El PP no participa en el desarrollo de Educación para la Ciudadanía
Autor: Marta SERRANO
Los grupos parlamentarios presentaron ayer sus últimas enmiendas a la LOE ante el registro de la Cámara Alta mientras el debate político sobre la Educación no ha cesado fuera del Parlamento. De hecho, desde que se conociera la primera propuesta del MEC para reformar el sistema no universitario de enseñanza, la Educación para la Ciudadanía ha estado en el centro del debate.
Así, paralelamente a los debates en el Senado, donde verdaderamente se está fraguando la estrategia a seguir en política educativa es en las comunidades autónomas.
Eso al menos es lo que se desprende de la última comisión general de Educación en la que el MEC invitó formalmente a las comunidades a participar en el desarrollo de los decretos de mínimos. Entonces una comunidad autónoma –gobernada por el PP– declinaba de inmediato la generosa invitación del MEC respecto al estudio de desarrollo de los contenidos de Educación para la Ciudadanía.
El asunto no es baladí, pues no es una comunidad sólo, sino todas las gobernadas por el PP –al menos seis como ha podido saber MAGISTERIO–, las que se negarían en pleno a colaborar con el MEC en el desarrollo de una asignatura que consideran “innecesaria y sectaria”.
No es esta, sin embargo, la primera ocasión en la que las comunidades frenan los planes de los titulares de Alcalá, 34. Hace sólo unos días todas las comunidades, tanto del PP como del PSOE, acordaron que las oposiciones se celebraran en 2006 según la normativa vigente para causar los menos trastornos posibles a los opositores. El acuerdo obligó al MEC a cambiar su posición, ya que días antes había anunciado que las oposiciones este año “se realizarían según el nuevo modelo de examen”.
Comisario político
En cuanto al debate en la Comisión de Educación del Senado, ahora que ya ha comparecido el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, junto a representantes de la mayoría de los grupos políticos, la atención parece centrarse en unos nueve o diez puntos nada más, al margen de las cuestiones técnicas. Así, aunque nadie se atreve a decir que “todo el pescado está vendido”, desde CiU aseguran que “aunque haya muchas propuestas de cambio, la realidad es que sólo se están negociando aspectos muy concretos”.
Uno de ellos sería el de la figura del “comisario político” o responsable que el ayuntamiento envía al centro para velar por el correcto cumplimiento de todas las normas.
Fuentes cercanas a CiU señalan que este aspecto sí quedará modificado mientras el PSOE mantendrá su intención de que haya una oferta suficiente de plazas públicas desde la etapa Infantil.
Cataluña, a por su Ley
La Generalitat ha anunciado que invertirá 1.197 millones de euros en la reforma del sistema catalán de Educación que implica la puesta en marcha del Pacto Nacional propuesto por la consejera, Marta Cid y que prevé medidas como la red única de centros o la sexta hora lectiva en los centros públicos de enseñanza. Cid ya ha calificado el pacto como “histórico” a pesar de que aún no ha sido firmado. De hecho, el Departamento de Educación quiere que el acuerdo se firme en el mes de febrero aún con la oposición de las principales asociaciones de padres, patronales y sindicatos. La consejera quiere que sea la base de partida para implantar cuanto antes la Ley de Educación catalana.
