Ser profesor universitario es sólo cuestión de méritos

Autor: Marta SERRANO

El pasado jueves la ministra María Jesús San Segundo presentó a los rectores y al Consejo de Coordinación Universitaria (CCU) el borrador de reforma de la LOU, que consta de 21 páginas muy interesantes, que vamos a desglosar.

Cambios para alumnos

De entre las propuestas nuevas, cabe destacar la creación de un Estatuto del Estudiante, que “deberá prever la constitución, funciones, organización y funcionamiento de un Consejo de los estudiantes universitarios”. Esta medida, según el Secretario de Estado de Universidades, Salvador Ordóñez, es necesaria para la participación de los estudiantes en sus derechos y obligaciones.

Uno de los puntos que más han sido criticados de la actual LOU, es el que proponía una segunda prueba de acceso a la universidad. El borrador nuevo elimina esto, y propone que se realice una única prueba –a imagen de la actual Selectividad–, dejando a las universidades los “procedimientos para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en centros de las mismas”. Ahora mismo, una comisión de expertos de Educación universitaria y de Secundaria están elaborando un nuevo modelo de Selectividad para que se ajuste a la nueva ley. Además, a partir de ahora habrá otra forma de acceso a la universidad. Todo aquel profesional que acredite una cierta experiencia laboral, podrá acceder a los estudios universitarios que correspondan a su actividad.

Al profesorado le dedican la mayor parte del texto, y no es de casualidad. Uno de los principales cambios es el sistema de acreditación de méritos para acceder a un puesto de profesor universitario, bien sea como titular o como catedrático.

No hará falta un examen, bastará con presentar los méritos a una comisión.

Desaparecen las figuras de profesor titular y catedrático de escuela técnica, para sustituirlos por los de profesor titular de universidad y catedrático de universidad, ambos bajo el marco funcionarial. Este tipo de docentes deberán ser al menos el 51% del total del cuerpo facultativo. Las comunidades podrán, no obstante, contratar al restante 49% como profesores no funcionarios, basados en la movilidad entre universidades. Esta iniciativa llevará el nombre de programa Miguel de Unamuno. La financiación de este sistema correrá a cargo del MEC, y busca evitar las temidas “fugas de cerebros”, dado que contará con una dotación de plazas de profesores visitantes, tanto extranjeros como de otras comunidades.

Las acreditación de los profesores correrá a cargo de la Aneca, que será a un organismo público.

La elección de rectores, ambigua

La elección de los rectores queda en manos del criterio propio de cada universidad. Así, se podrá optar por el sufragio universal ponderado que ya existe, o bien, por el claustro. El mayor problema es que ésta es una de las medidas que obligará a cambiar los estatutos de los centros, y eso ha generado cierto malestar en los rectores. Además, el Gobierno no ha sido nada claro a la hora de establecer el papel que deberán tomar las comunidades a este respecto, o más bien, al de la financiación. Lo que sí han asegurado es que se flexibilizarán los órganos de gobierno universitarios, siempre respetando las competencias propias de las comunidades y del ejecutivo.

Otras novedades a destacar pasan por establecer programas especiales para ayudar a sectores desfavorecidos. Las universidades privadas cambiarán también su sistema, al obligarles a contar con al menos un 50% de profesores con acreditación oficial.