Sólo un 15% de los profesores agredidos se atreve a denunciar

Autor: Aixa ALONSO-GALLO

El número total de denuncias por agresión a docentes asciende a 44 durante los últimos tres cursos. Esta cifra, aportada por la consejera de Educación, Cándida Martínez, ante el Parlamento de Andalucía la semana pasada, resulta mínima en comparación con el número de agresiones que se estiman desde otras fuentes. Patricio Pérez, responsable de política educativa de CCOO de Andalucía, asegura que “esa cifra  sólo pone de manifiesto los casos que han sido denunciados, en realidad son bastantes más”. Pérez basa su estimación en un registro que está llevando un centro educativo, y que ha contabilizado alrededor de 300 casos de agresión en el mismo período de tiempo.
Ese dato, en ningún caso científico, ha sido obtenido a raíz de las llamadas de solidaridad que ha recibido un profesor del colegio tras haber denunciado una agresión por parte de colegas de profesión que se encuentran en las mismas circunstancias. Sin embargo, un gran número de los docentes en esta situación no denuncia por temor a las represalias de los agresores o de los familiares que los amenazan.
Para tratar de paliar el problema de la violencia en las aulas, la Consejería andaluza de Educación se ha comprometido a adoptar, mediante un decreto, medidas para la mejora de la convivencia en los centros educativos de Secundaria sostenidos con fondos públicos. De acuerdo con esta norma, todos los colegios tendrán que elaborar un plan anual de convivencia en el que figuren los objetivos y el diagnóstico del centro respecto a este tema. Además, se nombrará a un delegado que actúe de mediador entre los profesores y los padres de alumnos conflictivos. El decreto se presentará próximamente ante el pleno con intención de prevenir y tratar lo antes posible todas las manifestaciones de violencia en los centros educativos. Martínez, ha asegurado que también se va a incrementar la seguridad en los centros y, en caso de agresión a un docente se agilizarán las medidas correctivas y las expulsiones pertinentes.
Con la entrada en vigor de esta nueva orden, el personal educativo contará con asesoramiento jurídico y asistencia legal gratuita (financiada por la Consejería) para la que el interesado podrá escoger libremente a los profesionales que considere