El timo del PIB

Sin embargo, desde hace años, pero cada vez más abundantemente, se oye a cada vez más políticos autonómicos defender las cifras del gasto educativo de una comunidad en relación al PIB generado por los habitantes de la región. Traslación fácil e inmediata, que tuvo éxito –ya veremos por qué– en las comunidades con un PIB per cápita menor, y que se repita inanemente por tantos acostumbrados a tomar palabras de otros sin que exista reflexión por medio. Total, si sirve al discurso…

El último ejemplo lo tenemos en Manuel Chaves, que el pasado 12 de septiembre, durante una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el Partido Andalucista como consecuencia de la publicación por MAGISTERIO de la evolución del fracaso escolar en Andalucía, en la que volvió a ponerse la medalla de que «el gasto público en Andalucía supera el 4,54% del PIB de nuestra comunidad, mientras que la media española está en el 3,97». Pues va a ser que no (por cierto, que el discurso de Chaves, plagado de matemática creativa, merecerá un análisis aparte en semanas venideras).

Primero, porque la media española está en un 4,41%. Segundo, porque no se puede trasladar la fórmula nacional a una comunidad autónoma sin efectuar correcciones.

 

 

Para empezar, en España –y en cualquier otro país– los impuestos dependen sobre todo del PIB generado, y de los impuestos depende la capacidad de gasto. De ahí que sea correcto utilizar en una nación el porcentaje del PIB destinado a Educación.

Pero en España, las comunidades autónomas (salvo País Vasco y Navarra) no reciben impuestos en función de su PIB –algo que se considera injusto e insolidario– sino en función de su población. Es decir, una persona paga impuestos en función de su renta (en teoría), y recibe los mismos servicios que cualquier español, y lo mismo pasa con una comunidad autónoma.

Por ejemplo: si por la media española un ciudadano paga 100 euros, un madrileño paga 130 euros de media, mientras que un andaluz paga 77. Sin embargo, tanto el gobierno andaluz como el madrileño reciben, grosso modo, lo mismo en el reparto de impuestos, 100 euros. Por tanto, ambos gobiernos tienen la misma capacidad de gasto por habitante, y esta capacidad de gasto –y de gasto en Educación– no depende del PIB autonómico, sino de su proporción del PIB nacional.

 

 

Por eso, cuando se calcula el gasto educativo de una comunidad en relación al PIB, no se puede hacer referencia al PIB generado por la región, sino al PIB que corresponde a cada habitante, pues es de esa razón de donde deriva su capacidad de gasto. Salvo que prime el interés sobre la realidad, algo demasiado habitual en política.

De hecho, se puede comprobar que cuando se utiliza el gasto educativo de una comunidad en relación a su PIB se está hablando en realidad del PIB de esa comunidad: la correlación –R de Pearson– entre ambas series es de -0,88 (-0,95 si se quitan P. Vasco y Navarra). Es decir, a menos PIB per cápita autonómico, más gasto en Educación –o cómo convertir una mala gestión en un buen dato.

Esa es la razón por la que el argumento tiene tanto éxito entre las comunidades con un PIB por debajo de la media nacional: cuanto menos PIB, de más gasto educativo puedes –falsamente– presumir.

Por contra, la medida del gasto en relación con el PIB español no tiene esos problemas, pues se reduce a un 0,33 con respecto al PIB per cápita de la comunidad, y no tiene ninguna correlación significativa con otros factores.

 

 

Como se puede comprobar en el gráfico, el panorama del gasto educativo de las comunidades cambia por completo: primero, es evidente que la variación entre comunidades es mucho menor (la desviación típica se reduce a la mitad); además, aquellas comunidades que sacaban pecho con su gasto educativo, ya pueden desinflarse. Curiosamente, en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura es donde más cambia el panorama: justo las tres cuyos gobiernos no paran de presumir de gasto.

Ni siquiera País Vasco y Navarra pueden vanagloriarse: su sistema impositivo sí permite una relación entre PIB y capacidad de gasto, por lo que, en este caso, sí se puede juzgar su gasto por el PIB autonómico (barra clara en el gráfico), al menos en parte.

Ya sabe, cuando vuelva a oír a cualquier ígnaro utilizar interesadamente estos datos, si no puede mandarlo callar, seguro que al menos puede reírse de él.

 

El gráfico muestra el porcentaje de variación del gasto en Educación de cada comunidad autónoma para las dos formas de utilizar el PIB. La barra clara es el gasto público en Educación expresado como porcentaje del PIB autonómico (mal utilizado por los políticos, puesto que es equivalente al PIB per cápita autonómico) La barra oscura es el gasto público en Educación expresado como porcentaje del PIB nacional que le corresponde proporcionalmente a esa comunidad en función de sus habitantes (es un dato más real para medir el esfuerzo financiero dedicado a Educación, puesto que es proporcional a los impuestos que recibe cada comunidad, su capacidad real de gasto).