Las evaluaciones de diagnóstico no aclaran las condiciones laborales de los profesores

Va quedando menos para que las comunidades realicen la Evaluación de Diagnóstico programada por el Ministerio para esta primavera. De acuerdo con la LOE, se realizarán pruebas a los alumnos de 4º de Primaria y 2º de ESO para medir su rendimiento en determinadas competencias básicas. Las comunidades están publicando las órdenes correspondientes que regulan y definen el proceso, pero sin embargo dejan sin especificar todo lo referente a la organización interna de los centros. Por lo tanto, aunque se asigna una serie de tareas a directores, tutores y profesores, tampoco se realiza mención alguna a las condiciones laborales.

La imprecisión en este punto está provocando, por ejemplo, bastante malestar entre el profesorado asturiano. Beatriz Quirós, presidenta de la junta de personal de Suatea, en Asturias, asegura que, en esta comunidad, “la Consejería no organizó ninguna Mesa Sectorial para tratar las condiciones laborales del profesorado en estas pruebas ni ha promovido medidas, como la contratación de profesorado sustituto, para garantizar la cobertura de los períodos lectivos y no lectivos en que el profesorado titular estuviera realizando la evaluación”. Según Quirós, “son tres días de pruebas más las correcciones correspondientes, lo que supone un incremento de tareas para los profesores en detrimento de la calidad educativa”.

En la Región de Murcia, por el contrario, la Consejería sí que se mostró dispuesta a negociar con los sindicatos antes de publicar la orden. Según Alicia Poza, portavoz de Sterm, “tanto Administración educativa como organizaciones sindicales hemos intentado que la evaluación interfiera lo menos posible en la dinámica general del centro, de forma que el profesorado de Secundaria que tenga clase en otro grupo en esas horas de pruebas, será sustituido, de forma que no afecte a la normalidad académica”. Aurora Fernández, directora de Ordenación Académica de la Consejería murciana, explica que “intentamos que no fuese una evaluación al margen de la práctica docente, y por ello la hemos integrado en la evaluación final, con el objetivo de causar el menor trastorno posible tanto a los alumnos como a los profesores”.

Otras comunidades, como Galicia y el País Vasco, sí que realizan alguna mención en sus respectivas órdenes a la labor de los responsables de los centros. José Cabido, del sindicato gallego STEG, advierte de que “la mayor carga de trabajo caerá sobre los equipos directivos, la jefatura de estudios, los tutores y los profesores, que tendrán que organizar el centro y a los alumnos, y además son ellos los que luego conforman la comisión que se dedica a informar a las familias y a la propia reflexión interna”.

Por otro lado, la orden del País Vasco especifica que “la aplicación de las pruebas y cuestionarios será llevada a cabo por personal externo al centro”. Pero aclara también que “la dirección del centro, a través de la Comisión de Coordinación de la Evaluación de Diagnóstico, deberá facilitar y colaborar en el desarrollo de las pruebas, así como garantizar la presencia, durante todo el proceso de aplicación en cada uno de los grupos evaluados, de un profesor o profesora del centro, que velará por el correcto comportamiento del alumnado, se responsabilizará de los tiempos de descanso y solucionará aquellos problemas que puedan surgir”.

Castilla-La Mancha es otra de las comunidades que ha publicado su orden recientemente. El mismo viceconsejero de Educación y Ciencia, Pedro Pablo Novillo, anunció en rueda de prensa que ha trasladado “a los equipos directivos los objetivos de la evaluación y la importancia que juega el profesorado en todo el proceso, ya que son los propios centros los que realizarán la evaluación”.

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Beatriz Quirós, de Suatea, insiste en que “es importante que la Administración informe también acerca de una serie de cuestiones para que no se vean vulnerados los derechos del profesorado, como el horario en que se realizarán las pruebas, cómo se realizarán, qué instrumentos y unidades de medida se utilizarán y cómo se gestionarán los resultados”. Además, exige que “no se duplique la jornada laboral de los docentes como consecuencia del desarrollo de estas pruebas, así como la contratación de profesorado sustituto para garantizar la cobertura de los periodos lectivos y no lectivos en que el profesorado titular deba realizar otras tareas”.

Según José Segovia, portavoz del sindicato andaluz Ustea, “el profesorado también se ve presionado durante las pruebas a que sus alumnos obtengan buenos resultados”. Segovia asegura que “aunque la normativa recoja que los resultados no pueden hacerse públicos, al final sí que se conocen a nivel interno, como ha ocurrido siempre que se ha realizado en los últimos años algún tipo de prueba diagnóstica en Andalucía”. El portavoz de Ustea afirma que “los profesores se ven obligados en ocasiones a cambiar la metodología de sus clases de acuerdo con ese tipo de pruebas, ya que luego los resultados se conocen en los consejos escolares”.

LA MITAD DE LOS PROFESORES ASTURIANOS TIENE QUE HACER UN CURSO ON LINE

• “¡Córcholis! Vaya comienzo de curso on line. Tengo que leerme la LOE entera detenidamente. ¿Y cuándo preparo yo mis clases y los exámenes para mis alumnos? ¿No valdría con que me dijesen que lea los artículos referentes a la evaluación? Que yo no oposito a notario, ni a juez, ni a fiscal… que en el BOE yo sólo consulto cosas puntuales y no me dedico a leerlos enteros para curar el insomnio. ¿Y de dónde saco yo tiempo para leerme más de 500 páginas de BOE y otros materiales? Que me lo expliquen, por favor”.
• Son las reflexiones que un profesor de ANPE Asturias ha apuntado sobre el índice de un curso on line que tienen que realizar los 4.000 docentes que van a participar en las Evaluaciones de Diagnóstico asturianas. “Una auténtica vergüenza”, en opinión de este sindicato.
• Según Beatriz Quirós, del sindicato Suatea, “la orden obliga al director a inscribir al profesorado que va a participar en estas pruebas, unos 4.000 docentes de los 12.000 que hay en Asturias, lo que supone prácticamente la mitad de profesores, teniendo en cuenta que las evaluaciones de diagnóstico no afectan a FP, enseñanza Infantil ni Escuelas Oficiales de Idiomas”. Quirós explica que “en un principio el curso iba a ser de un mes, pero finalmente la Administración ha tenido que reducirlo a 15 días y dividir el grupo de profesores en dos, ya que la plataforma on line no puede soportar tal cantidad de usuarios”.
• La portavoz de Suatea denuncia que “es la primera vez que se produce obligatoriedad a la hora de realizar cursos de formación, lo que está provocando la resistencia de algunos profesores que están pidiendo a la Administración que le envíen la solicitud por escrito para así tener posibilidad de reclamar”.