El MEC se compromete a repartir el dinero para la gratuidad del Infantil 3-5 en función de la población
Autor: José M. LACASA
Aunque la memoria económica no especifica la forma de repartir ese dinero –lo que levantó suspicacias, sobre todo entre los consejeros del PP–, la Ministra explicó a los consejeros que el reparto del monto total se haría en función de la población de tres a cinco años, y no por los niños de esta edad que cada comunidad tuviera sin escolarizar.
La diferencia no es baladí, pues si se reparte por niño no escolarizado, Andalucía se llevaría más del 60% del dinero, mientras que de esta forma “sólo” se lleva el 20%, lo correspondiente a su peso demográfico.
Este reparto evita que quienes hayan apostado por la gratuidad del 3-5 (Cataluña, Aragón, P. Vasco, Navarra, Madrid, C.-La Mancha…) se sientan perjudicados, pero deja sin financiación suficiente a Andalucía, Extremadura, Asturias o Canarias (todas por debajo de la media) para poder escolarizar a sus alumnos.
Aunque Andalucía no ha hecho declaraciones al respecto, y un portavoz de la Consejería ha dicho que aún no tienen postura oficial, es evidente que la más perjudicada es esta comunidad. Sí hizo declaraciones Eva Almunia, consejera de Educación de Aragón y responsable de este área en el PSOE: para ella, este sistema de reparto no está aún cerrado, y debe ser objeto de negociación. Sin embargo, este sistema sí parece satisfacer a Cataluña.
Un reparto que no resuelve los problemas
El Ministerio ha elegido como fecha del cálculo de no escolarizados la de la aprobación de la LOCE, pues considera que “no puede aplicar criterios retroactivos”. Sin embargo, algunas comunidades hicieron un esfuerzo muy considerable entre 2000 y 2002 para conseguir la plena escolarización, y ven que el Ministerio no apoya económicamente tal medida. La principal perjudicada por ello es la comunidad andaluza. Una vez elegida como base de cálculo esta fecha, el Ministerio considera que el dinero se debe repartir dependiendo de la población de tres a cinco años que posee cada comunidad –y no en función de los niños que quedan por escolarizar– para evitar así primar a aquellas comunidades que menos esfuerzo han realizado hasta la fecha (Andalucía sería la principal beneficiada). Pero, precisamente por ello, en las comunidades más retrasadas faltaría dinero para aplicar la medida.