Nuevo real decreto de Inspección Educativa: refuerzo funcional sin mejora retributiva
La aprobación del nuevo real decreto que regula la Inspección Educativa ha sido recibida con una valoración matizada por parte del sindicato de inspectores USIE. Su presidente, Jesús Marrodán, subraya que se trata de un texto largamente esperado y necesario para articular de forma coherente la inspección en el conjunto del sistema educativo, pero advierte de carencias relevantes que dejan un sabor agridulce en el colectivo.
Marrodán señala que, a falta de un análisis detallado del texto completo, una primera lectura permite afirmar que el decreto responde a una demanda histórica. Dotar a la Inspección Educativa de un marco normativo único y actualizado. No en vano, la nueva norma deroga el Real Decreto 2193/1995 y regula de manera global aspectos clave como las funciones inspectoras, el acceso al cuerpo, la formación, la evaluación y el desarrollo profesional.
Desde USIE se valora especialmente el refuerzo de las funciones de asesoramiento y orientación a los equipos directivos y a la comunidad educativa. Así como el reconocimiento explícito de la independencia en el criterio técnico de la inspección, la transparencia en sus actuaciones y la defensa del interés superior del menor. Para el sindicato, estos principios son esenciales para garantizar una inspección eficaz y profesional, acorde con las exigencias actuales del sistema educativo.
También se aprecia como un avance la actualización del sistema de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. Mediante un proceso de concurso-oposición de carácter competencial, con pruebas orientadas a asegurar un conocimiento amplio y transversal del sistema educativo y de las técnicas propias de la función inspectora.
Sin embargo, la principal decepción para el colectivo inspector se sitúa en el ámbito retributivo. Marrodán lamenta que la reivindicación más relevante del cuerpo, el reconocimiento del nivel 28, no haya sido asumida por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Aunque el decreto reconoce las especiales atribuciones y superiores exigencias del cuerpo y abre la puerta a una armonización por parte de las comunidades autónomas, no establece una obligación clara al respecto.
A juicio de USIE, esta formulación deja la cuestión salarial en manos de las administraciones autonómicas sin garantizar una mejora efectiva. Lo que supone, en palabras de su presidente, una «decepción total» y una falta de compromiso por parte del Ministerio, que «no se ha querido mojar en absoluto» en este aspecto.
En conclusión, el sindicato considera que el nuevo real decreto era imprescindible y supone un avance en la ordenación y reconocimiento profesional de la Inspección Educativa. Pero entiende que pierde una oportunidad clave para resolver una reivindicación histórica del colectivo. Un texto necesario, sí, pero insuficiente en algunos de sus extremos.