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“Las comunidades harán aportaciones al Plan de convivencia”

Tras las críticas de la comunidad educativa al Plan de Convivencia presentado por el MEC para los próximos cinco años, Pedro Uruñuela, subdirector general de Alta Inspección, explica el porqué del proyecto en MAGISTERIO.
Miércoles, 5 de abril de 2006
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Autor: Marta SERRANO

¿Se trata de un Plan improvisado desde el MEC?
El Plan surge por el clamor del profesorado y porque es necesario, pero también hay que decir que aunque no hubiera problemas de convivencia lo haríamos igualmente porque es un objetivo educativo. No sólo hemos de hacer mentes bien formadas, con conocimientos, sino también mentes con corazón.

Suena a Educación para la Ciudadanía, ¿tiene algo que ver?
La Educación para la Ciudadanía una de las dimensiones que tiene es la Educación para la convivencia, por eso, en la LOE se recoge que cada centro elabore su propio plan de convivencia como una parte del proyecto educativo del centro. Creemos que no puedes estar explicando en clase algo que luego esté en contradicción con el centro. Por ejemplo, si uno de los valores de la ciudadanía es la participación, tú no puedes luego en clase no dar participación a tus alumnos.

Se habla de colaboración con las comunidades pero se firma con sindicatos, ¿por qué?
Todas las comunidades están de acuerdo y ven bien que el MEC se sume al esfuerzo de todos, ven bien que ponga en marcha un plan de apoyo sobre la convivencia. Las comunidades también han hecho sugerencias críticas para mejorar el plan, es cierto, y es de agradecer. El Ministerio de Educación sólo tiene competencias en Ceuta y Melilla. Lo que se pretende es coordinar y apoyar los planes que ya tienen las distintas Consejerías de Educación de las comunidades.

Se citan como ejemplos los planes de Madrid, de Andalucía, etc. ¿Se ha tomado alguno como referencia?
Hemos tenido en cuenta todo. Evidentemente, en el MEC seguimos todo lo que se hace en las comunidades y creo que cada una aporta cosas importantes. En unas es el observatorio de los problemas de convivencia, en otras su experiencia de mediación, en otras el decreto que han sacado de derechos y deberes…

Este convenio marco, ¿tomará forma de decreto o de orden ministerial?
Nace como un acuerdo firmado con los sindicatos porque sin el profesorado es imposible llevar nada a cabo. Los representantes del profesorado son los sindicatos y queríamos contar con ellos, que se comprometan también para que todas estas acciones lleguen luego a los centros y se pongan en marcha. También se firma con Ceapa, porque sin los padres tampoco vamos a conseguir nada. Tú no puedes trabajar en una cosa durante el día y que luego se deshaga en casa. Necesitamos que los padres colaboren más con los profesores en general y con los centros.

¿Y Concapa, que es la otra gran Confederación de asociaciones de padres?
Estamos en conversaciones con FERE y Fisie. Nuestra idea es hablar con más gente, por ejemplo, con el sindicato STE, que no firmó en su momento el acuerdo del 20 de octubre y ahora ha quedado fuera porque esto es un desarrollo de dicho acuerdo. Estaríamos encantados de hablar también con Concapa, si quieren…

Se ha publicado que con este acuerdo se va a poder sancionar en cinco días. ¿Es así?
No. Tenemos que ser respetuosos con las comunidades y esto se repite varias veces en el plan. La gestión inmediata de lo que pasa en los centros corresponde a las autonomías. Hay una serie de normativa que es básica para todas las comunidades y ésa la queremos negociar con ellos, por ejemplo, los temas del currículum de Educación para la Ciudadanía, que rozan también con el ámbito de la convivencia. Eso tenemos que negociarlo con ellos.
También queremos intercambiar experiencias para ver los problemas comunes, y si es posible unificar y coordinar la normativa. En ningún momento hay un compromiso de bajar a cinco días el plazo para sancionar, pero sí hay un compromiso de hablar con las comunidades sobre qué problemas hay en estos momentos con la normativa de sanciones.
El resto, por ejemplo, el decreto de derechos y deberes no es una norma básica, sino que cada Comunidad ha tenido la opción de legislar y hacer su propio decreto o podrá acogerse al que hará el MEC.

¿Qué pasará entonces con la normativa de sanciones?
En el tema de las sanciones todos coincidimos de algún modo que, en este momento, uno de los problemas que hay en Secundaria es el tiempo que pasa desde que se comete la falta hasta que se aplica la sanción, porque puede incluso terminar el curso e irse el alumno. No tenemos capacidad para decirle a una Comunidad que rebaje a cinco días el tiempo. Eso estará en el protocolo de actuación.

¿También ha habido críticas sobre la financiación?
Para 2006, hay 4,5 millones de euros que pone en exclusiva el MEC. El compromiso con los sindicatos es que se irá aumentando el presupuesto anualmente en función de la renovación del plan. Tenemos que hablar con las comunidades para ver qué aportaciones harán para los próximos años.

La mitad de ese dinero era para implantar la LOE…
Bueno, pero se ponen 2,5 millones de euros más.
 

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