La Asamblea rechaza rehacer la ley de universidades para blindar financiación y autonomía
La iniciativa, una proposición no de ley (PNL, no vinculante), alegaba que el anteproyecto de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) cuenta con «el rechazo mayoritario de gobiernos universitarios, órganos colegiados, representaciones estudiantiles y sector académico». Y esgrimía, en concreto, la necesidad de abordar «un debate específico sobre financiación universitaria» con el fin de alcanzar «un marco estable, suficiente y comparable con los estándares nacionales e internacionales», que incluyera además «un plan plurianual de modernización de infraestructuras, investigación y plantilla docente».
A su vez, Más Madrid exigía «garantizar que la futura normativa respete plenamente la autonomía universitaria, el fortalecimiento de los órganos democráticos internos, la representación del estudiantado y la independencia académica». El diputado de Más Madrid Juan Varela ha dicho que los sucesivos borradores de la norma han sido «cada cual más descerebrado», con un «sistemático ataque a la universidad democrática, plural y moderna», y ha defendido la necesidad de elaborar desde cero el texto, cuyo actual «planteamiento de base» es «reaccionario».
En la misma línea, el socialista Esteban Álvarez ha acusado al Ejecutivo autonómico de hacer un borrador para la universidad «sin la universidad» y de no haber hecho un análisis pormenorizado de sus necesidades financieras, en un contexto en que la inversión de Madrid en este ámbito está «25 puntos por debajo de la media nacional». Desde Vox, que se ha abstenido, el diputado José Antonio Fúster ha argumentado que no quiere dejarse llevar por «minorías ideologizadas» que usan la universidad como «espacio de militancia política», pero tampoco dar un voto de confianza al Gobierno tras un proceso «cerrado» y postegrado.
Por último, el diputado del PP Pablo Posse ha afirmado que la Lesuc se está redactando «contando con las opiniones de todo el mundo» y que las críticas proceden de plataformas ligadas a Más Madrid y al sindicato CGT, que quieren «una universidad pública obediente».
En el debate han estado presentes representantes de dichas plataformas, que preparan desde hace un mes un «informe general de inconstitucionalidad» con argumentos que van desde la «instrumentación invasiva» de los Consejos Sociales de las universidades hasta la «privatización gradual encubierta» de sus fondos, pasando por «la penalización por realizar actividades» o el «otorgamiento de poder sancionador» a la Consejería de Educación.