División en el Supremo sobre el derecho de objetar a Ciudadanía
Autor: Diego FRANCESCH
La división entre los cinco magistrados de la Sección 7ª de la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre el derecho a objetar contra los decretos de Educación para la Ciudadanía impuestos en algunas comunidades es reflejo de la división de la sociedad española. Desde la propuesta inicial esta asignatura ha sido mal diseñada y peor comprendida. Ante la posibilidad de convertirla en medio de adoctrinamiento ideológico, los padres agrupados en torno al Foro de la Familia, Profesionales por la Ética o Concapa, entre otras organizaciones, han protestado por todos los medios para evitar que sus hijos cursasen la asignatura.
Ante esta división en la Sección 7ª de la Sala 3ª, y la falta de consenso entre los magistrados, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Ramón Trillo, ha decidido llevar al pleno la decisión, según la fuentes consultadas por MAGISTERIO. Una sentencia sin el consenso suficiente no resolvería el problema de la división y algunos ciudadanos podrían acogerse a los votos particulares de los magistrados en minoría. Un tema tan importante para la sociedad, y tan judicializado ya en este momento, exige una postura común, unitaria y contundente por parte de los 32 magistrados de la Sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo.
Decisión en enero
La decisión se hará pública en el mes de enero, como pronto, cuando se reúna el pleno de la Sala 3ª. En ese mismo momento se dará a conocer la decisión para así evitar filtraciones interesadas.
Por otro lado, la situación jurídica con respecto a la materia hace imprescindible el pronunciamiento del Supremo, ya que la disparidad de sentencias de Tribunales Superiores de Comunidades Autónomas impide que exista una doctrina jurídica común respecto a la materia.
Este es el primer curso escolar en el que se imparte en toda España el área de Educación para la Ciudadanía, un conjunto de asignaturas que ha despertado, paradójicamente, la oposición de buena parte de la ciudadanía española.
Formando parte de asociaciones o constituyendo agrupaciones y plataformas espontáneas, miles de padres y madres han recurrido a un derecho constitucional, el de la libertad ideológica y de conciencia, para defenderse frente a lo que consideran una intromisión estatal en la Educación de sus hijos.
El resultado de este movimiento cívico es que ya se han presentado 50.420 objeciones de conciencia (correspondientes a otros tantos alumnos) en el conjunto de todas las comunidades autónomas y también de Portugal, país en el que se han registrado 21 objeciones de españoles que llevan a sus hijos al Instituto Español de Lisboa.
Por comunidades, Madrid suma el mayor número de objeciones (14 .865), seguida de Castilla-La Mancha (9.312) y Andalucía (8.193). Estos datos, recopilados por Profesionales por la Ética, han sido presentados en ruedas de prensa celebradas simultáneamente en 19 ciudades españolas (Soria, Palma de Mallorca, Toledo, Salamanca, Segovia, Lucena, Barcelona, Almería, Cartagena, Valladolid, Jaén, León, Ciudad Real, Logroño, Santander, El Puerto de Santa María, Córdoba, Badajoz y Pamplona).
Según Leonor Tamayo, coordinadora de la campaña de Objeción a EpC de Profesionales por la Ética, las más de 50.000 objeciones presentadas son fruto del coraje de los padres, que han decidido oponerse a un conjunto de asignaturas cuyo propósito es formar la conciencia moral de sus hijos.
“Durante los últimos meses, los objetores han sufrido presiones y amenazas; el Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos de todos los partidos les han ignorado o acusado de fundamentalistas, intolerantes, rebeldes…”. En comunidades como Andalucía, la Administración ha llegado a realizar actos presuntamente delictivos como publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad los nombres de los menores objetores. “Frente a las persecuciones y amenazas, reiteramos que los objetores son sólo ciudadanos que exigen respeto para ellos y sus hijos. Nada más”, ha dicho Tamayo.
Plataformas de objetores
Según la coordinadora de objetores, “este es el movimiento objetor más importante de la historia de España y sus protagonistas son los padres y madres que, espontáneamente, han creado 73 plataformas”. En Profesionales por la Ética aseguran que van a seguir prestando toda la ayuda que precisen los objetores porque “sólo tenemos un propósito: ni un paso atrás en la defensa de la libertad ideológica, de conciencia y de Educación”. Por su parte han añadido que “confían en que el Tribunal Supremo confirme el derecho a objetar pero, si fuera necesario, estamos dispuestos a acudir al Tribunal Constitucional y a Estrasburgo”.
Por su parte, el Foro de la Familia, que preside el abogado Benigno Blanco, se opone a la materia “ porque sus contenidos suponen una intromisión en el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y, en su caso, religiosas, en un Estado que hace del pluralismo uno de los valores superiores de su ordenamiento jurídico”. Si la sentencia es favorable a la objeción habrán ganado una batalla, si no irán a Estrasburgo.
