La Comunidad nombra nuevos directores generales de Educación y Universidades

Después de la crisis derivada del cese del consejero de Educación Emilio Viciana, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha procedido a los nombramientos de nuevos directores generales: el BOCM de hoy publica los nombramientos como directora general de Universidades a María de los Ángeles Fernández de Sevilla; director general de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial a Jesús Manso y director general de Educación Infantil, Primaria y Especial a José Ignacio Martín Blasco.

Jesús Manso ha sido profesor Titular de Universidad en el Departamento de Pedagogía en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Doctor Europeo en Educación (Premio Nacional Pedro Roselló de la Sociedad Española de Educación Comparada – Ayuda de Formación del Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación), Máster de Mejora y Calidad de la Educación (Ayuda al Programa de Estudios de Postgrado de la UAM), licenciado en Psicopedagogía (Premio Nacional a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario del Ministerio de Educación) y diplomado en Magisterio en la especialidad de Educación Especial (Beca de Excelencia de la Comunidad de Madrid). Desde noviembre de 2021 hasta el año 2025 fue decano de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM.

José Ignacio Martín Blasco ha sido director del Colegio Cambrils, colegio de Educación Especial perteneciente a la Red Educativa Arenales. En años anteriores ya se había sido director general de Educación Infantil, Primaria y Especial y fue viceconsejero de Política Educativa en la Consejería de Educación en la Comunidad de Madrid. Es maestro en Pedagogía Terapéutica y lleva muy vinculado al trabajo con personas con discapacidad desde su juventud, con una amplia experiencia profesional en el ámbito social y educativo, tanto en centros ordinarios como de educación especial. También ha sido profesor en la Universidad Villanueva formando a los futuros maestros en atención a la diversidad.

María de los Ángeles Fernández de Sevilla es profesora titular de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y en los últimos años ha sido directora de Calidad de la Universidad de Alcalá.

A partir de ahora será la responsable, entre otras competencias, de la planificación y ejecución de la política de educación superior madrileña, la propuesta implantación de nuevas enseñanzas universitarias oficiales o la coordinación de actividades de educación superior en el territorio madrileño. 

Así mismo, el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, ha defendido el acuerdo «histórico» de financiación que el Gobierno regional ha sellado con los rectores de las universidades públicas, frente al rechazo de la izquierda y las plataformas que agrupan a estudiantes, profesorado y trabajadores de estas instituciones. En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, García Martín ha subrayado que el acuerdo es «una muy buena noticia» para el sistema público universitario, los estudiantes y los profesores, ya que se establece un nuevo modelo de financiación plurianual, con más de 14.800 millones de 2026 hasta 2031, que tendrá efectos desde el 1 de enero de este año.

García Martín ha explicado que la mayoría de los recursos de los que dispondrán las universidades provendrán de los ingresos que facilita la Comunidad de Madrid, en concreto, el 83%, de los presupuestos generales autonómicos y las tasas de las matriculas, y contarán con unos fondos específicos para modernización de infraestructuras que crecerán un 41 % en seis años, diseñados para este nuevo modelo de financiación. En esta línea, ha señalado que las seis universidades públicas madrileñas contarán con alrededor de 2.500 millones de euros de media anuales, superiores a los 1.239 millones presupuestados para 2026, que los rectores consideraban «insuficiente».

Sobre las críticas a que parte de esa financiación provenga de las tasas de las matrículas, García Martín ha respondido que las universidades también contarán con distintos fondos, algunos de ellos extraordinarios, como el de competitividad y otro ligado a la actividad de las propias universidades a través de contratos que puedan tener con el sector privado, de fondos europeos o de otras administraciones públicas que también pueden colaborar en su financiación.

Para García Martín, la izquierda y las plataformas rechazan el acuerdo con los rectores porque ya tenían preparada «la pancarta», y se ha preguntado «de qué sirven» cuando no son capaces de reconocer «una buena medida para el conjunto de la sociedad madrileña». «No dejemos que una buena noticia, que algo que es muy positivo para las universidades y para la región, te pueda hacer caer una pancarta que ya tenía previamente redactada», ha afirmado el portavoz, que ha apuntado que a la izquierda «no quiere que le vaya bien a la Comunidad de Madrid».

Y ha considerado «muy positivo» que el nuevo modelo atienda las necesidades y singularidades de cada una de las universidades, que son «muy distintas y son diferentes». Por ello, ha pedido tanto a los grupos de la oposición como a las plataformas que pongan «en valor» el acuerdo que celebran los rectores, al tiempo que se ha abierto a sumar las propuestas que puedan hacer.

Preguntado por la rapidez con la que nueva consejera de Educación ha llegado a un acuerdo con los rectores, en solo quince días frente a su predecesor Emilio Viciana, que no fue capaz de alcanzarlo en varios meses de negociaciones, el portavoz ha comentado que el nuevo equipo ha retomado el trabajo ya realizado por el anterior.

Las plataformas ‘Por la Pública’ de las seis universidades aseguran que «mantienen su hoja de ruta» para alcanzar una financiación justa, ya que el acuerdo firmado este martes por los rectores con la presidenta Díaz Ayuso consolida «la asfixia económica a seis años vista». Aunque la presidenta regional «escenifique una tregua con los rectores, la paz con las universidades sigue lejos de conseguirse», afirman en un comunicado en el que tildan como un «teatro bochornoso» el acuerdo de ayer, con el que buscan «engañar» a la comunidad universitaria con «abultadísimas cifras».

El dato clave es que «la inversión universitaria seguirá en torno al 0,4% y el 0,45% del PIB regional, muy lejos del 1% del PIB» que recoge la LOSU y, aunque la financiación pública aumenta en términos absolutos, «en términos relativos al crecimiento esperado de la economía esto supone un estancamiento claro, que además se cronifica a seis años vista». El modelo de financiación firmado ayer, que supondrá una inversión de 14.800 millones en el periodo 2026-2031, además de presentar globalmente «los datos a seis años para el conjunto de las universidades», incluye como si fuese “inversión pública de la Comunidad de Madrid lo que son ingresos por otros conceptos» como los precios de las tasas de matrícula.

En la reunión de las plataformas con los rectores de la Cruma, «constatamos que éstos se niegan a compartir el Acuerdo que han firmado con la comunidad universitaria, una prueba evidente de la desconfianza que nos produce este acuerdo». Las cifras anunciadas «no permitirán paliar el déficit acumulado de años anteriores, ni garantizan una financiación estructural suficiente para cumplir con objetivos mínimos», por lo cual los recortes que ya se han comenzado a implementar en algunas universidades «se van a seguir aplicando durante los próximos años».

Si no hay un incremento «mucho mayor de la transferencia nominativa» de Comunidad de Madrid, «no queda otra alternativa que recortar gastos» (principalmente de personal), pedir prestado, o suspender pagos. Por tanto, este plan de financiación «consolida la implementación de recortes para los próximos años, que solo pueden revertirse con una mayor financiación pública».

Recuerdan que «solo con las movilizaciones del año 2025 hemos provocado una crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la paralización temporal de la LESUC y hemos demostrado que el castillo de Ayuso no es inexpugnable». Ahora pretenden «atajar la crisis y desmovilizarnos con un cambio de consejera y una burda escenificación. Pero la asfixia sigue sin revertirse en sus tendencias fundamentales», según las plataformas que seguirán con su «hoja de ruta».

Para ello, convocarán asambleas con estudiantes, personal, profesorado y «el resto de la sociedad para decidir desde las bases cómo continuar», añaden las plataformas que valorarán «las victorias parciales que han conseguido y los objetivos que aún no se han cumplido». Firman el comunicado conjunto, titulado «Crónica de una estafa anunciada», las plataformas de la Rey Juan Carlos, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Complutense y Carlos III.

El sindicato CSIF ha valorado positivamente el acuerdo de financiación de las universidades públicas con la Comunidad de Madrid, firmado este martes por la presidenta Díaz Ayuso y los seis rectores madrileños, y pide que se traduzca «en mejoras reales para el personal y la calidad del sistema». Este acuerdo de financiación plurianual es «un paso importante para reforzar la estabilidad financiera del sistema universitario público madrileño», una reivindicación histórica de las universidades, del personal que trabaja en ellas y de la comunidad educativa en su conjunto, indica en un comunicado la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).

Sin embargo, «el verdadero alcance de este acuerdo se medirá por su aplicación real y por su capacidad para mejorar las condiciones de trabajo del personal» docente e investigador (PDI) y del personal técnico, de gestión, administración y servicios (PTGAS), así como por su impacto en la calidad de la docencia y de la investigación. La existencia de un marco de financiación estable permite «planificar a medio y largo plazo» la actividad docente, investigadora y de transferencia de conocimiento, pilares fundamentales del sistema universitario público.

Cualquier avance que contribuya a fortalecer la educación pública universitaria es «una buena noticia», ya que las universidades madrileñas desempeñan un papel esencial en la formación de miles de estudiantes, en la generación de conocimiento y en el desarrollo económico y social de la región.

CSIF Madrid recuerda que las universidades públicas arrastran desde hace años «problemas estructurales, entre ellos el déficit de financiación acumulado, el envejecimiento de plantillas, la elevada temporalidad en el personal docente e investigador», la necesidad de reforzar el personal técnico y de administración, además de limitaciones en infraestructuras y recursos para investigación. Por ello, resulta «imprescindible que el nuevo modelo de financiación se traduzca en un refuerzo real de plantillas», estabilidad laboral, mejora de las condiciones profesionales y mayor inversión en investigación y transferencia de conocimiento.

El sindicato también reclama que el desarrollo del acuerdo se realice con «transparencia y con participación de los representantes de los trabajadores», garantizando que las medidas adoptadas contribuyan a fortalecer el servicio público universitario. CSIF Madrid se mantendrá «vigilante para que los compromisos adquiridos se cumplan» y para que el incremento de financiación anunciado tenga un impacto directo en la mejora de la educación superior pública y en las condiciones laborales de quienes la hacen posible cada día.

El sindicato reafirma su compromiso con la defensa de la universidad pública madrileña, con una financiación suficiente, estable y orientada a garantizar la calidad educativa, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento profesional del personal universitario.

Por su parte, los sindicatos UGT, CCOO y CGT han opinado que el acuerdo no soluciona «nada» al no haber «ningún avance real» y quedarse «muy lejos» del 1 % del PIB, y han lamentado que haya habido una negociación «opaca» en la que los rectores han actuado como si fueran «entes independientes de la comunidad universitaria».