El sistema educativo iraní: vanguardia técnica bajo control doctrinal

La jornada escolar en la provincia de Hormozgán, al sur del país, ha quedado marcada hoy por la escalada bélica regional. Informaciones difundidas por medios internacionales apuntan a impactos sobre infraestructuras civiles y, en particular, a un ataque que habría alcanzado una escuela de niñas en Minab, con un balance de víctimas aún sujeto a actualizaciones.

El sistema educativo iraní funciona simbióticamente como motor de capital humano y, al mismo tiempo, como dispositivo de cohesión doctrinal. En ese doble carril —excelencia en ramas STEM y vigilancia ideológica— se juega buena parte de la estabilidad social en un país que atraviesa protestas universitarias, tensión internacional y una creciente presión económica.

En este contexto, conviene mirar más allá del impacto inmediato y atender a la estructura: quién estudia, quién queda fuera, cómo se accede a la universidad y qué margen existe para la libertad de conciencia en la escuela.

La educación en Irán es altamente centralizada, con capacidad para movilizar redes escolares extensas incluso en escenarios de crisis. Los datos sobre cobertura en Primaria suelen situarse en torno al 98%, pero conviven con un fenómeno persistente: la bolsa de menores “fuera de la escuela”, por causas que van desde la pobreza a la distancia geográfica o la movilidad de las familias.

Un indicador especialmente relevante es el recuento de alumnado no escolarizado y abandono. Informes recogidos por fuentes oficiales iraníes y prensa nacional han situado el número de menores fuera del sistema en el entorno de 900.000 a 930.000 en cursos recientes, con descensos leves en tasa de abandono pero mantenimiento del volumen total de no escolarizados.

Las organizaciones de derechos humanos, por su parte, señalan que el seguimiento estadístico está condicionado por restricciones informativas y por el coste social de denunciar. El informe anual 2025 de Human Rights Activists in Iran (HRA) subraya explícitamente límites de acceso y la dificultad de que sus cifras sean una fotografía completa.

La universidad es uno de los grandes ascensores sociales —y también uno de los cuellos de botella— del país. El acceso se articula en torno al Konkur, el examen nacional, anual y altamente competitivo, que determina la entrada a plazas públicas sin matrícula y condiciona itinerarios vitales. Medios iraníes han descrito el Konkur como una prueba de elección múltiple masiva, con participación superior al millón de aspirantes en distintos años.

La presión del examen se amplifica por la desigualdad de preparación: el auge de academias y centros privados refuerza la brecha entre quienes pueden pagar entrenamiento y quienes dependen del circuito público. Ese sesgo se ha discutido incluso en análisis recientes del propio sistema del Konkur y su impacto social.

Frente a la selectividad de la pública, la gran válvula de expansión ha sido la Universidad Islámica Azad, una red privada de enorme tamaño que absorbe parte del “exceso” de demanda. Estimaciones de matrícula sitúan su alumnado por encima del millón de estudiantes, con implantación en múltiples campus y ramas.

Irán no aparece con regularidad en todas las evaluaciones globales más mediáticas, pero sí figura en TIMSS (Matemáticas y Ciencias). En el ciclo 2023, el rendimiento reportado para el país se sitúa por debajo de la media internacional en varias pruebas: por ejemplo, en 4º de Primaria, matemáticas ronda 420 puntos frente a una media de 503; y en 8º, matemáticas aparece en torno a 423 frente a una media de 478, según tablas publicadas en informes nacionales que reproducen resultados TIMSS.

Estas cifras abren dos lecturas: una, la presencia de un ecosistema científico-técnico capaz de sostener titulaciones exigentes; otra, la persistencia de brechas de aprendizaje que el contexto socioeconómico y el modelo pedagógico (frecuentemente memorístico) pueden estar amplificando. En otras palabras, la “vanguardia técnica” convive con fragilidades de base que se notan cuando el sistema se compara en baterías estandarizadas.

Uno de los rasgos estructurales más definitorios es la doctrina como asignatura. La enseñanza religiosa y los marcos normativos islámicos no operan como optativas, sino como parte troncal del currículo, lo que limita la libertad de cátedra y estrecha el margen de debate en materias sensibles (historia, política, ciudadanía).

A ello se suma la segregación por género en buena parte del itinerario escolar, no por elección de las familias sino como imposición del régimen, con impactos en socialización, expectativas y, en ocasiones, orientación académica. El resultado es un modelo donde el Estado conserva la palanca curricular incluso cuando existen redes privadas: se puede pagar más, pero no escapar del marco oficial.

La fotografía de 2026 no se entiende sin las universidades como espacio político. En los últimos días, medios internacionales han informado de presencia policial en campus, paso a docencia online como herramienta de contención y choques con fuerzas vinculadas al Basij, en el marco de protestas estudiantiles reactivadas tras episodios de represión.

En paralelo, persiste la discriminación por motivos religiosos. Una de las expresiones más documentadas afecta a estudiantes baha’ís, a quienes se bloquea el acceso efectivo a la educación superior mediante retención de resultados o impedimentos para seleccionar plaza tras el examen nacional. En septiembre de 2025, medios especializados en derechos humanos informaron de centenares de casos de bloqueo en procesos de admisión universitaria.

Esta combinación —represión del disenso y restricción por identidad— convierte a la escuela en un espacio donde el derecho a la educación queda condicionado por el comportamiento político y por la adscripción religiosa.

Irán ha construido un sistema capaz de sostener masa escolar y un circuito universitario amplio, con herramientas de selección meritocrática y producción técnica en áreas estratégicas. Pero la misma arquitectura que impulsa capital humano también puede operar como filtro ideológico: controla contenidos, restringe el debate y penaliza la diferencia.

En el arranque de 2026, la amenaza sobre la seguridad física de los centros —cuando la guerra se acerca a las aulas— añade una capa dramática: el derecho a aprender no solo depende de la economía o de la ideología, sino de algo todavía más básico, la seguridad cotidiana del alumnado y del profesorado.