El MEC funde calidad y equidad en su nueva ley educativa

Autor: Marta SERRANO

Con el objetivo de favorecer el éxito académico de los alumnos, la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, ha presentado el borrador de una nueva ley educativa que deja vía libre a las autonomías para poner en marcha sus propios sistemas de enseñanza. De hecho, la consejera de Cataluña, Marta Cid, ya ha calificado el proyecto de ley de “útil, porque es respetuoso con las comunidades y nos permite desarrollar nuestra propia ley educativa”.

Pero la necesidad de sacar adelante la ley con la ayuda, o mejor dicho, con la hipoteca que el gobierno de Zapatero tiene con ERC e IU, ha obligado al equipo del MEC a elaborar un proyecto que se prodría definir como una oportunidad perdida, una norma que sin renunciar a los principios constructivistas de comprensividad de la Logse, se queda a caballo entre esta Ley (que nos situó, según el informe PISA sobre evaluación de sistemas educativos, como el cuarto país europeo con peores resultados) y la LOCE, que sacó adelante la anterior ministra, Pilar del Castillo. El lavado de cara supone más cambios aparentes que reales y, desde luego, se queda a años luz de la reforma educativa que necesita nuestro país en estos momentos.

De hecho, buena parte de la comunidad educativa ya ha calificado el proyecto ministerial de “oportunidad perdida”. Desde el principal partido de la oposición se tacha la Ley de representar “un retroceso, una legislatura perdida”. Así, mientras la secretaria federal de Educación del PSOE y consejera del ramo en Aragón, Eva Almunia, afirma que la Ley Orgánica de Educación (LOE), “va a poner orden y garantizar la estabilidad del sistema educativo”, la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, asegura que “es el borrador de la igualdad en el desconocimiento y de una falsa equidad”.

Especialmente críticos han sido también los sindicatos FSIE y USO, que afirma de la nueva Ley que es “la Logse con cirugía estética” y las organizaciones de estudiantes SE y CODE, que rechazan la LOE por “regresiva e injusta” y anuncian movilizaciones.

Pero al margen de luchas partidistas y reacciones de la comunidad educativa, ¿qué dice el anteproyecto del Gobierno? En principio, la Ley supone la desaparición de la Lopeg, la Logse y la LOCE, aunque se mantiene la LODE y en buena parte también el espíritu Marchesi.

Se establecen medidas de apoyo escolar desde Primaria, flexibilidad en el currículo desde Secundaria y diversificación curricular desde tercero de ESO. Todo esto se arbitrará, según la ministra, en “desdobles, refuerzos en las competencias básicas, que son lectura, escritura y Matemáticas, y mayor atención a la diversidad a través de la mayor diversificación curricular y organizativa de los centros”.

Diagnóstico autonómico

Entre las novedades se establecen dos evaluaciones generales de diagnóstico, una 4º de Primaria y otra en 2º de Secundaria. Y se realizán deliberadamente a mitad de cada etapa educativa, “precisamente porque se trata de evaluar el sistema para hacer mejoras sobre la marcha” señaló San Segundo. De este modo, la ministra dejó claro que estas pruebas se organizarán en cada atutonomía y que no tendrán efectos académicos para los alumnos. Además la Ley no establece la fecha de celebración de las mismas.

No obstante, el MEC ha querido introducir un elemento de transparencia en el sistema educativo compometiéndose a presentar ante el Parlamento un informe anual sobre los resultados generales que arrojen estos diagnósticos, que se darán a conocer asimismo a los profesores, a los centros y a las familias.

Del mismo modo, la Religión Católica (de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos) se evaluará pero sin computar a efectos académicos. La ministra aún no ha precisado si habrá alternativa alegando que “se mantienen las negociaciones porque es un asunto de Estado que tendrá que definirse en un desarrollo posterior de la LOE”. Sin embargo, a día de hoy varias fuentes han confirmado a MAGISTERIO que “habrá alternativa, también evaluable” y que previsiblemente supondrá volver a la situación anterior a la LOCE puesto que consistirá en “tiempo de estudio”. La enseñanza del resto de religiones será acorde con los acuerdos suscritos con las distintas confesiones.

Las que sí serán obligatorias serán las materias de Educación para la Ciudadanía, que se establece en Primaria, en dos cursos de ESO y en un curso de Bachillerato, lo que parece una concesión a la Plataforma por una sociedad laica. Esta materia se introduce con el fin de educar a los menores en los valores “que forman a la persona en las áreas de ética, convivencia y vida en sociedad”, subrayó la ministra. Asimismo, en el Bachillerato de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales se introduce como asignatura Ciencia en el mundo contemporáneo, con el fin de que “todos los alumnos de entre 16 y 18 años tengan una cultura científica básica”.

Pero la reorganización de plantillas de profesores afectará, sobre todo, a los docentes de los primeros cursos de ESO, ya que el borrador propone la reducción de materias y profesores en dicho cursos de Secundaria. La idea, según la ministra, es que “no se superen en dos el número de materias de Primaria, porque todo indica que uno de los momentos críticos que afectan al fracaso escolar de los alumnos es el paso de Primaria a Secundaria”. Sin embargo, María Jesús San Segundo, remitió al “desarrollo posterior de la Ley” para conocer qué materias o qué áreas del conocimiento desaparecerán de los currículos escolares de Secundaria. Medida que afectará a cientos de miles de profesores. El proyecto de Ley además introduce otros cambios en la organización del último curso de la Secundaria Obligatoria, que tendrá un “carácter orientador para los alumnos” de cara al Bachillerato, por lo que tendrán además de las materias obligatorias de carácter instrumental otras de carácter optativo en función de sus intereses y capacidades.

Copia de la LOCE

Otro de los aspectos que más destacan de la Ley es su “sabor anti LOCE”. Se antepone equidad a calidad y se evita cualquier palabra que rememore la Ley aprobada por el Partido Popular aun cuando se mantengan las ideas. De hecho, al igual que no se habla de itinerarios y se establecen distintas vías formativas, los Programas de Iniciación Profesional (PIP) pasan a denominarse Programas de Cualificación Profesional Inicial. Dirigidos a jóvenes entre 16 y 21 años, los nuevos PIP se organizarán en módulos “para la obtención de las cualificaciones de nivel 1”, principalmente.

Principales críticas a la Ley

1. Las medidas que se proponen para reducir el fracaso escolar, verdadera asignatura pendiente de nuestro sistema educativo son insuficientes y, en buena medida, como en el caso de los desdobles, ya se mostraron ineficaces y utópicas durante la aplicación de la Logse.

2. El último curso de la Secundaria Obligatoria tendrá un “carácter orientador para los alumnos” de cara al Bachillerato, por lo que tendrán además de las materias obligatorias de carácter instrumental otras de carácter optativo en función de sus intereses y capacidades.

3. De la Prueba General del Bachillerato se vuelve a otra especie de Selectividad, que se organizará ente los centros de Secundaria y las Universidades, aunque sin precisar que cambios supondrá respecto a la citada Selectividad. La Prueba se realizará sobre los contenidos de 2º de Bachillerato.

4. Los Programas de Iniciación Profesional (PIP) se sustituyen según el anteproyecto de Ley por Programas de Cualificación Profesional Inicial para jóvenes entre 16 y 21 años que no hayan obtenido el título de graduado en ESO, orientándose fundamentalmente a la realización de módulos a través de los que los alumnos obtendrá una capacitación profesional de nivel 1.

5. La Educación para la Ciudadanía es una nueva asignatura en la que se forma en valores cuando los valores son un asunto de las familias.

6. La Religión se presenta como una materia evaluable pero no computable a efectos académicos. Además,el borrador tampoco desarrolla una alternativa.

7. Las Comisionesde Garantías de Admisión en cada Comunidad Autónoma suponen una merma en la libertad de los padres a la hora de escoger centro educativo para sus hijos.

8. Nace tras el fracaso de la firma de un Pacto Social por la Educación y sin el consenso necesario para convertirse en una Ley que de estabilidad al sistema educativo y no esté sujeta a los vaivenes políticos.

Promoción arbitraria

Se mantiene la repetición de curso, pero como máximo se aplicará una vez en Primaria y dos veces en Secundaria. Los profesores tendrán un margen de decisión teniendo en cuenta la situación particular de cada alumno en la horquilla entre 2-4 suspensos, como ya publicó este periódico en su edición del pasado 15 de diciembre de 2004.

Con menos de dos asignturas suspensas no se repite. Cuando sean tres las materias suspensas se abre la posibilidad de que el alumno pase al siguiente curso con un plan de apoyo o refuerzo (decisión arbitraria de sus profesores). Con cuatro materias suspensas la repetición es automática.

Planificación en la escolarización

El anteproyecto de Ley prevé la creación de una Comisión de Garantías de Admisión en cada Comunidad Autónoma, para “garantizar que todos los centros sostenidos con fondos públicos se responsabilicen de la atención de todo el alumnado”. Esta es una de las medidas más polémicas del anteproyecto de Ley, pues supone el rechazo de buena parte de la comunidad educativa por suponer “un mayor control de la administración educativa en los procesos de admisión de alumnos”. Además, buena parte de la regulación de comisiones de escolarización aprobada en algunas comunidades del PSOE ya han sido ha sido rechazada por los Tribunales de Justicia.

Gratuidad desde los tres años

La enseñanza será gratuita desde los tres años. A partir de los cinco años se implantará en todos los centros la formación en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, a partir de los cinco años de edad se implantará la enseñanza de un idioma extranjero. Esta medida permitirá, al final del Bachillerato, el ingreso en el nivel intermedio de la Escuela Oficial de Idiomas.

Esto significa para los estudiantes españoles adquirir el nivel elemental de un idioma tras doce años de estudio, lo que no garantiza en ningún modo el dominio de dicha lengua extranjera y nos deja en clara desventaja con los países de nuestro entorno.