La Fundación Fusara cumple un siglo al servicio de la infancia más vulnerable
Luana, a la que todos llaman Lu, llegó desde Perú y lleva ya cuatro cursos en la residencia. Ahora es ella la que acompaña a las niñas que llegan nuevas, ayudándolas a integrarse.
La conversación telefónica con Luana, a la que todos llaman Lu, fue de esas que dejan huella. A sus 13 años, su voz transmite una serenidad poco común y una gratitud que se percibe incluso al otro lado del teléfono. Habla con naturalidad, pero también con emoción, como una niña feliz y agradecida a la vida, agradecida por el lugar en el que está y por las personas que la rodean. Llegó desde Perú y lleva ya cuatro cursos en la residencia, donde su día a día tiene una cadencia pensada para que crecer sea también aprender a convivir.
Cuenta que por la mañana les despiertan con música; que después llegan el colegio, la merienda, el patio, el estudio y las actividades. Los lunes tienen tutoría personal con la educadora; los martes, deporte; los miércoles, PAD o Tribunal de Convivencia; los jueves, películas o manualidades. Todo responde a una idea clara: ofrecer un entorno estable, donde cada gesto ayude a reforzar la autonomía, la convivencia y la madurez emocional.
Lu describe su primer día con una sinceridad que desarma: estaba triste, se sentó en la cama con ganas de llorar y, sin embargo, tanto una educadora como sus compañeras estuvieron pendientes de ella desde el principio. Con el tiempo, dice, dejó de sentirse sola y empezó a reconocerse en los pequeños gestos del grupo: ayudar a las más pequeñas, leerles cuentos o peinarlas antes de dormir cuando hace falta. Ahora es ella la que acompaña a las niñas que llegan nuevas, ayudándolas a integrarse para que no pasen mal las primeras semanas, del mismo modo que la ayudaron a ella cuando llegó. En esa cadena silenciosa de cuidado, en esa manera de ser acogida y después acoger, se resume buena parte del valor educativo de la residencia.
Bel, de 14 años, lo explica con una imagen sencilla y poderosa: la residencia es una «familia muy grande». Llegó a España desde Perú cuando tenía 9 años, después de que sus padres emigraran en busca de seguridad y de un futuro mejor para sus hijas. Recuerda la primera noche con agobio, con esa mezcla de miedo y desarraigo que acompaña a los comienzos difíciles. Pero también recuerda cómo enseguida sintió el apoyo de las demás niñas y de las educadoras, que la ayudaron a entender las rutinas y a no sentirse extraña.
«Aprendí a cuidar yo también a las más pequeñas», cuenta, hasta sentir que tenía «muchas hermanitas chiquitas». Sus dos hermanas menores comparten hoy con ella ese mismo hogar entre semana, y eso ha reforzado un vínculo familiar que antes parecía amenazado por la distancia y la incertidumbre.
Su relato contiene la verdad de lo que ocurre en estos lugares cuando funcionan bien: no solo se protege, también se repara la confianza. Bel habla de turnos de limpieza y de orden «no porque sí, sino para hacer la vida más agradable a las demás». Habla del estudio como una rutina exigente, pero útil, porque le permite sacar adelante las materias y pensar en un futuro con más opciones. Habla de educadoras que «nos enseñan a organizarnos y a aprovechar el tiempo». Y habla, sobre todo, de una disciplina «con amor», expresión que quizá resume mejor que ninguna otra el tipo de autoridad que la fundación ha sabido sostener durante décadas: firme, cercana y orientada siempre al bien de la menor.
La transformación que propicia la fundación no termina al salir de sus centros. Elena García, antigua residente de San Ramón y San Antonio, estuvo allí entre los 12 y los 18 años. Hoy trabaja en el sector aeronáutico, como ingeniera de sistemas en el diseño de nuevos aviones, tras haberse graduado con brillantez universitaria. Cuando habla de su paso por la residencia, se muestra enormemente agradecida y recuerda las horas de estudio, la disciplina y los valores recibidos, pero también la sensación de haber vivido en un entorno que le exigía mucho porque confiaba en ella.
«Sin lugar a dudas, una de las mejores épocas de mi vida», asegura. Y añade algo revelador: compartir el día a día con las amigas, dormir juntas, estudiar juntas, crecer juntas. La exigencia académica no anuló el afecto; al contrario, fue posible gracias a ese clima de cuidado.
Elena reconoce además que, cuando llegaron ella y sus hermanas, llevaban una vida bastante desordenada y loca, «lo típico de los adolescentes». Sin embargo, en menos de un año en la residencia ya se centraron. No sabe qué hubiera sido de ella sin su paso por la residencia y, entre risas, cuenta que era su hermana la que estaba más gamberra. Lo que en la adolescencia parecía a veces una rutina dura terminó siendo una estructura imprescindible para construir su futuro.
En el colegio descubrió su pasión por la química, y en la residencia encontró la constancia necesaria para convertir esa pasión en una profesión. Hay en su recorrido una lección importante para el debate educativo actual: el talento necesita esfuerzo, sí, pero también necesita entornos estables que lo hagan posible.
Otro testimonio elocuente es el de Julia Fuentes, que pasó por Santamarca y después por San Ramón. Su itinerario posterior habla por sí solo: doble grado en Criminología y Trabajo Social, experiencia laboral en una startup, un segundo grado en Psicología compatibilizado con el trabajo y, en la actualidad, responsabilidades de dirección de equipos en el ámbito de la ayuda a domicilio. Historias así muestran que el impacto de la fundación no se mide solo en expedientes o promociones, sino en trayectorias de movilidad social y en mujeres jóvenes que han logrado construir un proyecto propio desde contextos complejos.
También las familias ponen palabras a lo que significa sentirse acompañadas. María Julia Ávalos, madre de residentes, expresa una gratitud que va más allá del agradecimiento formal. Habla de dedicación, de cariño, de paciencia, de profesionalidad. Habla de un equipo que ha estado de punta a punta en los momentos más difíciles y que ha sabido responder cuando la preocupación familiar era más intensa. Y habla de algo que toda institución educativa debería aspirar a escuchar alguna vez: que gracias a ese apoyo sus hijas han podido crecer como personas de bien. En tiempos marcados por la desconfianza hacia tantas organizaciones, testimonios así recuerdan que la credibilidad sigue naciendo del trabajo bien hecho y de la presencia constante.
La directora del colegio subraya que esa misma lógica atraviesa toda la vida educativa del centro. Explica que el proyecto solo funciona cuando conviven la exigencia académica, la atención personal y una mirada capaz de detectar qué necesita cada alumna para avanzar. No se trata únicamente de enseñar contenidos, sino de acompañar procesos, sostener hábitos y crear un clima en el que estudiar tenga sentido. Esa es, añade, una de las mayores fortalezas de la fundación: convertir la escuela en un espacio de confianza donde cada niña puede sentirse vista, escuchada y capaz.
Su historia comienza mucho antes de que existiera la sigla que hoy la identifica. En 1907, Carlota Santamarca y Donato, condesa de Santamarca, impulsó la Fundación Santamarca. En 1925, Antonia González Pérez creó la Fundación San Ramón y San Antonio. Dos iniciativas nacidas desde la sociedad civil, dos mujeres con una mirada clara sobre la infancia y la formación, y un mismo deseo de servicio que terminó confluyendo en 2008, cuando ambos patronatos unieron sus trayectorias para fortalecer un proyecto común. Esa continuidad entre pasado y presente es, probablemente, una de las claves de su legado institucional.
Hoy la fundación desarrolla su labor a través de dos colegios concertados, el Colegio Santamarca y el Colegio San Ramón y San Antonio, y de dos residencias de menores que atienden cada año a más de un centenar de niñas y adolescentes de entre 3 y 18 años en situaciones de vulnerabilidad social o económica. En un momento en el que tantas veces se habla de equidad en términos abstractos, la entidad la traduce en algo muy concreto: alojamiento, manutención, apoyo educativo, seguimiento personal y una red de adultos que no reemplaza a la familia, pero sí la acompaña para que ninguna menor quede sola ante la dificultad.
Madrid ha cambiado mucho en este siglo, pero no han desaparecido las desigualdades de origen. Siguen existiendo familias atravesadas por la precariedad, la migración, la soledad o la imposibilidad de conciliar trabajo y crianza. En ese punto exacto, donde el sistema muchas veces llega tarde o solo actúa cuando el problema se ha agravado, la fundación ofrece un recurso preventivo y profundamente humano. No adoctrina: educa. No infantiliza: acompaña. No se limita a custodiar: ayuda a pensar, a expresarse, a adquirir hábitos, a descubrir talentos y a crecer con un sentido de dignidad personal.
La misión se percibe con especial nitidez en la residencia de San Ramón y San Antonio, dirigida por Paula Fuertes. Allí, explica, llegan sobre todo niñas de familias migrantes que atraviesan contextos de vulnerabilidad social y necesitan un apoyo estable para poder salir adelante. Son madres y padres que trabajan, que quieren cuidar a sus hijas, pero que a menudo viven en habitaciones compartidas, en infraviviendas o en condiciones que hacen muy difícil la conciliación. La residencia funciona, en ese sentido, como un espacio decisivo: una ayuda anterior a la ruptura, un lugar donde la protección y la educación actúan juntas para evitar males mayores.
En la práctica, esa ayuda tiene el rostro cotidiano de una vida ordenada. Las menores están en la residencia de lunes a viernes. Se levantan, desayunan, van al colegio, meriendan, juegan al aire libre o hacen deporte, estudian durante unas dos horas y participan en actividades orientadas a fortalecer habilidades emocionales y sociales. No son añadidos ornamentales. Son herramientas para la vida: tutorías personales, espacios de encuentro, juegos de rol, escucha activa, empatía, asertividad o el llamado Tribunal de Convivencia, donde los conflictos se hablan y se resuelven en grupo. Hay una pedagogía de la convivencia en cada gesto, una enseñanza constante de que vivir con otros exige respeto mutuo y responsabilidad.
La celebración del centenario quiere estar a la altura de esa historia. Para conmemorar los cien años, la fundación abrirá al público una exposición que permitirá recorrer su patrimonio artístico, entre el que destacan seis obras de Goya donadas por las fundadoras. No será solo una muestra de piezas valiosas, sino también un modo de recordar que en este proyecto la educación, la acogida y la cultura forman parte de una misma idea de servicio. La institución no entiende el patrimonio como algo decorativo, sino como una herencia compartida que también puede educar la mirada.
A ello se sumarán una representación teatral de época en los colegios, centrada en la historia de las fundadoras y en el origen de la fundación, además de actividades para alumnado, profesorado y familias. La celebración, por tanto, no mira únicamente hacia atrás. Busca reforzar el sentido de pertenencia de quienes forman hoy la comunidad educativa y transmitir a las nuevas generaciones que los proyectos duraderos se construyen con memoria y propósito.
Tal vez lo más admirable de esta institución sea que, cien años después, sigue sabiendo dónde está lo importante. No en los discursos, sino en las personas. En la niña que llega asustada y termina sintiéndose parte de un grupo. En la adolescente que descubre que puede estudiar, organizarse y aspirar a una carrera universitaria. En la familia que encuentra un apoyo antes de que la situación se rompa. En la educadora que escucha. En la directora que coordina. En el personal que limpia, cocina o acompaña con la misma conciencia de formar parte de una misión compartida.
En un tiempo educativo a menudo dominado por la prisa, la burocracia o el debate ideológico, la fundación recuerda algo elemental: que educar consiste también en estar al lado. En ofrecer estabilidad donde hay incertidumbre. En exigir con cariño. En sostener hábitos. En abrir horizontes. Y en creer, incluso cuando todo alrededor parece empujar en sentido contrario, que cada niño y cada joven merecen una oportunidad real.
No es casual que esa convicción conecte con debates muy presentes hoy en la educación, como el acompañamiento al alumnado vulnerable o la creciente preocupación por el bienestar emocional en los centros, una cuestión sobre la que Magisterio viene insistiendo desde hace tiempo, también en reflexiones como «lo importante no es el yo, son los otros». La fundación lleva un siglo practicando, con discreción y constancia, esa misma filosofía: hacer comunidad para que nadie quede atrás.
La fundación afronta ahora su segundo siglo con la misma certeza que inspiró sus orígenes: que la educación sigue siendo la mejor herramienta para generar oportunidades, cohesión social y futuro compartido. Sus colegios, residencias y proyectos culturales no son piezas aisladas, sino partes de un ecosistema orientado al desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, especialmente de quienes parten con más dificultades.
Celebrar un centenario puede ser un ejercicio de nostalgia o una afirmación de responsabilidad. En este caso parece ser, sobre todo, lo segundo. Porque honrar el pasado aquí no consiste en mirar una fotografía antigua, sino en renovar cada día un compromiso muy actual: poner todos los recursos, materiales y humanos, al servicio del bien común. Y hacerlo con una mezcla poco frecuente de tradición, exigencia, ternura y sentido institucional.
Cien años después, el legado de la fundación no cabe solo en una fecha. Cabe en miles de historias. En niñas que encontraron un hogar entre semana y un rumbo para toda la vida. En familias que respiraron aliviadas. En profesionales que aprendieron allí a ser dueñas de su futuro. Y en una ciudad, Madrid, que sería un poco peor sin instituciones capaces de recordar, generación tras generación, que la educación más valiosa es la que cuida y eleva al mismo tiempo.
Fusara, la fundación que sobrevivió al golpe del ‘caso fundaciones’
Fusara no nació para los titulares judiciales, sino para la educación y el amparo de menores que necesitaban una segunda oportunidad. Su historia arranca a comienzos del siglo XX, cuando dos mujeres dejaron patrimonio para sostener dos colegios y dos residencias en Madrid. Aquella vocación fundacional sobrevivió durante décadas gracias a las rentas de unos inmuebles que, sin hacer ruido, pagaban la factura diaria de una obra social discreta y constante. En palabras de su director gerente, Javier Cortezón, la entidad es una «fundación civil privada» y sin ánimo de lucro cuyo fin no es otro que «ofrecer alojamiento, manutención y educación de calidad» a niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad.
La pieza que sostenía ese engranaje era sencilla y eficaz: 14 edificios en el centro de Madrid alquilados durante años para financiar las dos residencias y los dos colegios. Según explicó Cortezón, la fundación destinaba alrededor de 1,5 a 1,8 millones de euros al año a esa actividad, una cifra que cubría un trabajo educativo y asistencial dirigido a menores de entre 3 y 18 años, en muchos casos procedentes de familias con graves dificultades sociales, económicas o migratorias. Esa era la lógica de Fusara: el patrimonio no se guardaba como un tesoro inmóvil, sino como una herramienta para alimentar el proyecto fundacional y sostener, en sus palabras, un servicio que debía seguir siendo «de calidad».
En 2019, el patronato aprobó la venta de esos inmuebles en una operación que el juez instructor ha descrito como fruto de un engaño organizado. Según el resumen aportado, se trasladó al patronato una narrativa de urgencia económica y se utilizaron informes que presentaban la venta como inevitable. La operación se cerró por 74 millones de euros, una cantidad muy por debajo del valor de mercado, y solo se abonó la mitad al firmar; el resto quedó aplazado. Parte de ese dinero se empleó después en la compra de un solar en Valdebebas a un precio superior al de mercado y en diversas comisiones de intermediación. El resultado fue devastador: Fusara perdió sus rentas, no cobró íntegramente la venta y vio cómo se erosionaba su estabilidad financiera.
La cronología posterior explica bien la gravedad del golpe. Tras la venta, la fundación dejó de percibir los alquileres que constituían su principal fuente de financiación. Poco después, al judicializarse el asunto, se adoptaron medidas cautelares que bloquearon la libre disposición de los edificios y, además, Tapiamar paralizó el pago del 50% restante. La consecuencia fue una tormenta perfecta: sin inmuebles productivos, sin el segundo tramo del precio y con una reinversión que también resultó onerosa, Fusara entró en pérdidas contables año tras año. Lo que debía proteger su obra educativa terminó asfixiándola, y el proyecto que debía garantizar «alojamiento, manutención y educación de calidad» quedó sometido a una presión financiera extrema.
Poco después de conocerse la venta, varios inquilinos presentaron querellas, mientras el entonces presidente del patronato, Carlos Osoro, impulsó una investigación interna que llevó el caso a los tribunales. En mayo de 2023, el juez Jaime Serret apreció indicios de criminalidad y señaló posibles delitos de estafa, corrupción entre particulares y administración desleal. En su auto, el instructor atribuyó a un grupo de personas un plan para lucrarse indebidamente mediante ventas innecesarias, realizadas a precios reducidos y sin retorno efectivo para los fines sociales de las fundaciones afectadas. La causa avanzó con una lista de investigados que incluía a antiguos gestores de Fusara y a profesionales vinculados al despacho Chávarri.
La voz del actual equipo directivo aporta la dimensión humana de la crisis. Cortezón, que se incorporó en 2024, describió una fundación al borde del colapso, sin liquidez y con el riesgo real de liquidación. Según explicó, el problema no era solo jurídico, sino de supervivencia: el proceso penal podía prolongarse «entre siete y diez años», y Fusara no podía esperar tanto. Por eso defendió la apertura de una negociación con el comprador para asegurar que la entidad siguiera cumpliendo su misión fundacional. Su argumento fue tajante: «una fundación no puede jugarse la continuidad de sus menores a una espera judicial incierta».
Ese razonamiento desembocó en el gran cambio de julio de 2025. Fusara alcanzó un acuerdo extrajudicial con Tapiamar para revisar el precio de los inmuebles vendidos en 2019. Según el resumen aportado, el nuevo valor de 13 de los 14 edificios pasó de 64,3 millones a 99 millones de euros, lo que elevó la mejora en 34,7 millones, un 54% más. Además, se acordó la reversión de la compraventa del edificio de Barquillo, 22, sede de la fundación, y la compradora se comprometió a pagar finalmente 62 millones de euros una vez descontados los 37 millones ya abonados. La jueza validó el pacto al considerar que no era lesivo para la entidad y levantó las medidas cautelares.
El acuerdo no borró el pasado, pero sí permitió algo decisivo: recuperar margen vital. Cortezón explicó que, gracias a la operación, la fundación vuelve a disponer de patrimonio con el que obtener rendimientos y sostener de nuevo su actividad. También señaló que se constituyó una comisión de inversión para administrar ese dinero con prudencia, como exige una entidad sin ánimo de lucro. La idea es sencilla y a la vez crucial: «maximizar la rentabilidad sin asumir riesgos innecesarios» para que los colegios y residencias sigan abiertos. En una institución marcada por la precariedad reciente, eso equivale a volver a respirar.
Más allá del pleito y de las cifras, Fusara insiste en que el verdadero sujeto de su trabajo son los menores vulnerables. En sus residencias conviven niñas y adolescentes que encuentran allí alojamiento, manutención, estudio y acompañamiento emocional. El director gerente relató que la fundación ha reforzado también la atención psicológica para ayudarles a construir autonomía y autoestima. Esa dimensión explica el tono moral con el que se vive el caso: no se trataba solo de un patrimonio inmobiliario, sino del sustento de un proyecto educativo que ha acompañado a generaciones de chicas en riesgo de exclusión. Por eso el daño patrimonial se vivió como una agresión directa a la misión social de la institución, a esa promesa de «ofrecer alojamiento, manutención y educación de calidad» que sigue definiendo a Fusara.
El cierre financiero de la operación con Tapiamar no ha cerrado el frente penal. Fusara mantiene la acusación contra el resto de los investigados que, según sostiene, participaron en la venta y en la posterior reinversión del dinero. En su escrito de acusación, la fundación reclama penas de hasta nueve años de prisión para varios implicados y cuantifica el perjuicio económico en 8,6 millones de euros. La pelea judicial continúa, pero ya no con una fundación al borde de la extinción, sino con una entidad que ha logrado salvar el presente para poder discutir el pasado. Y ese matiz, en una historia como esta, lo cambia casi todo.