"Hay que disociar la financiación y la prestación del servicio"

Autor: Adrián ARCOS

Es director del Centro de Investigación en Filosofía Económica de Francia, filósofo, historiador de las ideas morales y coordinador de la edición de una historia del liberalismo europeo. Philippe Némo volcó sus ideas, ya recogidas en libros como Le chaos pédagogique y ¿Qué es Occidente?, en el curso La autonomía de los centros educativos en el contexto europeo, dentro de los Cursos de Verano que la Universidad Complutense organiza todos los meses de julio en el Escorial.

En Le chaos pédagogique sostiene que la Educación no es un servicio público, sino un servicio de interés general. ¿Por qué este matiz?
Un servicio público tiene que realizarlo el Estado, pero éste no puede educar, porque no posee la verdad, la santidad, lo bueno ni lo bello. Esto lo crean profetas, sabios, santos, gente que pertenece a la sociedad civil y el Estado no tiene ninguna misión de educar. Realmente pocas veces tuvo esta vocación en la historia. La tuvo Esparta, un sistema totalitario, y en la tradición jacobina. También los regímenes comunistas y fascistas.

De todas formas, ¿qué papel desempeña el Estado en la escuela del siglo XXI?
Las autoridades públicas pueden servir como mediación para la financiación de las escuelas, puesto que la escuela ha de ser libre y no totalmente entregada al mercado. El servicio de Educación produce lo que los economistas llaman unas externalidades; es decir, cuando uno enseña a un joven no sólo le presta un servicio a él, sino también a la gente con la que este niño convive; por lo tanto, es un servicio para la colectividad. Si la gente que produce conocimientos da un servicio a la colectividad, es normal que ésta los remunere. Para mi propia felicidad es necesario que sea educado en ella, pero también que los demás tengan una Educación.

¿Qué virtudes y riesgos encierra el papel del Estado en la Educación?
Hay un peligro: el dogmatismo, el despotismo político. Otro peligro viene cuando el Estado o un poder público tiene el monopolio de la enseñanza. Esto también vale para las administraciones locales. Por ejemplo, la gente que vive en Madrid, Valencia o Cataluña tiene que acudir a los centros educativos propuestos por esa región y ahí tenemos un peligro de monopolio. Cuando se habla de monopolio, forzosamente se habla de dogma. En el mundo del siglo XXI no podemos tener dogmatismos escolares; es necesario que las escuelas puedan mejorar, y esto no es posible cuando hay un monopolio. Hay un gran tercer peligro del monopolio público: los sistemas escolares muy grandes. Lo peor está en Francia, un sistema único donde hay 1.300.000 profesores. La Administración es incapaz de manejarlo correctamente. Son sistemas paralizados y dominados por los sindicatos, que siempre protegen al más débil y nunca animan a llegar a la excelencia.

En España las competencias en Educación las tienen las comunidades autónomas. ¿Sería mejor que las gestionara el Estado?
No me puedo pronunciar sobre el sistema español, porque no lo conozco mucho. Le contesto a nivel general. Hay una cosa clara: los alumnos luego se convierten en profesores que enseñan el mismo modelo. Muchos países se han hundido en una cultura rígida. La competencia no supone una fragmentación; al contrario, todo el mundo va a imitar a todo el mundo. Si alguien tiene una idea nueva, tiene el derecho a aplicarla y los demás van a imitarla.

¿Ahí entraría su idea sobre la red de escuelas? ¿En qué consiste exactamente?
Busco un modelo para el mundo civilizado, donde los sistemas educativos están en crisis. La fórmula común debe evitar los peligros del mercado puro y la colectividad pública pura; propongo una fórmula intermedia. Basta con disociar el problema de la financiación y el de la prestación del servicio. Podemos tener una financiación pública y un servicio o prestación privada y competitiva. Simplemente, lo que es de interés general es que haya una competencia, un pluralismo y garantías para los niños.

¿De qué forma se puede llevar a cabo?
Los centros educativos se tienen que construir bajo unas condiciones mínimas de seguridad y los profesores deben tener un mínimo de cualificaciones. También es necesario que el profesorado enseñe a los niños algunos conocimientos básicos considerados como necesarios para todos. Es menester que enseñen reglas de vida cívica en conformidad con las democracias modernas y los derechos humanos. Más allá de estas normas mínimas, cada escuela puede centrarse en lo que considera más importante y elegir el método de aprendizaje después de una autorización aprobada por una comisión. No nos olvidemos de un poderoso Cuerpo de inspectores para comprobar si las normas mínimas son acatadas. Una vez que  hayamos creado estas escuelas, se pueden unir en redes que compartan programas, etiquetas, nombres; y esta red pondrá en común algunos recursos para formar a los profesores o para que el profesorado pueda tener una carrera. Estas redes no sólo tienen por qué ser exclusivamente nacionales, los grandes valores intelectuales y morales son universales.