Madrid incluye el dinero de las matrículas como "financiación universitaria"

De los casi 14.800 millones de euros anunciados para 2026-2031, finalmente la financiación autonómica «se queda en 9.000 millones de euros a seis años, lo que puede parecer que aporta estabilidad pero no tiene en cuenta la inflación durante ese periodo», apuntan desde la Coordinadora Interuniversitaria de las plataformas. La subida anunciada «no alcanza el 0,5 por ciento del PIB regional, muy lejos del 1% que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para 2030. Actualmente las universidades se financian al 0,4% del PIB», según la coordinadora. Además, el acuerdo obliga las universidades a «la creación de plazas residenciales mediante inversiones y cesiones de terreno, lo que sitúa a las universidades públicas de nuevo como activo de especulación inmobiliaria o financiera», indica la catedrática de CC de Información en la Complutense, Eva Aladro.

La colaboración publico-privada «aparece también como objetivo central para la generación de beneficios económicos, lo que no casa con el carácter y naturaleza de un servicio público educativo». Otros aspectos discutibles en la redacción del acuerdo son el condicionamiento de parte de la financiación a «objetivos medibles cuya definición queda compartida entre la Comunidad de Madrid y las universidades, lo que disminuye su autonomía» recogida en la Constitución.

Algunos de estos objetivos, como por ejemplo el mantenimiento del número de estudiantes matriculados, pueden «trucar la financiación dada la bajada de matriculados que la propia infrafinanciación por la Comunidad de Madrid está creando en las universidades al no permitir su crecimiento en estudios ni plazas». Asimismo, muchos de los fondos de ayuda «son finalistas, no se consolidan, por lo que no añaden estabilidad más que puntual a las universidades madrileñas».

Desde la CGT consideran que «la asfixia sigue en sus tendencias fundamentales, pero pasamos de una asfixia anual a una asfixia plurianual». Contra acuerdo firmado «a espaldas de la comunidad universitaria y que consolida el 0,4% del PIB, llamamos a la movilización de toda la comunidad educativa madrileña y a la sociedad» que defiende lo público, desde Infantil hasta Universidades, en una gran manifestación educativa que se prepara para el próximo 19 de abril.

La Comunidad de Madrid ha publicado en el Portal de Transparencia el acuerdo sobre el modelo de financiación plurianual de las universidades entre 2026 y 2031, firmado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso y los seis rectores el pasado 3 de marzo. El documento, de 20 páginas, desglosa el «horizonte estratégico» que busca consolidar Madrid como el «principal polo de formación y atracción de talento cualificado del sur de Europa», mediante el desarrollo de la investigación biomédica, inteligencia artificial y tecnología avanzada para fomentar la transferencia de conocimiento e innovación al tejido empresarial. Además, se pretende que Madrid sea «referente en la promoción de la excelencia en los estudios de humanidades» y el principal ‘hub’ universitario internacional en lengua española, fortaleciendo la «proyección global del español como lengua académica y científica, y actuando como puente entre Europa, Hispanoamérica, África y Asia».

El nuevo modelo, que «trasciende el corto plazo presupuestario», comprende una financiación básica estructural para el funcionamiento ordinario de la universidad (gastos corrientes y de personal); unos fondos de convergencia para corregir desequilibrios, y fondos comunes ligados al cumplimiento de objetivos, inversiones específicas y programas singulares. La financiación, que también incluye una compensación por actualizaciones salariales del sector público, se completará con los ingresos por tasas de matrícula y recursos procedentes de programas estatales y europeos gestionados directamente por las universidades.

El nuevo modelo, que «respetará la autonomía universitaria reconocida en la Constitución», buscará garantizar la suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria, así como la previsibilidad plurianual, y vinculará una parte de la financiación al cumplimiento de objetivos mediante indicadores en docencia, investigación, internacionalización o empleabilidad. Cada universidad deberá aprobar un Plan Estratégico a cinco años, según el acuerdo que incluye el compromiso de «ampliar la oferta de alojamiento universitario para estudiantes», construyendo o ampliando residencias mediante inversión directa o colaboración público-privada.

En materia de rendición de cuentas, las universidades presentarán anualmente «una memoria económica justificativa del destino de los fondos recibidos» y deberán implantar un sistema de contabilidad analítica. Se reforzarán los mecanismos de auditoría interna y externa, y deberán presentar auditorías anuales. En caso de desequilibrio, deberán aprobar un Plan Económico Financiero. En caso de tener deudas vencidas con la Comunidad de Madrid, las cantidades podrán compensarse desde 2028 con cargo al Fondo de Convergencia.

El documento firmado «constituye el marco técnico de referencia para la elaboración y posterior aprobación del Modelo de Financiación a través de los instrumentos oportunos». El texto se publica coincidiendo con la comparecencia este jueves de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ante la Asamblea de Madrid y después de que los sindicatos criticaran el «secretismo» tras la firma del acuerdo.