La Complutense aprueba su plan económico con un recorte de 33 millones hasta 2028
Según explica el rector Joaquín Goyache en un comunicado, la universidad cerró 2024 con un déficit presupuestario ajustado de 33,19 millones, lo que hace «necesario poner en marcha medidas para restablecer el equilibrio». Este desequilibrio se debe principalmente a factores estructurales y a una financiación que «no ha crecido al mismo ritmo que lo han hecho los gastos». Entre 2019 y 2024, los ingresos aumentaron un 15%, mientras que el gasto total aumentó un 27%.
Una parte importante corresponde a «gastos sobrevenidos y difícilmente controlables» por la Universidad, como el gasto energético, incrementos salariales, obligaciones legales y mayores costes sociales. Ante ello, se ha diseñado «un plan progresivo» que se aplicará entre 2025 y 2028 y que incluye una serie de «medidas de eficiencia en el gasto, optimización patrimonial e incremento de ingresos propios». También contempla actuaciones asociadas tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios (PTGAS). Todo ello con el compromiso de «preservar la actividad académica, la calidad de la docencia, la investigación y los servicios que sostienen la vida universitaria».
Las medidas propuestas en personal «no pretenden debilitar nuestras estructuras, sino que van enfocadas a una reordenación de las mismas, a través de las jubilaciones previstas, garantizando su sostenibilidad», añade el rector. Se mantiene el programa de estabilización del profesorado PDI y, «en la medida de lo posible, su promoción», mientras se impulsará el rejuvenecimiento del PTGAS, así como «la reducción de la temporalidad, la estabilización y la eficiencia organizativa, salvaguardando la continuidad de los servicios» que sostienen la actividad universitaria. En ambos colectivos, la subida salarial pendiente «se hará efectiva en la nómina» en cuanto reciban la transferencia pendiente de la Comunidad de Madrid, concluye el rector.
El plan se ha aprobado después de que la Comunidad de Madrid concediera un préstamo de casi 34,5 millones de euros, solicitado por la UCM por el que la universidad deberá pagar unos intereses anuales de cerca de 900.000 euros, según dijo en su día el rector.
Comisiones Obreras (CCOO), UGT y CGT han rechazado de forma rotunda el recorte presupuestario de 33 millones de euros aprobado este martes por la Universidad Complutense para paliar su déficit estructural, ya que lo achacan a la «infrafinanciación crónica» por la Comunidad de Madrid. Así lo han expresado tras la aprobación del Plan Económico-Financiero 2025-2028 por el Consejo de gobierno de la Complutense (UCM)- para paliar el déficit estructural y devolver el préstamo de 34,5 millones concedido en octubre por la Comunidad de Madrid.
Para CCOO, se trata de un «plan de supervivencia a costa de la plantilla», que apenas creció un 0,2% en los últimos seis años, aunque los gastos de personal aumentaron por causas externas como pagos a la Seguridad Social e incrementos salariales decretados por el Gobierno. Mientras el gasto de personal creció un 25% en 2019-2024, las transferencias de la Comunidad aumentaron un 12%, indica en un comunicado el responsable de CCOO en la Complutense, Jesús Escribano.
La «congelación de la nominativa de inversiones» desde 2013 y el descenso de ingresos por tasas de matrícula llevaron a la UCM a pedir un préstamo «a la propia Comunidad de Madrid, lo que supone un ejercicio de desfachatez» por parte del gobierno autonómico. Según Escribano, del total de recortes el 83% recaerá sobre la plantilla, tanto docente (PDI) como personal técnico y de administración (PTGAS), que «no es responsable» de esta situación, mediante jubilaciones sin reposición, aumento de carga docente, retraso en promociones y subidas salariales. También se recortará un 35% la financiación de facultades y departamentos, según Escribano que reprocha «la ausencia de crítica» del rector a las políticas presupuestarias de la Comunidad, y le reclama «mayor firmeza».
Para UGT, la universidad «carga la responsabilidad de su crisis presupuestaria sobre sus trabajadoras», y el equipo rectoral «entra en el juego de quiénes son autores de la situación que se vive en Ciudad Universitaria», indica su secretario general de Educación Javier Becerra. «No tiene ningún tipo de justificación» que en una de las regiones más ricas de Europa la administración autonómica obligue a aplicar estos recortes y que «el propio equipo de Gobierno de la Universidad no haya retirado la votación de este plan a la espera de conocer la intención» de la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. La Complutense ya soporta «un plan de ajuste superior al 30% desde hace más de dos años y que, lejos de resolver el problema, vemos que cada día se acentúa más», según Becerra.
Por su parte, UGT Servicios Públicos Madrid considera que la crisis de la Complutense se soluciona con «una financiación justa, adecuada y estable, no con planes de recortes que inciden de manera directa en su personal». Según la CGT, mientras ha estallado la crisis en el Gobierno de la Comunidad, «hoy en la Complutense se ha aprobado el plan de recortes impuesto por la presidenta Díaz Ayuso, que supone un ataque completamente injustificado» a la educación pública madrileña.
La mejor manera de «revertir este ataque, no es agachar la cabeza frente a Ayuso como ha hecho nuestro rector Joaquín goyache, sino seguir movilizándonos por el derecho a la universidad pública», según Laura Birgilitto, responsable de la CGT en la Complutense.