PSdeG y BNG tendrán que pactar la política educativa

Autor: Diego FRANCESCH

El departamento de Educación y Ordenación Universitaria y la política de normalización lingüística vinculada a éste en los anteriores gobiernos de la Xunta, centran estos días las negociaciones para formar un gobierno de coalición en Galicia.

Los socialistas –con 25 escaños– y nacionalistas, con sólo 13– deberán repartirse las responsabilidades de gobierno en áreas tan sensibles para ambos como la Educación y la política lingüística. Para ello deberán llegar a acuerdos. Mientras que el PSdeG piensa hacer suya, como no podía ser de otra manera, la Ley Orgánica de Educación, para el BNG, esta ley ha sido una “oportunidad perdida”, ya que no responde a la “realidad plurinacional y plurilingüe del Estado”, en palabras de Carme Adán, diputada electa y portavoz educativa de los nacionalistas.

Para esta diputada, aunque “muchos, que no todos, de los presupuestos teóricos de la LOE son social e ideológicamente aceptables”, en otros aspectos manifiesta poca concreción y busca caminos intermedios entre la LOCE y la Logse, quedando en un listado de buenas intenciones sin que se asuma ninguna responsabilidad de la situación actual”.

Carme Adán reconocía a MAGISTERIO hace unos días que “las principales divergencias con el PSdeG vendrán de la mano de la LOE y de la aplicación de la Ley de Normalización Lingüística”, considerada por los nacionalistas como una norma “de mínimos”, sobre todo en materia escolar. En este sentido, la primera medida sería aplicar el Plan de Normalización aprobado en la legislatura pasada por unanimidad de todos los grupos en el Parlamento y que señala, entre sus postulados, que al menos “la mitad de la docencia se imparta en gallego”.

Entre los puntos de encuentro, Adán señalaba “el planteamiento pedagógico progresista que está en la base de los dos proyectos”.

Por otro lado, el BNG contempla entre sus prioridades demandar del Gobierno central el pago de la deuda histórica de Galicia que, en materia educativa se cifra en 600 millones de euros, así como la aprobación de una Ley de Ordenación del Sistema Educativo Gallego, una posibilidad que sólo sería posible en el marco de un nuevo Estatuto, otra de las tareas del bipartito.

Al margen de que el gobierno de coalición consensúe estos u otros puntos de acuerdo, el hecho de que la Consellería de Educación quede en manos de uno u otro partido será decisivo para la futura acción política. De una parte, BNG apetece un departamento donde influir en lo que ya, de facto, tiene experiencia en dominar. No se olvide que su brazo sindical –la Confederación Intersindical Galega (CIG)– es mayoritaria entre el profesorado de esta comunidad, sino además sabe que desde ahí puede accionar los resortes de la política lingüística, un departamento de la Xunta que por sí solo cuenta con un presupuesto anual en torno a los 20 millones de euros.

En definitiva, en los próximas semanas se desvelará el futuro de la Educación gallega para los siguientes cuatro años, un área que el sector vazquista –liderado por el que fuera hombre de Paco Vázquez en el consistorio coruñés, José Luis Méndez Romeu– no estaría dispuesto a ceder al BNG. Pero en política, a veces, hay que buscar vías de entendimiento y hacer concesiones a quienes te dan la llave para gobernar.