Tolón explica por primera vez en el Congreso la ley que bajará ratios y horas docentes

Tolón comparece en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso a petición propia y tras las solicitudes de los grupos parlamentarios del PP, Vox y del grupo Mixto.

Tres meses después de que tomara el relevo de Pilar Alegría, la ministra acude a las Cortes con el anteproyecto de ley para la mejora del desempeño docente a punto de ser aprobado en el Consejo de Ministros en segunda vuelta, y con el beneplácito del Consejo Escolar del Estado (CEE) y de los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria. La norma contempla un máximo de 22 estudiantes por aula en segundo ciclo de Infantil y Primaria (frente a los 25 actuales) y hasta 25 alumnos en Secundaria (frente a los 30). También rebaja la jornada lectiva del profesorado hasta un máximo de 23 horas semanales en Primaria y 18 horas en Secundaria.

La nueva ley tendrá que pasar el filtro del Parlamento, por lo que se enfrenta a una complicada aritmética de votos, aunque Tolón ya ha avanzado que el Ministerio será «flexible» a la hora de incorporar enmiendas a la ley. Lo cierto es que las comunidades gobernadas por el PP, y la del País Vasco, lanzaron el aviso en la Conferencia Sectorial de Educación de que no comparten el calendario de implantación de la nueva norma que, aunque es progresivo hasta el curso 2031-32, comenzaría a implantarse el que viene.

La mayoría de las comunidades urgen conocer el coste que supondrá la rebaja de la jornada del profesorado así como el impacto económico que tendrá que el alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEEs) cuenta doble desde el próximo curso. Los diputados del PP, previsiblemente, exigirán a la ministra que presente una memoria económica, pese a que el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha dicho que la ley «no tendrá un impacto económico sustancialmente oneroso para las comunidades autónomas, justamente por el mapa que ya tenemos de ratio y de horario».

Por otra parte, el socio de gobierno de coalición, Sumar, pedirá una ley más ambiciosa. En noviembre, IU presentó una proposición de Ley orgánica en el Congreso para bajar aún más las ratios en las aulas, con un máximo de 20 alumnos en primaria, secundaria y bachillerato, ante la «insuficiente» propuesta del Ministerio de Educación.

Los sindicatos de la enseñanza pública también achacan esa falta de ambición aunque valoran que la norma siga su trámite para «consolidar estos derechos». Piden que la ley se implante antes, que todo el alumnado con necesidades educativas, sean del tipo que sean, cuente doble y que se blinde la norma para que las comunidades no puedan acogerse a ninguna excepcionalidad. También instarán a reducir las ratios en el primer ciclo de Infantil, en Educación especial, en Educación de personas adultas, en la escuela rural y en FP, así como mayores reducciones horarias para el profesorado mayor de 55 años.

Otra consideración que hizo el Consejo Escolar del Estado (CEE) es que la reducción de la jornada docente se traslade a la enseñanza concertada.