Los errores del informe sobre acoso invalidan sus conclusiones

El informe fue presentado a la prensa el pasado día 18, aunque ya había salido en algún medio en exclusiva. Como suele ser habitual –en los dos últimos informes, casi uno de cada cuatro alumnos de la Comunidad de Madrid era acosado, y casi uno de cada cuatro profesores de la comunidad de Madrid eran acosados–, la conclusión del informe era que casi uno de cada cuatro alumnos españoles sufría «acoso o violencia escolar».

Sin embargo, pronto comenzaron a escucharse voces –encabezadas por la ministra de Educación– que ponían en tela de juicio los datos del informe. Sin embargo, se quedaban ahí, o declaraban que no coincidían con los oficiales. Empero, ninguno hasta ahora se ha molestado en dar argumentos sobre fiabilidad.

Pero el informe denominado Cisneros X tiene diversos errores –como ya denunció MAGISTERIO para los informes VIII y IX– tanto en la obtención de muestras como en la definición de las categorías que emplea.

 

 

Analizando la muestra salta a la vista –como puede verse en la tabla (columna ´Porcentaje´)– que el número de alumnos encuestados no guarda relación con el de la número de alumnos de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, el porcentaje de alumnos incluídos en la muestra de Aragón cuadruplica al de Castilla-La Mancha/Extremadura. No es un error insalvable si se aplican medidas de corrección, cosa que los autores del informe no hacen.

Además, se especifican el número de aulas totales donde se realizó la encuesta (1.150) y los alumnos totales y por comunidad autónoma, pero no el número de centros, ni su titularidad, ni su «ambiente social», ni cómo se han seleccionado. Este dato es importante porque el margen de error facilitado sólo sirve si la muestra seleccionada lo es al azar, y ni siquiera basta con que los centros lo sean: como dice Javier Tourón, profesor del departamento de Educación de la Universidad de Navarra y especialista en métodos de investigación, «treinta alumnos de un centro son mucho más parecidos entre sí que treinta alumnos de distintos centros, por lo que suministran menos información».

Si la muestra fuera aleatoria, el error sería tal que haría difícil comparar entre comunidades autónomas (como indica la columna ´Error´ de la tabla, la mayor parte de las diferencias no son significativas). Pero si se han examinado tan sólo, por ejemplo, cincuenta centros, el error de medida sería tal que, como dice Tourón, «sólo se podría decir que los resultados se circunscriben a los alumnos encuestados», es decir, no sería posible generalizar las conclusiones.

Curiosamente, en el mismo estudio se indica que uno de los problemas más frecuentes de la investigación del acoso escolar en España es «la utilización de muestras insuficientes, con errores muestrales superiores al dato de prevalencia» y «métodos de muestreo sesgados». Como hemos visto, el tamaño de la muestra del informe Cisneros X podría ser suficiente para España –con los problemas indicados– y algunas comunidades, pero no su calidad.

 

 

Pero también hay otros problemas en el estudio, el principal causado por las indefiniciones y contradicciones en que cae el estudio. Por ejemplo, el informe recoge datos de autopercepción de los alumnos, lo cual es problemático en edades tempranas (el cuestionario se pasa desde 2º de Primaria) según los especialistas consultados.

La realidad es que ningún estudio nacional o internacional hasta la fecha había cifrado la incidencia del acoso escolar en más del 5%. Para explicar esta diferencia, el estudio, aparte de cargar contra todos los realizados hasta ahora en España, dice que va más allá. En otras palabras, que mide más de lo considerado hasta ahora, aunque no acaba de definir qué.

Sin embargo, a la hora de cifrar las consecuencias del acoso echan mano de otros autores –sin citarlos– que sí se refieren al acoso como tal. El caso paradigmático es el de Olweus, ya que dio lugar a una «nota aclaratoria» de los investigadores Cisneros. En la nota achacan el error a los periodistas –el informe dice claramente que «un 60% de los niños que participa en conductas de acoso cometerá un delito antes de los 24 años»–, y se desmarcan del dato del investigador sueco.

Lo que Olweus dice es que «alrededor del 60% de los chicos definidos como agresores en los grados 6 al 9, a los 24 años había recibido una sentencia inculpatoria» (en países nórdicos). Lo que hay que preguntarse es por qué utilizan este dato en el informe Cisneros X. ¿Miden lo mismo, no lo miden o se mantienen en esa cómoda indefinición?

 

–Mercedes Cabrera, ministra de Educación: son «datos sobrecogedores», y esperamos que la información «sea justa y sostenida sobre bases contrastadas».

–José Luis Iglesias Riopedre, consejero de Educación de Asturias: «el estudio carece de solvencia científica y maneja cifras inverosímiles».

–Joan Manuel del Pozo, conseller de Educación de Cataluña: el informe es «rotundamente falso»; «mi pregunta es qué esconde una cifra tan desproporcionada».

–Consejería de Educación del Gobierno vasco: «la disparidad de criterios en el estudio de la fundación Cisneros es notable y en él se mezclan agresiones o insultos puntuales con una conducta de agresión repetida».

–José Luis Carbonell, presidente de Concapa: estos datos «son consecuencia de un sistema educativo que está enfermo»; «la pérdida de autoridad de los profesores, la falta de orden y disciplina en las aulas, unido a la falta de exigencia, trae estas consecuencias».

–Lola Abelló, presidenta de Ceapa: los datos «no son realmente fiables del todo»; lo que ocurre es que ahora le ponemos la etiqueta muchas veces en demasía, de acoso escolar».