“No se nos ha ocurrido perder el tiempo en hacer una ley propia”

Desde hace más de dos años está al frente de uno de los órganos más importantes y a la vez “desconocidos” del sistema educativo, el Consejo Escolar de Castilla y León. Su experiencia previa como vocal, en representación de la Administración educativa regional, le permitió acceder a la presidencia con más seguridad y confianza. Juan Carlos Rodríguez Santillana es un hombre sincero, con un sentido de la responsabilidad acérrimo que huye de la artificialidad con la que se han abordado algunos asuntos educativos.

En la región se inició la polémica de la presencia de crucifijos en las aulas y se extendió al resto de autonomías. ¿Cómo ha vivido el Consejo Escolar este asunto? ¿Qué opinión le merece?
Aunque mediáticamente “vende” mucho, la artificial y estéril polémica sobre la presencia de símbolos religiosos en las aulas no tiene ningún valor ni componente para la programación, planificación o desarrollo de la Educación en nuestra región. Por tanto, y muy juiciosamente, el Consejo Escolar jamás ha dedicado un solo minuto de su trabajo a esta cuestión. Y ello, fundamentalmente, porque, entiendo que es un asunto perteneciente al ámbito de autonomía de los centros y sus particulares consejos escolares. Por más que algunos se empeñen en lo contrario, la casuística es tan variada y multiforme, que establecer un criterio o norma general supondría un ejercicio disruptivo del tolerante y respetuoso ambiente que debe caracterizar la vida diaria de los centros escolares.

La Junta siempre ha defendido la independencia de los centros y la decisión de sus consejos escolares y, recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón a la Consejería en esta defensa. ¿Considera que la sociedad valora y conoce realmente la labor de los consejos escolares de colegios e institutos?
A la sociedad en general tampoco hay que pedirle que conozca y valore los consejos escolares de colegios e institutos. Basta, y ojalá se consiga, con que conozca y valore la Educación, tanto en su aspecto formal y escolar, como en su dimensión de formación de ciudadanos. Quienes sí deben conocer el trabajo de un consejo escolar de centro son los padres. Y es ahí donde está el déficit. Poco o muy poco se conoce, pero apenas se participa. Definir y, sobre todo, analizar las causas daría para mucho. Por ello, me limito a señalar la escasa tradición participativa de nuestra sociedad, la –por qué no decirlo– espuria utilización de los consejos escolares (preeminencia de intereses personales, de grupo, políticos…) que, sin duda, alejan de ellos a buena parte de la comunidad educativa, la falta de información a pesar de las sucesivas campañas institucionales…

Otro tema polémico es la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Supongo que este asunto lo habrán abordado en el Consejo Escolar. ¿Qué podría contar sobre las opiniones de los miembros del Consejo? ¿Y su opinión como presidente y como docente?
En el seno del Consejo Escolar de Castilla y León cada organización expresa su opinión sobre esta asignatura. Ahora bien, eso en modo alguno puede ni debe significar que el Consejo Escolar sea un foro o plataforma para plantear polémicas. Nuestro acercamiento a Educación para la Ciudadanía se ha hecho a través de los currículos de cada etapa y, en todos los casos, la consideración del Consejo fue aprobarlos, bien por unanimidad, bien por mayoría. Como docente, al igual que muchos compañeros, veo en la propuesta del Ministerio demasiada voluntad de molestar, bajo los habituales paraguas justificativos de modernidad, pluralismo, tolerancia… Es curioso, para enseñar a tolerar, empecemos no tolerando a los que no entienden las cosas como las entiendo yo. ¡Magnífico paradigma educativo!

Castilla y León goza de un sistema educativo con buena salud. ¿Cómo lo definiría?
Siempre he entendido que los mejores calificativos para cualquier sistema son normalizado, estable, justo y abierto. Y son casi exactamente los que aplico al sistema de Castilla y León. Indudablemente, tenemos que insistir en la reducción de las tasas de fracaso y abandono escolar, en integrar en el sistema para hacerlo más equitativo a quienes por distintas razones puedan quedarse fuera, en elevar el porcentaje de alumnado en el bilingüismo… Junto a ello, las virtudes se coligen fácilmente de las evaluaciones internas y externas de alumnos, centros y profesores. Pero me gustaría, quizá con voluntad de polemizar, señalar una gran virtud, al tiempo que un éxito, de la Educación en Castilla y León: no se nos ha ocurrido, y espero que no se nos ocurra, hacer una ley propia. Perder energías y medios en tamaño ejercicio sería, a mi entender, un despropósito imperdonable. Cuando intentamos establecer espacios europeos, evaluaciones y hasta currículos, dedicarse a operaciones liliputienses no ha de ser propio de esta tierra.

El Consejo Escolar elabora anualmente un informe del sistema educativo. ¿Cuáles son sus conclusiones y en qué asuntos se debería trabajar?
El informe anual, de más de 400 páginas es, mayoritariamente, la recopilación estadística y normativa de la Educación de Castilla y León en el curso inmediatamente anterior, con un relato que justifica toda esa batería cuantitativa. Finalmente, y ahí está la parte de opinión, el pleno aprueba, a instancias de distintos miembros del Consejo, muy diversas y variadas propuestas de mejora dirigidas a la Administración educativa regional, que se reflejan en el texto del informe. Las del último informe, como las de los anteriores, están a disposición de quien lo desee en la sección del portal de Educación de Castilla y León (www.educa.jcyl.es).

¿Cómo calificaría la relación entre los miembros del Consejo Escolar y entre este órgano y la propia Consejería de Educación?
Le invito, como oyente, a cualquier sesión de la Comisión Permanente donde podrá comprobar que se trata de un grupo de personas que saben perfectamente dónde y para qué están. Corrección, respeto, atención y trabajo caracterizan la labor de todos. Pero, muy especialmente, un marcado sentido de responsabilidad sobre la Educación de niños, adolescentes y jóvenes, y su formación. Con la Consejería las relaciones son las propias y obligadas de un órgano institucional de consulta: mutua consideración y reconocimiento.