Los docentes condenados por acoso no podrán ejercer
La ministra de Juventud e Infancia se ha reunido con Marga Prohens, presidenta de Baleares, para coordinar la acogida de infancia migrante no acompañada.
Así lo ha comunicado la ministra tras un encuentro de casi dos horas en el Consolat de Mar, sede del Govern balear, con la presidenta autonómica, Marga Prohens, y los presidentes de los Consells insulares, entre otras autoridades de las islas. Prohens y Rego han acordado esta mejora a raíz del caso del polémico docente de Palma que fue condenado por acoso a una menor y que esta semana ha vuelto a las aulas para ocupar una plaza temporal en un centro de la ciudad, lo que ha generado las quejas de las familias del alumnado y de la comunidad educativa.
En su intervención, la ministra ha explicado que el objetivo es incluir en el artículo 57 de la Ley de Protección de la Infancia la condena por acoso como un motivo para prohibir que se pueda trabajar en profesiones que impliquen contacto habitual con menores. La presidenta balear también ha indicado que el Parlament autonómico ya tramita un cambio normativo para revertir el vacío legal que permite la reincorporación de docentes condenados. Prohens ha recordado que el departamento balear de Educación, por su parte, está «atado de pies y manos» y que no puede apartar al docente porque no está inhabilitado.
Por otro lado, el sindicato de docentes de Cataluña Ustec considera «muy grave» e «inadmisible» el despliegue de los Mossos d’Esquadra de paisano en los centros educativos catalanes para garantizar la convivencia, y alerta que será negativo porque generará «sensación de vigilancia y represión». El Departamento de Educación y Formación Profesional y los Mossos d’Esquadra han impulsado una prueba piloto con la que desplegarán agentes de policía de paisano en centros educativos para garantizar la convivencia escolar y reducir posibles conflictos y agresiones que puedan surgir en estos entornos.
Según ha avanzado este jueves El País y han confirmado fuentes del departamento a Efe, este plan, bautizado provisionalmente por los Mossos como Plan Integral para la Seguridad y el Bienestar en el entorno educativo (Eduseg), se pondrá en marcha este mes de forma experimental en 13 centros de secundaria. «Es inadmisible. Muy grave. Nadie ha pedido mossos en los centros. La policía no tiene nada que hacer allí», ha asegurado la portavoz de Ustec, Iolanda Segura.
Instan al Govern a retirar el plan
Segura ha alertado que la presencia de policía en los centros educativos puede crear «sensación de vigilancia y represión». «Incluso los docentes estarán intranquilos», ha dicho. El primer sindicato de docentes ha pedido al Govern que rectifique y retire el plan piloto y le ha recomendado que, para garantizar la convivencia, opte por medidas como la reducción de las ratios en los centros más conflictivos o destinar más integradores sociales, psicopedagogos y psicólogos.
El plan apuesta por la figura de agentes «integrados» como referente en los centros educativos, a los que los Mossos acudirán de forma regular, vistiendo de paisano y sin arma. Cuando sea necesario, los policías realizarán tareas de prevención, acompañamiento e intervención para garantizar la convivencia ante «el incremento de la complejidad en el entorno de los centros educativos y la necesidad de reforzar el bienestar del alumnas y de toda la comunidad educativa», ha destacado Educación.
Críticas a la «impunidad» de las agresiones
Por su parte, Professors de Secundària (Aspepc-sps) ha manifestado su posición «radicalmente en contra de la impunidad» con la que «se insulta y se agrede al profesorado», pero considera que la respuesta gubernamental debe ser «personarse como acusación en casos penales» y no desplegar policías en los centros. «Las normas de convivencia deben cumplirse y no pueden ser sustituidas por prácticas restaurativas, que tienen una función distinta. Si el Govern despliega policía en las aulas, es que reconoce que estamos tocando fondo», ha comunicado el sindicato a través de la red social ‘X’.
En la misma línea, CGT Ensenyament ha argumentado que estudios y experiencias internacionales «demuestran que la presencia policial en las escuelas no aumenta la seguridad» y «criminaliza al alumnado más vulnerable». «El modelo educativo del PSC se aleja de las demandas de la comunidad educativa y se acerca peligrosamente al fracasado modelo norteamericano», sostiene en un mensaje en la misma red social la organización sindical.