Docentes denuncian ante el Parlament agravio salarial respecto a otros funcionarios
En una protesta ante la cámara legislativa, han leído un manifiesto en el que critican la decisión de cambiar la fecha de las oposiciones de 2026, que tildan de «la gota que ha colmado el vaso, por la falta de negociación de la Conselleria de Educación y porque el conseller Antoni Vera «no dijo la verdad en la comparecencia en el Parlament». Una de las causas del malestar es la no aplicación en toda su extensión de la acuerdo de mejora de la enseñanza pública de 2023, del que está pendiente la reducción de las ratios, que también está recogida en al Ley de Educación de Baleares.
Los docentes han reivindicado ligar las ratios al Plan de infraestructuras educativas 2023-2027, con el objetivo de reducir el número de alumnos. Sobre la puesta en marcha de la carrera profesional, denuncian que ha quedado muy lejos del Acuerdo de mejora, con cantidades que quedan muy por debajo de lo que cobran otros sectores de la Administración autonómica.
La Junta de Personal Docente no Universitario de Mallorca ha comparado la masa salarial de 30 años de trabajo de una persona de sanidad, función pública y educación, y calculan que un docente percibe 565.700 euros menos de retribuciones. «Es evidente que los docentes sufrimos una grave discriminación salarial respecto al resto de funcionarios», denuncian. También se oponen al plan de libre elección de lengua y piden su retirada porque no lo apoya ningún agente social y porque «se ha convertido en mecanismo de financiación de la escuela concertada».
Por lo que respecta a la normalización del catalán, la Junta exige la puesta en marcha urgente del punto 30 del Acuerdo sobre medidas sociolaborales y mejoras educativas de 2023, de un plan de choque de medidas socioeducativas para promover un mayor uso de la lengua catalana en los centros educativos. Quedan pendientes también otras cuestiones como la reducción de la burocracia, que alarga las jornadas de trabajo de los docentes, y el plan de climatización, con situaciones extremas de frío y calor; a mejora del fondo social, el año sabático retribuido, la revisión de la función tutorial, la regulación de los permisos retribuidos por asuntos propios y de los permisos sin retribución.
La junta expresa en el manifiesto leído este martes su disconformidad con la política educativa del PP y sus «pasos cada vez más firmes hacia la privatización». Defienden la escuela pública como elemento de cohesión social y rechazan la reducción de las zonas de escolarización en Palma, porque consideran que supondrán un aumento de la segregación escolar.