Piden explicaciones a la Junta de Andalucía por una supuesta cesión de datos de escolares a Google

Según una información publicada en El País, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha amonestado a la Consejería con seis sanciones, de las cuales dos de ellas de carácter muy grave, aunque sin imponerle una sanción económica al entender que un convenio suscrito con Google ha incumplido varios artículos del Reglamento General de Protección de Datos europeo. En virtud de dicho convenio, los datos privados de más de 738.000 estudiantes y 43.200 profesores de 2.676 centros educativos de la comunidad se han cedido a la multinacional tecnológica a cambio de poder disponer de su plataforma educativa virtual Workplace for Education.

Sin embargo, desde el departamento regional han rechazado que se hayan cedido datos de alumnado y profesorado a Google, sino que el Consejo señaló la necesidad de establecer medidas más claras a la hora de informar a los usuarios y de formación docente sobre la creación de estas cuentas y la explicación del tratamiento de sus datos. Desde la Consejería se elaboró un plan de acción con las medidas que se han puesto en marcha para responder a los requerimientos del Consejo.

«La Consejería garantiza que no ha existido vulneración de la protección de los datos de los miembros de la comunidad educativa de Andalucía», ha defendido el departamento antes de aclarar que todas las cuentas creadas lo fueron anónimamente y que Google «nunca ha tenido acceso a contraseñas ni ha podido usar los datos para fines comerciales». Y en este sentido, ha recordado que otras comunidades como Cataluña, País Vasco, Navarra, Madrid, Extremadura, Canarias o Baleares también han suscrito acuerdos con la gigante tecnológica como este.

Pese a estas explicaciones, tanto PSOE como Por Andalucía han exigido a la Junta que informe de manera «clara y detallada» sobre estos hechos y el alcance que hayan podido tener en el sistema educativo. En un comunicado, los socialistas han recordado a la Consejería que la educación pública «no puede servir de excusa para comprometer la privacidad de nuestros menores». Y han demandado «retirar de inmediato el convenio con esta empresa, suspender su aplicación en todos los centros educativos andaluces y garantizar que ninguna empresa privada tenga acceso a datos personales sensibles sin garantías reales de protección».

Por su parte, el candidato a la Junta por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado que la formación va a presentar una batería de medidas en el Parlamento regional para que se aclare qué ha ocurrido, ya que les parece un asunto «de extrema gravedad».