La nueva Ley de Educación de Asturias pondrá el foco en la protección del profesorado
La consejera recuerda que ya existe una ley específica vigente desde 2013 y un decreto del año 2019 que concede presunción de veracidad al docente.
«Esa ley será el paraguas normativo o marco legal que desarrollará, adaptará y concretará las directrices básicas a la realidad específica de nuestra comunidad», ha señalado la titular de Educación en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta de la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé. La consejera ha recordado que el Principado ya cuenta desde 2013 con una ley de autoridad del profesorado, de aplicación en todos los centros sostenidos con fondos públicos, «que le reconoce el derecho al respeto y la consideración por parte de los miembros de la comunidad educativa, y asigna tareas al respecto a familias, alumnado y administración».
Asimismo, en 2019 se publicó la modificación del decreto de derechos y deberes del alumnado en el Principado que, entre otros aspectos, se adaptaba a la citada ley de 2013 de autoridad del profesorado. Además de establecer sus competencias frente a la vulneración de las normas de convivencia y las medidas disciplinarias aplicables, otorga al docente la presunción de veracidad ante cualquier conducta grave contra su autoridad. Por lo tanto, según ha dicho Ledo, con ese marco normativo ya existente en el Principado, la futura Ley de Educación supondrá «el escenario adecuado para proteger y potenciar la labor del docente frente a conductas disruptivas».
Ledo ha enumerado las diferentes iniciativas impulsadas por el Gobierno del Principado para mejorar la calidad educativa, la convivencia en las aulas y la prevención de conflictos. Dentro del pacto Asturias Educa, ha resaltado figura la reducción progresiva de la ratio a 23 alumnos por clase, que llegará a la etapa de Secundaria en el curso 2027-28. Otras medidas son el refuerzo del número de especialistas en atención a la diversidad y la reducción de la carga burocrática, «lo que va a mejorar la calidad educativa y aliviar la presión al profesorado, que se podrá centrar en la enseñanza».
También ha comentado que todos los centros deben tener planes de prevención del acoso, o que el plan bienal de actuación del Servicio de Inspección Educativa dedica un apartado a la gestión del bienestar emocional del profesorado y del alumnado, y a las herramientas para la resolución de conflictos. Por tercer año consecutivo la consejería mantiene un acuerdo con el Colegio Oficial de Psicología para ofrecer un teléfono de atención directa para situaciones de crisis y formación para profesorado y familias.
Además, el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado 2025-26 contiene un eje centrado en el bienestar emocional de toda la comunidad educativa, incluido el profesorado. «Se trata de dotar a nuestros docentes de herramientas que les permitan impulsar entornos educativos que favorezcan el bienestar emocional y la salud mental, a través de la prevención, la detección de necesidades y la intervención», ha apuntado.