El MECD pone a competir a las universidades por los alumnos

El Ministerio lleva unos días intentando quitarse el lastre que han depositado sobre sus espaldas los rumores de una posible vuelta a los tiempos de la reválida. Cierto es que el mundo educativo no va a tener que hacer uso de ese nombre de nuevo, pero también es verdad que fuentes ministeriales aseguran que habrá un examen que acredite los niveles de formación del alumnado cuando finalice el Bachillerato. Algo a lo que se opone la mayoría de los sectores educativos porque sería poner en tela de juicio la cualificación personal de los docentes, los sistemas de evaluación y el trabajo de los estudiantes.
De hecho, si se mantiene la Selectividad, las organizaciones sindicales no entienden el porqué de la vuelta a la situación anterior a la Ley de Educación de 1970. Ahora bien, con la bajada de la demografía, el problema de la Selectividad, tal como se entiende ahora, será ficticio, según fuentes del Ministerio, porque todos los estudiantes tendrán plaza universitaria. Lo que ocurrirá es que unos alumnos podrán ingresar en determinada universidad y otros no; unos podrán realizar determinados estudios que estarán vetados para otros, porque la Universidad será la encargada de seleccionar a su alumnado para cada carrera.

Esta situación parece no beneficiar, por tanto, a los estudiantes, que podrían verse perjudicados por un sistema de admisiones heterogéneo, en función de las pruebas de acceso que elabore cada centro de estudios superiores.

La Pública, a competir

Las universidades públicas se verán así obligadas a apostar por determinadas titulaciones –que tendrán especial prestigio– para competir por el alumnado de mayor nivel. Por ende, las peores se quedarán sin estudiantes, o con los que presentan resultados más bajos.

Pero también las universidades contarán, a partir de la reforma de la LRU, con un nuevo hándicap, y es que el hecho de que cada alumno pueda elegir en función de los servicios que ofrece cada centro de estudios superiores, y la implantación del distrito abierto en un futuro, potenciará una competencia necesaria entre todas ellas. El Ministerio, sin embargo, alega que esto no quiere decir que se ponga a las universidades a competir, sino que se trata de crear los mecanismos para que la Pública no se destruya a sí misma.
Estos dispositivos, a los que hizo referencia el secretario de Estado de Educación y Universidades, Julio Iglesias de Ussel, en un encuentro que mantuvo con la prensa, no son otros que un sistema de evaluación de las carreras al que se someterían las titulaciones de las diferentes universidades. El resultado permitiría establecer un baremo comparativo que podría orientar al estudiante.

Esta situación también se extenderá a niveles inferiores como única salvación de la escuela Pública, “que ahora tiene un sistema que sólo conduce a su autoaniquilación”, según fuentes ministeriales.

Entre las reformas que se barajan para modificar los problemas actuales, se apunta como necesario el hecho de conceder mayor peso a los niveles organizativos, tal como ocurre en los centros privados. “Precisamente en este punto es donde falla el sistema y la razón por la que muchas familias eligen los colegios concertados; no es por los profesores ni por las instituciones, sino porque a nivel organizativo tiene cosas que no puede ofrecer la Pública”, argumentan fuentes consultadas.

No obstante, el Premio a la Excelencia y Calidad del Servicio Público de la Comunidad de Madrid que acaba de recibir la Universidad Carlos III demuestra que las instituciones públicas también pueden competir por la excelencia tanto en la actividad docente, como en investigación y en servicios universitarios (planes de estudio, instalaciones…).
Con todos estos augurios de futuro sobre la mesa, desde el Ministerio son conscientes de que habrá corrientes de opinión que se pondrán “de uñas” cuando perciban que se introducen elementos de competencia en la Educación. “En efecto, hay sectores interesados en que todo esto aparezca como una cuestión polémica y controvertida cuando en realidad es un problema ficticio”, aseguran. Estas mismas fuentes reconocen que hoy en día resulta extraño que alguien se atreva a decir en público que la universidad no debe apostar por formar elites profesionales, que no debe buscar la excelencia.
Otra de las posibilidades que se barajan desde el MECD es la realización de un examen estatal para seleccionar al profesorado y evitar con ello un exceso de habilitados sin plaza, a la vez que se favorece la movilidad de los docentes. Este será un modo de afrontar la endogamia que existe en la selección del profesorado y que, según el secretario de Estado, “es como el colesterol, bueno y malo”. El problema no está, por tanto, en la procedencia del candidato, sino en la calidad del mismo.

Por otra parte, también se dotará de una serie de incentivos a los ayudantes universitarios y se ampliará su contrato en uno o dos años con el fin de que puedan tener más tiempo para desarrollar su carrera docente.

Consultas sectarizadas

Al margen de esta polémica, no resta mucho tiempo para la elaboración de un borrador, que el Ministerio asegura no tener todavía materializado, de la Ley de Universidades, cuya entrada en vigor está prevista para el curso 2002-03. Sí se han iniciado rondas de negociaciones sobre algunos documentos con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Sin embargo, sindicatos como FE-CCOO denuncian que el MECD “utiliza la añagaza de lanzar a la opinión pública diversos y cansinos mensajes de diálogo con los distintos representantes de la comunidad universitaria, cuando lo único que hace es recibir a las organizaciones con capacidad reconocida para recoger sus sugerencias sin hacer el menor caso, salvo que coincidan con lo que ya tiene predeterminado”.