ANDALUCÍA. La consejera inicia el curso 2001-2002 contra las cuerdas
La Federación de Asociaciones de Padres de la Enseñanza Concertada de Jaén, FECAPA, ha presentado un recurso contencioso administrativo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Jaén contra la Delegación provincial de Educación por irregularidades.
Este recurso se une a los otros 13 presentados por algunos padres de manera individual y que ya han sido llamados por el juez para declarar. El presidente de FECAPA, Andrés García, afirmó que el cierre del proceso se realizó de manera precipitada y “sin haber avisado a los padres para que asistieran”.
“Hay padres que se han visto obligados a matricular a sus hijos en la escuela Pública”, aseguró Andrés García. De esta manera, hay familias que tienen a cada uno de sus hijos en diferentes centros, algo que califican desde la federación de muy grave.
La delegación provincial de Educación ha mostrado, según FECAPA, “una cerrazón permanente al diálogo”. Desde la federación aseguran haber intentado mantener conversaciones con el delegado de Educación en Jaén, Miguel Jurado, pero que este siempre ha rehuido hablar con ellos alegando que es un problema de la Consejería de Educación de Sevilla.
La solución puede encontrarse, según el presidente de la federación, en diferentes aspectos. Entre ellos “elevar la ratio, aumentar las plazas o lo que haga falta” para que se escolaricen los más de 150 alumnos que siguen aún sin matricular en ningún colegio porque se han quedado sin plaza.
En declaraciones a este periódico, el delegado de Educación de Jaén, Miguel Jurado, ha asegurado que se mantendrán inflexibles en lo que a la ratio se refiere. A su juicio, aumentar este baremo supone “arrastrar el problema, no solucionarlo”.
“El problema consiste” —afirmó el delegado— “en que muchos de los padres optan por un mismo colegio”. Así, los centros con mejores infraestructuras quedan saturados, de ahí que muchos se queden sin plazas en la primera escuela que escogen.
El problema es de difícil solución si ambas partes no acaban cediendo en sus pretensiones. Los padres desean que sus hijos estudien en los colegios que les ofrezcan los mejores servicios y son pocos los colegios que ofertan esas prestaciones.
En un comunicado, varios sindicatos andaluces, ANPE, CC.OO, CGT, CSI-CSIF, FETE-UGT y USTEA, han convocado movilizaciones en los centros públicos de Educación Infantil para los días 17 y 24 de septiembre y 1 de octubre para reivindicar soluciones a las demandas que según estos colectivos vienen reclamando desde hace ya un tiempo.
La consejera de Educación, Cándida Martínez, ha instado a todas las partes afectadas a sentarse en una mesa de negociación. A ella asistirán los sindicatos, que dicen ir con voluntad de acercamiento y ganas de resolver el desaguisado lo antes posible, pero afirman acudir para que sean escuchadas sus reclamaciones.
Aunque a pesar de esta aparente cordialidad ya ha habido más de una declaración en contra de la propuesta. CCOO tildó la llamada de la consejera de “desatino”, al considerar que la Administración ha estado alejada durante todo el verano de las conversaciones.
Un problema común
El conflicto de la Educación Infantil en la Junta de Andalucía no es un problema de un colegio, ni de un partido, ni de un sindicato, ni de una asociación, ni tampoco de una provincia. Varios partidos, sindicatos y federaciones de padres de varias regiones de Andalucía han puesto el problema en los juzgados. Afirman estar cansados de sufrir año tras año los mismos contratiempos.
En el mes de julio, los sindicatos FERE y CCOO, aseguraron que si no había solución, el curso comenzaría con una huelga y, al parecer, así será. De esta manera el curso escolar puede retrasarse varios días si llegan a cumplirse las expectativas con las que también han amenazado las asociaciones de padres. Todo para exigir a la consejera de Educación y Ciencia, Cándida Martínez, soluciones para la Educación Infantil de toda la comunidad.
Todo parece indicar que las partes implicadas irán a la huelga próximamente, con diferentes reivindicaciones, pero tras una misma bandera. Las exigencias son una oferta educativa pública suficiente para escolarizar a todos los niños de 3, 4, y 5 años para el año 2002-2003, un aumento del profesorado de apoyo, disminución de la ratio profesor-alumno y el cumplimiento de la normativa vigente firmada en 1991.