Coordinadores de convivencia escolar

Autor: Marta SERRANO

Más vale tarde que nunca. Ese es el sentir general de la comunidad educativa ante el Plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar –presentado por el MEC y firmado– el pasado jueves.

La propuesta, valorada como positiva por la comunidad educativa en pleno, surge dentro del objetivo ministerial de recuperar la enseñanza en valores en la escuela. Al mismo tiempo, los graves casos de violencia en distintos centros conocidos en los últimos meses y las quejas de los docentes ante la constante interrupción de las clases y los problemas de disrupción en las aulas, han impulsado a las administraciones educativas a hacer algo al respecto.

De hecho, prácticamente todas las comunidades autónomas disponen ya de un Plan para mejorar la convivencia. Convivir es vivir, en Madrid, es un ejemplo. También Extremadura, Andalucía o Galicia cuentan con una propuesta de la que el MEC se hace eco en su Plan.

Y ésta es precisamente una de las quejas que los distintos consejeros de Educación le hicieron saber al MEC. Mientras la televisión y los periódicos recogían la firma con los sindicatos que el MEC se encargó de dar a conocer a bombo y platillo, los directores generales de Cataluña, Madrid o Castilla y León, entre otros, le decían a la titular de Educación, María Jesús San Segundo, que “si nosotros pagamos –las comunidades autónomas–, nosotros diseñamos”.

Cortina de humo…

A la queja por darles a conocer un Plan que se firmaba ese mismo día de manera oficial con los principales sindicatos del sector, se suman otras dos. Por un lado, la iniciativa llega tarde a juicio de las comunidades, que ya destinan parte de su presupuesto a mejorar el civismo y los buenos modales en los entornos escolares. Por el otro, las medidas que se proponen no son nuevas y han sido calificadas desde muchas organizaciones del sector educativo como “auténtica cortina de humo” porque “no concretan nada”.

En este punto, uno de los autores del Plan y subdirector general de Alta Inspección, Pedro Uruñuela, explicó a MAGISTERIO que “el Plan nace con la intención de coordinar y apoyar a las comunidades autónomas, con las que tenemos que ser muy respetuosos”.

De hecho, aunque el MEC no lo dice, pretende nutrirse de lo que ya han hecho y experimentado en otras regiones. Es más, el propio Plan parece una puesta en común –quizá improvisada– de lo que ya existe en las comunidades. Analicémoslo. Las medidas pasan por poner en marcha un observatorio –los observatorios y los indicadores parecen a día de hoy la panacea de los problemas–, una página web sobre convivencia, un congreso anual para intercambiar experiencias donde se escenifiquen problemas comunes, unos premios sobre el tema, o la elaboración de una guía de buenas prácticas para ver si es posible unificar y coordinar mejor la normativa.

Estarán de acuerdo en que con tales medidas no cabe esperar grandes mejoras en la convivencia. Basta escuchar a los profesores y responsables de los centros educativos para estar seguros de que su demanda primordial es el establecimiento de medidas para poder sancionar de inmediato a los menores que interrumpen las clases o aquellos que impiden la convivencia mediante insultos o agresiones a profesores y compañeros. A día de hoy, directores y docentes confiesan sentirse atados de pies y manos cuando surge un problema de convivencia en un centro. Y no es para menos. Las sanciones sólo llegan después de un proceso burocrático a través del Consejo Escolar del Centro que puede durar hasta ocho meses. Con periodos así de largos el menor implicado normalmente queda impune ante el sentimiento de impotencia del resto de la comunidad escolar.

Protocolo de actuación

Y no es que el Plan haga oídos sordos a este tema. De hecho, entre las medidas se establece que cada centro elabore su propio Plan de convivencia dentro Proyecto Educativo anual al tiempo que contempla la elaboración de un protocolo de actuación frente a las agresiones. Pero una vez más no se trata de nada nuevo. El Plan de Convivencia en el centro ya aparece regulado en la LOE y respecto al protocolo de actuación o la posibilidad de incluir medidas concretas como sancionar antes de que transcurran cinco días desde la acción disruptiva, Pedro Uruñuela admite que “el MEC no tiene capacidad para decirle a una comunidad autónoma que rebaje a cinco días el tiempo que pasa desde que sucede algo en un centro hasta que se aplica una sanción”. Lo que hay es “un compromiso de hablar con las comunidades sobre la normativa de sanciones porque creo que coincidimos en que, en este momento, uno de los problemas que hay en Secundaria es el tiempo que pasa desde que se comete la falta hasta que se aplica la sanción, en el que el alumno puede incluso terminar el curso e irse. En eso estaría en el protocolo de actuación”, señala el subdirector general de Alta Inspección.

No obstante, Uruñuela concluye que “en ningún momento el MEC adopta el compromiso de bajar a cinco días las sanciones”, porque aunque fuera su deseo, “podría llevarse adelante o no según las comunidades. Es su competencia, no es normativa básica”, aclara.

Asistencia jurídica

Junto a medidas encaminadas a erradicar las agresiones o saber cómo hacerles frente, los docentes, que aseguran estar desprotegidos por la Administración educativa, exigen otra medida eludida por el Plan de Convivencia del Ministerio de Educación. Se trata de contar con una “asistencia letrada ágil y adecuada a las circunstancias actuales”, porque la póliza que da cobertura a los profesionales de la enseñanza que se ven implicados en procesos judiciales ha quedado desfasada tras la entrada en vigor de los juicios rápidos.

Así lo confirman además desde sindicatos como STE o ANPE que por este motivo puso en marcha en Madrid a principios de curso –y con gran éxito por cierto– el teléfono del profesor, para que los docentes tuvieran a quien acudir al sentirse indefensos o víctimas de alguna agresión.

Presupuesto usado

En cuanto al monto destinado por el MEC este año para poner en marcha el citado Plan cabe destacar que del total previsto, 4.495.000 euros, un poquito menos de la mitad, 2.000.000 euros, corresponden a la memoria económica de la LOE (para tutorías, refuerzos y desdoblamientos) y la otra gran partida de 1.875.000 euros se tratará de conveniar con las comunidades. Nada nuevo, por tanto.

¿Quién pone el dinero?

Para que los sindicatos acepten el Plan de Convivencia nada más efectivo que acompañar dichas medidas de un presupuesto, que en el caso que nos ocupa supone 4,5 millones de euros.
Plan a cinco años.

El subdirector general de Alta Inspección, Pedro Uruñuela, ha explicado a MAGISTERIO que este monto corresponde sólo al año 2006, es decir, al ejercicio actual, aunque el Plan está diseñado a cinco años vista.
Esto implica además, al margen de que el MEC se haya comprometido a poner este dinero “de su bolsillo” para 2006, que en los próximos cuatro años la idea es que se vayan firmando distintos convenios con las comunidades autónomas y éstas se hagan corresponsables de la financiación del Plan impulsado desde Madrid.

Es más, el dinero que el MEC pretende generosamente gastar en temas de convivencia es dinero ya conocido por todos, pues los Presupuestos Generales del Estado para 2006 fueron aprobados hace tiempo por el Parlamento y, por tanto, cuando hablamos de 4,5 millones de euros, hablamos de dinero ya presupuestado y comprometido. Un ejemplo: la mitad del dinero (dos millones) son de la LOE.

Los ninguneados en el Plan

Al cuestionable procedimiento de elaboración, –en el Plan de Convivencia han participado el MEC y los sindicatos, dándose la espalda a las comunidades autónomas–, se suma la falta de medidas nuevas y un agravio comparativo aún si cabe más grave que el de no contar con las verdaderas gestoras de la Educación. Ni se ha invitado a STE –segundo sindicato más importante en el conjunto de España, (sólo CCOO es más votado)–, ni se ha contado con la Confederación de APAS Concapa, más cuando Ceapa sí conocía el Plan y participó en la firma oficial. Se da la circunstancia que ambas organizaciones son críticas con la Ley Orgánica de Educación.

No obstante, el MEC ha anunciado que próximamente se invitará a otras organizaciones a adherirse al Plan ministerial. Para el sindicato STE, el Plan “es una cortina de humo que lo que pretende es ocultar los problemas por no tener las soluciones a los que están constatados”, señaló Augusto Serrano, portavoz de la organización sindical.

Además, la Confederación de STE considera que el citado Plan presenta déficit relevantes que condicionan su efectividad y que es preciso subsanar. Las soluciones pasarían por disminuir la ratio de alumnos por aula, aumentar las plantillas contratando distintos profesionales como mediadores escolares, responsables de salud, cuidadores, acompañantes, etc.

“Este Plan, que es sólo de unos pocos, nace prácticamente muerto y con poca financiación”, señaló Augusto Serrano.

Castilla y León como ejemplo

En el Plan de Convivencia del MEC se alude a los estudios llevados a cabo desde comunidades como Andalucía, Galicia, Navarra, Madrid o Valencia. No se cita al resto, aunque en MAGISTERIO nos consta que en Extremadura, Aragón y ambas castillas, por citar sólo algunas, también hay acciones para mejorar el clima escolar.

Mención especial merece el caso de Castilla y León donde ya hace más de un año, concretamente el 26 de enero de 2005, se publicaba en el Boletín Oficial de la región una Orden relativa al fomento de la convivencia en los centros.

Asimismo, el 16 de febrero de este mismo año se creaba, por Real Decreto nada menos, el Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León.

Ya disponen de un Congreso anual propio sobre el tema, que en 2006 se celebrará en Salamanca el 9 de mayo. Asimismo cuentan con unos indicadores sobre convivencia plasmados por escrito, actividades de formación para profesores y para familias y hasta una relación de centros donde se implantará la figura del coordinador de convivencia. ¿Qué aporta nuevo para esta comunidad el Plan?

LUIS PERAL, CONSEJERO DE MADRID: “No es serio y se invaden competencias de las CCAA”

“No podemos hacer una valoración porque acabamos de conocer este Plan”. Nos parece que el Plan no es serio y se invaden competencias de las comunidades. Es más, “de todo lo que se ha firmado con los sindicatos nunca hemos visto un euro y me temo que este Plan implicará financiación de las comunidades porque el MEC no puede comprometerse al refuerzo de las tutorías, por ejemplo, cuando no tiene competencias más allá de unos pequeños territorios”.

JOSÉ VALVERDE, CONSEJERO DE C-LA MANCHA: “Nos hubiera gustado que se nos hubiera consultado”

“Valoramos el Plan positivamente y creemos que hacerlo es una obligación del Ministerio para ejercer un liderazgo”, aunque “la verdad es que nos hubiera gustado conocerlo antes de haberlo cerrado con los sindicatos porque las comunidades autónomas somos las que tenemos más relación con los centros, con las familias y con los profesores”. Además, aunque no se nos ha pedido dinero, la verdad es que las diferentes consejerías ya llevamos gastado mucho”.

EVA ALMUNIA, CONSEJERA DE ARAGÓN: “Tenemos ya un Plan de Convivencia propio”

“En la Consejería de Educación de Aragón ya hace tiempo que contamos con un programa muy sólido para prevenir la violencia escolar y fomentar la convivencia. Se basa en tres pilares claves: Un Plan que actúa desde la inspección educativa, un estudio que se elabora desde la Universidad de Zaragoza y del que ya vamos a tener los primeros resultados y una convocatoria para fomentar acciones que mejoren la convivencia en los centros y ponerlas en común”.

J.L ÁLVAREZ GUISASOLA, CONSEJERO CASTILLA Y LEÓN: “El Plan es un plato puesto en un menú que está cerrado”

“El plan es un plato puesto de un menú que está cerrado”, afirmó el consejero castellanoleonés. Esta comunidad, junto a Cataluña, fueron de las más críticas con este Plan, al que explicaron “le falta plantear un nivel de coordinación con las comunidades autónomas”. El consejero no comprende cómo se presenta este plan en la Comisión General de Educación sólo cuatro horas antes de que lo firmen con los sindicatos y sin haberse consultado previamente con las CCAA.

LAURA PIÑÓN, CONSEJERA DE GALICIA: “Es positivo que el MEC proponga un Plan así”

La consejera de Educación gallega valora positivamente el Plan del MEC aunque advirtió de que“en Galicia ya se está elaborando un Plan integral de mejora de la convivencia en los centros que recoge medidas para paliar situaciones de violencia y actuaciones preventivas también”, señaló, añadiendo que “en la comisión para elaborar este Plan estarán representados distintos colectivos e irá próximamente a Consejo de la Xunta y al Consejo Escolar de Galicia”.