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Aulas para niños conflictivos: ¿una solución eficaz?

La publicación en la Comunidad Valenciana del Decreto de derechos y deberes de los alumnos ha venido acompañada de la polémica por las declaraciones del conseller de crear aulas específicas para los alumnos conflictivos. Este anuncio ha sido criticado por algunas organizaciones que consideran que e
Miércoles, 31 de octubre de 2007
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Autor: Adrián ARCOS

El problema de la violencia escolar vuelve a estar estos días de actualidad. De nuevo regresa la discusión sobre la necesidad de reforzar la autoridad de los profesores, el aumento de la disciplina, la responsabilidad de los padres o el papel de los observatorios de la convivencia. Y también llega la polémica por la aparición de decretos con medidas sancionadoras para los alumnos más conflictivos.

Ayer se presentaba en la Comunidad Valenciana el Decreto de Derechos y Deberes de los alumnos, padres y profesores para regular la convivencia en los centros. El texto obliga a los padres a participar de forma activa en la Educación de sus hijos y en los comportamientos dentro y fuera del centro. Se otorga también más autoridad a los docentes y deja las decisiones disciplinarias a cargo del director, que delega en el jefe de estudios o en el profesor las sanciones. Además, incluye el ciberacoso como una nueva categoría de incidencia y regula el uso de móviles y aparatos electrónicos en los centros educativos.

El anuncio de esta normativa ha venido acompañado de debate en los sectores educativos durante los últimos días. La razón se debe a una declaraciones del conseller valenciano de Educación, Alejandro Font de Mora, en las que anunciaba la creación de aulas de convivencia temporales para alumnos conflictivos o para niños que requieren una especial atención por presentar problemas psicológicos o de conducta.

Voces en contra

El secretario de acción sindical de CCOO en la Comunidad Valenciana, Miguel Ángel Vera, considera necesaria “la atención a los alumnos con mayores dificultades, pero no mediante la creación de aulas cerradas con las que se generen guetos”. Él se inclina por el desarrollo en los centros de itinerarios formativos personalizados con los que se analicen los problemas de cada alumno y puedan solucionarse a través de una mayor atención.

La secretaria general de la Confederación de Asociaciones de Padres (Ceapa), Encarna Salvador, también piensa que “estas aulas específicas son en realidad guetos”. “Si  un alumno conflictivo se incorpora a una clase con 15 o 20 alumnos en su misma situación va a ser más difícil que ese alumno sea recuperable”, opina Salvador.

Vicent Barggeto, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Directores (Fedadi), valora positivamente que el borrador otorgue al director capacidad ejecutiva inmediata. Barggeto apoya este tipo de medidas “siempre que se traten de un recurso extra para la atención a la diversidad y no se enfoque de forma que se cree una segregación absoluta de los alumnos”. Sin embargo, observa que “el documento se queda a medio camino, porque intenta solucionar los problemas graves, que luego en la realidad son puntuales, y se olvida de los pequeños casos que van surgiendo día a día”.

Regiones con decreto

Pero el decreto de la Comunidad Valenciana no es algo nuevo en España. Otras comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla y León  ya lo han puesto en marcha. Todos refuerzan la autoridad de directores y profesores, aunque ninguno plantea la posibilidad de separar a los niños conflictivos en aulas específicas. En Andalucía y Madrid se obliga a cada centro escolar a elaborar un plan de convivencia que analice la situación que se vive en las aulas y se sanciona con la expulsión aquellos actos graves de indisciplina. En el decreto de Castilla y León se vincula legalmente a los padres, de forma que une el sistema educativo y el modelo educativo-familiar.

El pasado día 22 Asturias también se unía a estas comunidades con la publicación de su decreto de convivencia, bastante severo en sus medidas, aunque tampoco recoge la creación de las aulas específicas. Llama la atención que la sanción expulsora sea sólo del aula y no del centro, es decir, se prefiere que el niño permanezca, por ejemplo, en la biblioteca escolar antes de que el castigo pueda ser entendido como una vacación en su casa. No obstante, queda por desarrollar en este decreto la participación de las familias de alumnado con problemas de conducta.

Hace dos semanas el conseller de Educación catalán, Ernest Maragall, también presentó un manual de buenas prácticas que se distribuirá por los centros para que éstos elaboren en un plazo de dos o tres años sus propios planes de convivencia adaptados al entorno sociocultural.

Por su parte, la Ceapa va a analizar la convivencia escolar en el V Encuentro Estatal que celebrará en Santander del 16 al 18 de noviembre con el objetivo de “evitar que lleguen a la sociedad mensajes alarmistas derivados de la existencia de casos puntuales de mala convivencia”.

Castilla y León: un ejemplo a seguir

La aparición de esta serie de decretos en algunas regiones pone en duda el papel de los Observatorios de la Convivencia. En la Comunidad Valenciana tanto sindicatos como asociaciones de padres se quejan de que no se ven representados en este organismo y de que aún no ha realizado ningún informe. En Extremadura, ante los últimos casos que se han producido de violencia escolar en algunos centros, el PP lamenta la ineficacia del Observatorio extremeño, ya que desde su creación en febrero aún a día de hoy no se ha reunido. En Baleares, el Govern está trabajando en la elaboración de un decreto que cree un Instituto para la Convivencia que sustituya al actual Observatorio. La propia consellera, Bàrbara Galmés, ha asegurado que “será una herramienta más práctica”.
La duda sobre la utilidad real de estos organismos choca con la eficiencia y la labor desarrollada por Observatorio de la Convivencia de Castilla y León, el primero que se creó a nivel nacional. En él está representada toda la comunidad escolar, distintas administraciones, representantes sindicales  y responsables de la Delegación del Gobierno. Realiza reuniones periódicas en las que se analizan las incidencias que traslada cada centro. La propia Dirección Provincial de Educación actúa en los casos que considera necesarios

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