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USTEC-STES muestra informes de la Inspección que cuestionan seis conciertos

Departament y USTEC-STES mantienen su guerra en torno a siete conciertos educativos. El sindicato ha hecho públicos siete informes de inspectores que cuestionan esa decisión.
Miércoles, 11 de julio de 2001
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USTEC-STES ha dado otro paso en su ofensiva judicial contra la concesión de siete conciertos educativos que considera injustos al presentar, en rueda de prensa, un dossier con informes de los inspectores, que el Departament de Ensenyament ha entregado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que tramita un recurso contencioso administrativo del sindicato que impugna los conciertos de siete centros: “Súnion”, Sant Pau” i “SIL” (Barcelona), “Viaró” i “La Farga”, (Sant Cugat del Vallés), “Pere Vergés” (Badalona) i “La Vall” (Bellaterra).

USTEC-STES considera “incompleta” esta documentación y ha pedido también la fiscalización, el historial de los centros, informes de la Inspección que faltan y la justificación final de los conciertos. Otro argumento esgrimido por la fuerza sindical es el cobro de cuotas mediante fundaciones.

Seis de los informes de los inspectores afirman que los centros no cumplen los “criterios de preferencia” establecidos por la LODE: atender necesidades de escolarización, atender a población escolar de condiciones socioeconómicas desfavorables y, por último y condicionada a las dos anteriores, realizar experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. Únicamente en el caso de SIL se cumple la primera de las premisas.

Por esta razón, Carles Martínez, portavoz del sindicato, pidió la dimisión de Carme Laura Gil. Este es el segundo sindicato, tras el Aspepc, en pedir la marcha de la Consellera.

Por su lado, el Departament de Ensenyament dejó bien claro que los siete centros cumplen los requisitos establecidos por la LODE y que se entregaría toda la documentación que los tribunales pidan.

La Conselleria reiteró que los conciertos se conceden de acuerdo a la legalidad vigente y que no se deben confundir los criterios de preferencia con los requisitos que exige la Ley.

“La última decisión la tienen los tribunales”, reiteró un portavoz del Departament. Las mismas fuentes apuntaron que la rueda de prensa de USTEC-STES tenía como finalidad “presionar al tribunal” y remarcaron que una cosa son “los requisitos exigidos para dar un concierto” y otra “los criterios de preferencia”.

Informes

En los casos de “Sant Pau” (conocido por su anterior nombre, “Sant Paul School”) y de “Súnion, los informes se pronuncian negativamente ante los tres criterios de preferencia.

En el caso del “Pere Vergés” de Badalona, el informe se muestra favorable respecto a la realización de experiencias educativas que favorezcan al sistema educativo, aunque su veredicto es negativo en lo referente a atender necesidades de escolarización y a alumnos con condiciones socioeconómicas desfavorables.

Otros informes caen en la ambigüedad al mostrarse favorables al concierto aunque matizando en exceso la decisión. Éste es el caso de “Viaró”, “La Vall” y “La Farga”.

Así, en el primero de estos tres centros, el inspector señala que “una parte importante de los alumnos escolarizados en este centro procede de otras zonas y poblaciones” y que es preciso “regularizar el concierto del presente curso ya que, tal y como se indica en la solicitud, el número de grupos concertados no se corresponde con la realidad”.

Con “La Vall”, la contradicción del informe del inspector resulta, cuando menos, llamativa, al recomendar el concierto pese a admitir que “no es un centro de concierto preferente de acuerdo con el artículo 48.3 de la LODE”.
Se da la circunstancia que este centro lleva cuatro años concertado, mientras que el resto son conciertos otorgados durante el mandato de Carme Laura Gil, y que el resto fueron rechazados en su momento por el antecesor de Gil, Josep Xavier Hernández.

Pese a la contundencia de la documentación presentada, Juan José Falcó, abogado de USTEC-STES, se mostró prudente respecto a la decisión judicial final: “Es muy difícil ganar un recurso así, pero debemos asumir ese riesgo”. Hay que considerar que los informes de los inspectores no son “vinculantes” y que el Departament puede otorgar el concierto desoyendo la opinión de los inspectores.
Carles Martínez fue contundente al afirmar que el Departament “mantiene la tendencia de favorecer a los centros privados y, además, sus actuaciones no se ajustan al derecho ni a la moral”.

Los responsables de Ensenyament del PSC, ERC e IC-V manifestaron su apoyo al sindicato de docentes.

Debate

El debate de fondo de este conflicto mantiene enfrentado a varios sectores: por un lado, USTEC-STES y, –aunque de forma mucho menos contundente– CCOO y FETE-UGT, creen que la política de conciertos de Carme Laura Gil es desproporcionada. Por otro lado, los centros concertados y USOC, sindicato fuerte en este sector, argumentan que el dinero aportado por la Administración es insuficiente, lo que obliga al mantenimiento de cuotas.

El tercero en discordia es el propio Departament, con su titular, Carme Laura Gil, al frente. La Conselleria anunció que se había abierto un expediente informativo a los siete centros mencionados para determinar si realmente eran merecedores de los conciertos. Por de pronto, se desconoce el resultado de estos expedientes.

En el momento en que USTEC-STES optó por denunciar estos siete conciertos, el director de “Súnion”, Joan Puig, opinó que la acción de USTEC-STES era “hipócrita y demagógica porque la mayoría de centros de Secundaria ya estaban concertados desde hace tiempo”. En referencia a que el sindicato califica como “de élite” a los siete centros, Puig quiso aclarar que ese adjetivo no se corresponde con “Súnion”, que se limita a ser un centro “de calidad y con un proyecto educativo propio”.

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