El PSOE critica que se incumpla la ley y el PP unificará criterios

Autor: Diego FRANCESCH

Con el comienzo de curso se reanudan las viejas polémicas todavía no resueltas. Hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie, e incluso entonces, los partidarios y detractores de Educación para la Ciudadanía discuten sobre la necesidad de cumplir la ley u objetar a ella. Incluso en las propias filas populares existe diferencia de criterio, hasta el punto que Mª Dolores de Cospedal ha propuesto, en el último Comité Ejecutivo Nacional del PP, una reunión de consejeros de su partido para establecer un único modus operandi.

Entre tanto, Mariano Rajoy continúa manifestándose en contra de la asignatura porque supone un “adoctrinamiento” y además “no tiene ninguna utilidad”. Ante estas declaraciones, la portavoz de Educación del PSOE, Cándida Martínez, indicó  que dirigentes populares, como el propio Mariano Rajoy o Esperanza Aguirre, están alentando a los ciudadanos a “incumplir la ley”.

“Si el PP no quiere que los jóvenes españoles reciban una Educación ciudadana y que conozcan nuestra Constitución, los Derechos Humanos y los valores de las sociedades democráticas, es mejor que lo digan abiertamente”, ha dicho la portavoz socialista.
Por su parte, los padres objetores (unos 45.000) han recibido la negativa de la ministra de Educación a reunirse con ellos. Fabián Fernández, de Profesionales por la Ética, afirma que “lamentablemente, ni Eva Almunia ni Mercedes Cabrera han querido recibirnos”. Para este representante de los objetores, “lo llamativo de esta negativa a escucharnos es que EpC incluye entre sus contenidos el diálogo como medio para resolver los conflictos, algo que evidentemente no practican ni la ministra ni el presidente del Gobierno”.

Un ejemplo significativo en cuanto a las discrepancias en las comunidades gobernadas por el PP o sus socios es el de Navarra. Esta comunidad, al igual que las gobernadas por el PSOE, implantó EpC el pasado curso y el gobierno autonómico ha rechazado sistemáticamente las objeciones obligando a los padres a acudir a los tribunales.

El resto de las comunidades del PP introducen EpC este curso. Sin embargo, en ellas ya se han producido objeciones. Castilla y León, por ejemplo, las ha rechazado mediante resolución administrativa que ya ha sido recurrida en los tribunales.
Los gobiernos de la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, por su parte, han declarado que aceptarán las objeciones aunque no han emitido, hasta la fecha, orden ni resolución alguna concretando esa aceptación. La Comunidad  Valenciana, por su parte, ha acepado las objeciones dentro de un sistema alternativo de evaluación de la asignatura, que ha sido paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a instancias del Gobierno central.

Finalmente, La Rioja ha admitido objetar mediante resoluciones administrativas enviadas a los padres objetores. Como consecuencia, los alumnos no estarán obligados a ir a clase y no serán evaluados.

A todo esto, las comunidades gobernadas por el PP adaptaron los contenidos mínimos que el Ministerio había establecido. En el caso de Murcia, Madrid, La Rioja y Castilla y León dicha adaptación no recogía suficientemente los contenidos mínimos, según el Gobierno, por lo que han sido recurridos en los tribunales por el propio Ministerio.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reconocido el derecho de los objetores a acudir a la vía contencioso administrativa para recurrir los suspensos, al margen de que la Junta de Andalucía dicte o no una resolución.