Debate Pública-Privada sobre bases científicas

Autor: Rodrigo SANTODOMINGO

Estados Unidos adora las cifras. Todo tipo de estadísticas, datos, comparaciones y gráficos son bienvenidos en un país donde el espíritu práctico y el amor por lo empírico –entendido como la capacidad de certificar una hipótesis con números objetivos– prima sobre todas las cosas.
Tanto gusta allá cuantificar que existen varios campos donde conviven multitud de informes contradictorios  entre sí. Uno de ellos es la Educación, y, en los últimos tiempos, concretamente la dicotomía Pública-Privada en cuanto a la eficacia de una y otra para proporcionar una enseñanza de calidad.
Con el gobierno Bush abiertamente decantado por el modelo privado, al que concede todo tipo de prebendas, no faltan desde hace algunos años investigadores que se preguntan hasta qué punto las supuestas ventajas inherentes a aquél son reales o sólo aparentes.
Y la respuesta es que aún no tenemos respuesta. La secuencia acción-reacción (un estudio apunta en una dirección, a los meses aparece otro que lo critica y corrige, pasado un tiempo un tercero desacredita al segundo y vuelve a las conclusiones del primero…) se ha convertido en norma, generando confusión y dudas. Y creando un interesante debate científico que en España aún no ha escapado del terreno puramente ideológico y especulativo.
Cierto que algunas investigaciones (de hecho la mayoría) son sospechosas de apuntarse al sesgo político, pero allí al menos existen cifras para echar a andar. Aquí no hay más que ideas y suposiciones.

Muestra

Casi todos los trabajos publicados sobre el tema utilizan como muestra los datos del National Assessment of Education Progress (NAEP), un examen de ámbito nacional que realizan cada tres años los alumnos de los cursos equivalentes a nuestro 4º de Primaria y 2º de ESO.
No es por tanto un problema de cómo y dónde se ha realizado el trabajo de campo. Las divergencias llegan después, cuando se trata de procesar los datos con un objetivo que todos persiguen: eliminar los factores socioeconómicos que diferencian a una y otra red educativa para compararlas en términos de igualdad.
Y lo cierto es que no existe una fórmula consensuada para llevar a cabo esta compleja operación. A falta de acuerdo, cada investigador utiliza la suya propia, que por supuesto no convence a muchos de sus colegas de profesión, que a su vez idean otra nueva.
La última batalla de esta auténtica guerra de cifras ha estado protagonizada por, de una parte, el National Center for Education Statistics (NCES, oficial, dependiente del Departamento de Educación), y, de la otra, Paul E. Peterson y Elena Llaudet, respectivamente profesor e investigadora de la Universidad de Harvard.
En julio del pasado año, el Education Testing Service (ETS) dio a conocer los resultados de un informe –Comparar las escuelas públicas y privadas utilizando el modelo jerárquico linear– encargado meses atrás por el NCES.
El estudio concluía que, una vez controladas las características socioeconómicas del alumnado, los centros públicos y privados conseguían resultados similares. Los estudiantes de 2º de ESO de la Privada eran un poco mejores en Lengua que sus iguales en la Pública, y estos rendían en 4º de Primaria por encima de aquellos en cuanto a conocimientos matemáticos. En el resto de variables las diferencias no eran estadísticamente significativas.

Críticas

Poco después de hacerse público –y aunque sus autores admitían que las conclusiones debían ser interpretadas “con cautela”, y que no era bueno establecer conexiones causa-efecto automáticas– el informe ya contaba con un nutrido ejército de detractores.
Por ejemplo, la Fundación Heritage, un poderoso think tank que se autodefine como “conservador” en su página web. Shanea Watkins, que ostenta un cargo tan rimbombante como “analista política de estudios empíricos en el centro para el análisis de información” de dicha fundación, escribió en septiembre un artículo en el que llegaba a afirmar que el informe del NCES no cumplía “los requisitos mínimos de una investigación rigurosa”.
Watkins centró sus críticas en el hecho de que los autores sólo hubieran analizado los datos de un año concreto (2003). Según ella, si lo que queremos es medir la eficacia de un tipo de escuela, es imprescindible observar la evolución de sus alumnos a lo largo de los años.
El propio comisariado del NCES, Mark S. Schneider (el estudio se realizó cuando aún no ocupaba el cargo), censuró la implicación de un organismo público en informes que utilizan “criterios subjetivos”. Schneider añadió que el trabajo del NCES debía limitarse a “recolectar información en crudo y hacerla disponible” para que sobre ella trabajen investigadores privados.

Fallos

Otra voz extremadamente crítica con el análisis elaborado por el ETS fue la de Paul E. Peterson, profesor de la Universidad de Harvard y director de la prestigiosa publicación Education Week.
Peterson optó por sumarse al debate realizando, junto a su colega en Harvard Elena Llaudet, su propio contra-análisis, que fue publicado el pasado otoño.
Según los autores, El estudio escuela pública-privada del NCES. Las conclusiones no son lo que parecen vino a demostrar que el primer informe había infravalorado la presencia en la Privada de alumnos en situación de desventaja socioeconómica, y la había exagerado para el caso de la Pública.
Como era de esperar, Peterson y Llaudet propusieron un modelo alternativo. De hecho (ver apoyo bajo el gráfico), propusieron tres. Al detectar tres variables mejorables en el estudio del NCES y ofrecer una solución de cosecha propia para cada una, futuros investigadores podrían utilizar uno, dos o los tres cambios al realizar nuevos análisis.
Al servirse de una metodología supuestamente más sofisticada y ajustada a la realidad, las aguas volvían a su cauce y la Privada seguía obteniendo mejores resultados que la Pública aún en igualdad de condiciones. El conocido como “efecto escuela privada” estaba vivo y coleando.
¿Que fallos observaron Peterson y Llaudet en el informe del NCES? Varios, algunos difícilmente discutibles.
Ante todo, no se había tenido en cuenta que los centros públicos y privados utilizan distintos criterios para clasificar a sus alumnos o solicitar ayudas oficiales.
El caso de las becas de comedor (tenido en cuenta por el NCES) es un claro ejemplo de ello. Los privados tienen que sortear muchos más obstáculos burocráticos para obtener ayudas, por lo que desisten con más facilidad en su esfuerzo por conseguirlas, con independencia del poder adquisitivo de sus alumnos.  Peterson propuso utilizar en su lugar el nivel educativo de los padres, un parámetro en principio mucho más fiable.
Algo similar ocurría con los alumnos cuya lengua madre no es el inglés o con aquellos que precisan de algún programa de Educación especial: Peterson presentó alternativas para calibrar estos factores de diferente manera.
Quizá esperando otra vuelta de tuerca, los autores remataban su estudio con un ejercicio de cautela: “no ofrecemos nuestros resultados como una evidencia de que la Privada funciona mejor que la Pública, sino más bien como una demostración de que los resultados del NCES dependen demasiado de decisiones analíticas cuestionables”.

La red de escuelas públicas en EEUU, que aún escolariza al 90% del alumnado en ese país, es una de las más desiguales y heterogéneas del mundo. En ella conviven colegios e institutos con instalaciones y equipamientos que ya quisieran para sí muchos privados españoles, tranquilos centros rurales y high schools situados en los barrios pobres de las grandes ciudades donde la suciedad y los detectores de metales están a la orden del día.
Profundamente descentralizado, el sistema estadounidense cede la gran mayoría de la financiación a los estados y (más importante) los distritos escolares locales. De esta forma, el presupuesto de cada centro depende sustancialmente de la zona en la que esté ubicado. En otras palabras, las localidades y barrios más ricos tienen mejores centros públicos, y los más pobres, peores. Una fórmula en las antípodas de cualquier noción de justicia distributiva. En EEUU no recibe más quien más necesita: ocurre más bien al contrario.

Diferencia Pública-Privada según el NCES y tres modelos alternativos

Ventaja subjetiva según el modelo utilizado

El gráfico muestra la ventaja de la Pública o la Privada sobre la otra red educativa según el estudio del National Center for Education Statistics (NCES) y los tres modelos alternativos del profesor E. Peterson. El modelo 1 es el que menos cambios incluye sobre el del NCES; el modelo 3, el que más. Como se observa, a medida que pasamos de un modelo a otro aumenta la ventaja de la Privada. La Pública sólo gana en dos variables del modelo del NCES.

Un joven matrimonio contra el “efecto Privada”

El informe del NAEP que motivó la respuesta del profesor Paul E. Peterson no es el primero que sostiene que la escuela pública de EEUU obtiene mejores resultados que la privada si eliminamos la influencia que ejercen los factores socioeconómicos sobre el rendimiento del alumnado.
Meses antes de que el departamento de Educación hiciera público su controvertido estudio, un joven matrimonio de investigadores educativos que enseña en la Universidad de Illinois –Chris y Sarah Lubienski– ya había dado a conocer otro informe que llegaba a conclusiones similares.
Los Lubienski, que aplicaron su propia fórmula para homogeneizar las poblaciones escolares de la Pública y la Privada, alcanzaron entonces una cierta notoriedad como detractores con base empírica del llamado “efecto escuela privada”, esto es, la mayor eficacia de esta red de centros por su mera naturaleza empresarial y competitiva. Como el NAEP, también cosecharon críticas centradas en la debilidad metodológica de la que adolecía su estudio.