Castilla-La Mancha establece ratios en escuelas infantiles por debajo de la normativa nacional

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha afirmado en una nota de prensa que las instrucciones de admisión prevén un total de seis niños en el nivel de 0-1 años, cuando el ámbito nacional marca ocho. Del mismo modo, ha indicado que en el nivel de 1-2 años establece 11 niños, frente a los 13 que determina el decreto; y en el nivel de 2-3 años es de 16, frente a los 20 del decreto estatal. Estas plazas se completarán con las reservadas por urgencia social, que serán un mínimo del 6 por ciento y al menos un 5 por ciento para necesidades educativas.

Asimismo, la Consejería ha detallado que será el 27 de febrero cuando cada Delegación provincial, de acuerdo con las escuelas infantiles, determinará las vacantes existentes en cada centro. El Ejecutivo autonómico ha reafirmado su compromiso con la bajada de ratios en todas las etapas educativas y ha destacado el trabajo realizado para crear 3.761 plazas en el Programa de Impulso a la Escolarización de 0-3 años.

Asimismo, ha resaltado que se han invertido más de cuatro millones de euros en actuaciones y equipamientos en 38 escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

No obstante, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado un recurso contra la resolución de la Viceconsejería de Educación publicada este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) por la que se aprueba la ampliación de puestos escolares de las escuelas infantiles de la Junta, lo que supone «un aumento de las ratios sin un refuerzo de personal». En una nota de prensa, CSIF ha señalado que la situación en muchos de estos centros del primer ciclo de Educación Infantil es «insostenible desde hace tiempo» y ha recordado que lleva años denunciando el «abandono» al que están sometidas estas escuelas, debido a «la falta continua de personal de mantenimiento, plantillas insuficientes y una cobertura tardía o inexistente de bajas y vacantes».

El presidente del Sector de Administración General de la comunidad autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, ha asegurado que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes «conoce perfectamente esta realidad y, aun así, decide mirar hacia otro lado». «Lejos de corregir estas carencias, la Administración ha optado por agravarlas», ya que «esta resolución incrementa el número de plazas en todos los centros autonómicos sin negociación alguna con los representantes del personal, sin ampliar ni reforzar las plantillas y en clara contradicción con la reducción progresiva de ratios que se está aplicando en otras etapas educativas», ha añadido.

A su juicio, se trata de «una decisión arbitraria, improvisada y profundamente irresponsable», además de «un ataque directo a la calidad educativa y a la atención que reciben los niños de 0 a 3 años». CSIF ha considerado que no se puede aumentar el número de menores atendidos sin dotar a estos espacios de los recursos humanos necesarios y ha dicho que esta situación afecta a las 38 escuelas infantiles de titularidad regional, donde todos los profesionales tendrán que atender a un mayor número de alumnos.

La Central Sindical ha acudido a la vía judicial, al tiempo que ha exigido «la retirada inmediata de la resolución, la apertura de una negociación real y el refuerzo urgente de las plantillas para garantizar una atención educativa digna y de calidad».

La Plataforma de Auxiliares Técnicos Educativos de Castilla-La Mancha ha exigido este lunes al Gobierno regional adecuar la clasificación profesional de este colectivo a la realidad técnica de las funciones. Según ha informado la plataforma en un comunicado, al que se ha adherido el Sindicato de Trabajadores de Administración y Servicios (STAS), el Ejecutivo autonómico «compromete la calidad educativa al rechazar la titulación técnica para la atención del alumnado vulnerable».

Asimismo, ha criticado que la Junta de Comunidades y el sindicato UGT persisten en mantener este perfil como ‘personal no cualificado’ y la plataforma ha considerado que este decisión «ignora la complejidad de esta labor y compromete la atención especializada que reciben los hijos de cientos de familias en los centros educativos». En este sentido, la plataforma ha advertido que permitir el acceso a estos puestos sin una titulación oficial habilitante «debilita las garantías del sistema educativo», al tiempo que ha afirmado que la atención directa a menores en situación de especial fragilidad «conlleva una responsabilidad ética que exige un perfil acreditado».

La Plataforma ha incidido en que las familias de Castilla-La Mancha tienen derecho a saber que el personal que asiste a sus hijos cuenta con el reconocimiento técnico que su seguridad y bienestar requieren, por lo que la plataforma ha sostenido que «no se puede delegar el apoyo a la inclusión en personal que carezca de la formación técnica exigida por la normativa educativa actual». A su juicio, resulta «contradictorio» que la Administración mantenga una categoría profesional que no valora la competencia técnica necesaria para este desempeño.