónica». La Federación ha acogido con cautela y escepticismo el nuevo nombramiento al considerar que el cambio de personas no implica una modificación de las políticas del Gobierno regional.

«No nos fiamos de nadie que venga de la mano de Ayuso», ha advertido San Millán, quien ha señalado que «los nombres cambian, pero el guión de la Puerta del Sol sigue siendo el mismo: privatización, desmantelamiento de lo público y transferencia de recursos hacia la educación privada-concertada». El sindicado ha subrayado que no habrá «días de cortesía» para la nueva consejera, cuya gestión será vigilada desde el primer minuto.

Las prioridades de CCOO en esta nueva etapa son el blindaje de la Universidad pública; la exigencia inmediata de bajada de ratios, la reducción de la carga lectiva para el profesorado y el fin de la precariedad en las infraestructuras escolares, en la educación no universitaria, así como la denuncia del dinero público «desviado a intereses privados bajo el disfraz de la libertad de elección». «Si la nueva consejera viene a continuar el desguace de la educación pública, nos tendrá enfrente desde hoy mismo», ha avisado San Millán.

El responsable de UGT Servicios Públicos de Madrid Javier Becerra ha opinado que el cambio de titularidad en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades podría motivarse en la tensión vivida en los campus madrileños durante el último año por un proyecto de ley de enseñanzas superiores que no convence a la comunidad universitaria, sumada a la crisis de financiación que ha llevado a algunas universidades a entrar en una quiebra técnica. UGT observará el rumbo que tome la Consejería en adelante, con una postura abierta al diálogo para buscar la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza madrileña.

La Coordinadora de las plataformas de las universidades públicas de Madrid ha calificado este lunes como «un éxito» el cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, pero ha avisado de que mantendrá sus movilizaciones si la ley universitaria autonómica «sigue adelante». «Los cambios que se produzcan en la Consejería nos parecen importantes, pero nosotros no vamos a cambiar nuestras posiciones», ha declarado a Efe la catedrática de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Eva Aladro, una de las portavoces de la Coordinadora.

La Comunidad de Madrid ha anunciado este lunes el nombramiento como consejera de la hasta ahora viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia, Mercedes Zarzalejo, en lo que supone el primer cambio en el Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en lo que va de legislatura. Precisamente el sábado la Coordinadora de docentes y alumnos de las seis universidades públicas de Madrid acordó acometer «acciones de baja, media y alta intensidad», sin descartar una nueva huelga, si el Gobierno de Díaz Ayuso saca adelante la tramitación de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) que «perpetuará su infrafinanciación». Aladro ha afirmado que «es la primera vez que cesan a un consejero de Educación» y lo ha atribuido «en gran medida» a «la presión de las universidades», que se va a mantener porque «la situación es gravísima».

Denunciaban desde la Coordinadora que el último borrador de la Lesuc, elaborado «a espaldas de los rectores», sigue sin detallar cómo será el modelo de financiación pero mantiene la «corresponsabilidad de las universidades» en la obtención de recursos desde fuentes externas, incluida «la creación de fondos de inversión», en un contexto en que la financiación autonómica de las universidades madrileñas está «25 puntos por debajo de la media nacional». «Si la infrafinanciación sigue adelante, nosotros seguiremos en las movilizaciones», ha subrayado este lunes Aladro, quien asegura que «la situación es dramática» y hay que «defender una institución como son las universidades».

La Coordinadora alega que, además de aumentar el «control político» de los Consejos sociales universitarios, la Lesuc incluye un régimen sancionador por realizar protestas o colgar carteles no autorizados con multas de hasta 300.000 euros por infracciones muy graves, 100.000 por las graves y hasta 15.000 euros por las leves, «vulnerando los derechos constitucionales de expresión y reunión», entre otros. Fuentes del Gobierno madrileño han trasladado a Efe que, al poco de ser nombrado, Díaz Ayuso encargó a Viciana «un programa de apoyo, refuerzo y modernización de las universidades madrileñas», uno de cuyos ejes es «el nuevo modelo de financiación de las universidades que se viene trabajando con los rectores».

Y añaden que la presidenta «ha decidido dar un nuevo impulso» a la Consejería con el nombramiento de Zarzalejo, cuyo objetivo será «sacar adelante este ambicioso proyecto universitario» que Díaz Ayuso «encargó hace ya más de dos años». Estas fuentes evitan poner Lesuc en el centro de ese proyecto, definiéndola como «otra herramienta más que el consejero comenzó a trabajar, pero que tampoco ha fructificado».