Victoria judicial para CECE y Escuelas Católicas de Madrid: el tribunal tumba la tasa de residuos
El pulso entre los colegios concertados y el Ayuntamiento de Madrid por la tasa de basuras ha dado un giro decisivo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza Fiscal 8/2024, reguladora de la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos de competencia municipal, al estimar el recurso presentado por CECE Madrid y dar respaldo a las objeciones planteadas también por Escuelas Católicas de Madrid.
La resolución, fechada el 23 de marzo de 2026, da la razón a ambas organizaciones educativas y confirma las críticas que venían sosteniendo desde que se aprobó la norma. Para CECE y Escuelas Católicas, el fallo no solo corrige un error de tramitación, sino que también avala su denuncia de que la tasa se había diseñado sin tener en cuenta la realidad económica de los centros educativos.
Según el tribunal, el Ayuntamiento de Madrid incurrió en un defecto sustancial durante el trámite de información pública al no incorporar íntegramente el informe técnico-económico ni sus anexos esenciales. Esa omisión, señala la sentencia, impedía conocer con detalle el sistema de cálculo de la tasa y vulneraba una garantía imprescindible en la elaboración de la norma.
Tanto CECE Madrid como Escuelas Católicas han subrayado que no se trata de un simple formalismo, sino de un elemento decisivo para asegurar la transparencia y la correcta justificación de un tributo que afecta de lleno a la actividad de los centros.
Las dos organizaciones educativas llevaban meses alertando de que la tasa resultaba gravemente injusta para los colegios concertados, especialmente en un contexto de infrafinanciación de la partida de «Otros Gastos». Escuelas Católicas de Madrid llegó a advertir de que algunos centros habían tenido que abonar hasta 30.000 euros, cantidades que consideraba confiscatorias y que ponían en riesgo la sostenibilidad de escuelas sociales y sin ánimo de lucro.
La polémica venía de lejos. Ya a comienzos de año, el sector había mostrado su rechazo a la nueva tasa de basuras del Ayuntamiento de la capital, en un clima de creciente malestar entre los titulares de centros concertados. El nuevo pronunciamiento del TSJM da respaldo judicial a ese malestar y refuerza la posición de ambas entidades, que cuestionaban la proporcionalidad del tributo.
Uno de los efectos más relevantes de la sentencia es que abre la puerta a que los colegios afectados reclamen la devolución de las cantidades abonadas. CECE Madrid sostiene que seguirá impulsando cuantas actuaciones sean necesarias para defender los intereses legítimos de los centros asociados, mientras que Escuelas Católicas también estudia los pasos a seguir para que se compense el perjuicio económico causado por la aplicación de la ordenanza anulada.
Las dos organizaciones recuerdan además que la ordenanza municipal publicada el 27 de diciembre de 2024 suprimía mecanismos que permitían adaptar el importe de la tasa a la realidad social, económica y educativa de los centros, una decisión que había sido duramente criticada por el sector.
Aunque la sentencia supone un revés importante para el Consistorio, el conflicto no queda cerrado. CECE Madrid ha advertido de que el Ayuntamiento aprobó para 2026 una nueva ordenanza de la tasa que, pese a incorporar el texto completo, mantiene en lo esencial la misma estructura. Por ello, la organización ya ha anunciado que también recurrirá esa nueva regulación, con el respaldo del sector concertado y el seguimiento de Escuelas Católicas.
La disputa se apoya en la Ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que sirvió de base a la regulación municipal, pero el sector insiste en que su aplicación no puede obviar la singularidad de los centros educativos ni su capacidad real de asumir un nuevo gravamen.
El fallo será analizado este 24 de marzo en la Asamblea de Titulares y Directores de Escuelas Católicas de Madrid, donde se espera que la sentencia se valore con mayor detalle. Para CECE y Escuelas Católicas, la resolución llega como un alivio en plena incertidumbre fiscal, pero también como un recordatorio de la necesidad de que las administraciones cuiden la tramitación de las normas que afectan de forma directa a la vida escolar y a la viabilidad de los centros.