El texto del Pacto reabre el debate sobre la “discriminación” de la Concertada

El PP no va a ceder en los puntos que considera esenciales, como la vertebración del sistema educativo, la reforma de la LOE o la libertad de elección de centros. Y “si el Ministerio no se pronuncia sobre el acercamiento a esos grandes temas no será posible un Pacto”. Así lo asegura el portavoz del PP en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad, que lamenta que el documento presentado por el ministro el pasado miércoles en la Conferencia Sectorial no incluya “las medidas estrella del PP”. El representante de los populares muestra su completa insatisfacción por un texto que, según él, “intenta aproximarse a algunas de nuestras propuestas en cuanto al estilo, expresión y vocabulario, pero se queda en lo literario y se aleja de lo efectivo y lo real”.

El portavoz del PP en el Congreso tampoco considera oportuno que “la libertad de elección de centro quede condicionada a las posibilidades administrativas y que EpC no aparezca en ninguna de las más de 100 propuestas del Ministerio”. Precisamente, sobre ese planteamiento de libertad se han pronunciado varias organizaciones mayoritarias en la enseñanza concertada y privada. La FERE, por ejemplo, lamenta que “sólo se limite al marco de la programación de la administración educativa y no a las necesidades de la demanda, y que no se plantee que el derecho al concierto educativo debería quedar establecido por ley”.

En este sentido, la Cofapa cree que “debe profundizarse en la libertad de los padres a la hora de elegir la Educación que desean para sus hijos según sus convicciones religiosas, morales o pedagógicas y sin trabas de ningún tipo”. Es más, “la libertad de elección que debemos tener los padres no puede estar limitada a principios meramente organizativos, sino que ha de responder a la demanda real de las familias”.

Para la CECE “el documento tampoco habla de la libertad de creación de centros ni del respeto al ideario”. La patronal se muestra disconforme con que “no se reconozca suficientemente a los centros de iniciativa social” y echa en falta “referencias a la concertación educativa y, en particular, a una financiación que permita responder con garantías a las demandas de las familias”.

De igual forma, la Concapa también estima que “deben abordarse los conciertos educativos para que no queden al arbitrio de las Administraciones competentes, y se fijen su duración y renovación lo antes posible para no tener a los padres con la inseguridad de cuál será del futuro educativo de sus hijos”. La gratuidad del Bachillerato es otro de los puntos esenciales para la confederación de padres católicos por cuanto “constituye una discriminación insoportable para las familias que optan por los colegios concertados”.

Asimismo, la USO echa de menos en el texto que se aborde “la necesidad, para alcanzar mayor estabilidad e igualdad de oportunidades, de avanzar en la complementariedad de las redes educativas para terminar con la discriminación que padece la escuela concertada, considerada casi siempre como subsidiaria de la Pública”. Para esta organización “la complementariedad debe conducir a la gratuidad del primer ciclo de Infantil y del Bachillerato, también en los centros concertados”.

Con respecto a la vertebración del sistema educativo, Juan Antonio Gómez Trinidad lamenta que “en el documento presentado por el Ministerio no haya señal de unos contenidos mínimos que son patrimonio cultural y geográfico de todos los españoles”. Según el portavoz popular, “tampoco existe la garantía de que se vayan a mantener los cuerpos nacionales del profesorado ni las evaluaciones al final de cada etapa con el mismo modelo para todas las comunidades”.

Una propuesta “tuneada”
En cuanto a la propuesta del Ministerio de convertir el 4º de ESO en un curso que oriente hacia el Bachillerato o la FP, para Gómez Trinidad “no es que la propuesta sea sólo difusa, sino que es la misma que ya aparece en la LOE pero tuneada en la expresión”. Según el representante popular, “nosotros a los 15 años establecemos tres vías formativas que atiendan a la diversidad de aptitudes e intereses de los alumnos, pero el documento del Ministerio es incapaz de soltar el lastre logsiano y continúa con el mismo modelo comprensivo que está segregando al 30% de los alumnos”.

El portavoz del PP en el Congreso considera “esperpéntico que se necesiten los dos tercios de la Cámara para realizar cambios normativos”. “Supongo que será por error o por fruto del desconocimiento, porque no quiero pensar que conlleve una intención perversa de blindar la LOE, ya que para aceptar ese planteamiento habría que modificar la Constitución, de hecho para aprobar una ley orgánica se necesita la mayoría absoluta”, señala el representante popular.

LAS REACCIONES AL DOCUMENTO DEL MINISTERIO

• José Campos, secretario general de FE-CCOO

“Consideramos que se abren expectativas para la revalorización de la función docente, aunque no recoge la reivindicación más sentida por el profesorado de la Pública de los niveles no universitarios, que es el mantenimiento del actual sistema de jubilaciones”.

• Antonio Amate, secretario general de la FE-USO

“Debería haberse propuesto la homologación laboral y salarial de los trabajadores de la Concertada con respecto a sus homólogos de la Pública en el marco de un nuevo acuerdo laboral que dé continuidad y desarrolle el firmado en 2005 entre las organizaciones sindicales y el Ministerio”.

• Juan Antonio Ojeda, secretario general de FERE

“El documento parte de la idea errónea de que los principales problemas del sistema se producen porque los centros sostenidos con fondos públicos no prestan el servicio público en igualdad”.

• Isabel Bazo, presidenta de la CECE

“El texto hace especial referencia a la necesaria equidad en la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales, inmigrantes, etc. Siendo esto un elogiable objetivo, supeditado a la libertad de las familias, se echa en falta mencionar de modo más explícito la financiación real del módulo que asegure la equidad necesaria en los recursos para la escolarización”.

• Eliseo Moreno, presidente de CSI-F Enseñanza

“Existen aspectos que consideramos fundamentales para la mejora de la Educación que no aparecen, o que se abordan de forma ambigua: el Bachillerato de tres cursos académicos. La implantación de los itinerarios formativos desde 3º de ESO. El mantenimiento de los cuerpos docentes estatales. El reconocimiento de la autoridad pública para el docente por ley. La prórroga de la jubilación anticipada LOE. Y el compromiso con la enseñanza pública”.

• Vicent Esteve, portavoz de STES

“Vemos con preocupación que la propuesta del Ministerio consagra la doble red Pública-Privada Concertada como una misma oferta para las familias, cuando la realidad nos dice que el interés de servicio público de calidad para todo el mundo que preside la acción de los centros públicos es sustituido por el afán segregador de muchos centros privados, tanto por razones socioeconómicas como ideológicas y religiosas”.

• Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes

“Manifestamos nuestra rotunda oposición a este Pacto por considerarlo una cesión completa a las presiones de la derecha, exigiendo al Ministerio una rectificación inmediata y apuntándole que estamos de acuerdo en que es necesario un Pacto pero que éste debe ser con las fuerzas de la izquierda, para defender la Educación pública”.

• Álvaro Vermoet, presidente de UDE

“Las medidas presentadas por el ministro no suponen un cambio en la estructura del sistema educativo, que sigue siendo el de la Logse y que no corrigen el problema de la fragmentación del sistema en 17 sistemas autonómicos”.

• Carlos López Cortiñas, secretario general de FETE

“Hay que complementar ese 4º de ESO de carácter orientador con la posibilidad de flexibilizar el Bachillerato entre dos o tres años dependiendo del rendimiento escolar del alumno”.

• Nicolás Fernández Guisado, presidente de ANPE

“Echamos de menos medidas concretas sobre la vertebración y cohesión del sistema educativo –un asunto de enorme calado que afecta no sólo a las enseñanzas sino a la posibilidad del Estatuto Docente– que, aunque anunciado en el documento, no incluye expresamente el reconocimiento de la autoridad del profesor, cuestión esencial para ANPE”.