La Junta de Andalucía recurrirá la anulación de los incentivos de 7.000 euros a los profesores

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía anunció el 20 de julio que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares por el que los profesores reciben 7.000 euros, en respuesta al recurso presentado en su momento por Ustea. En un comunicado, la Administración educativa ha querido destacar que el fallo del TSJA "no cuestiona que la Consejería de Educación pueda establecer incentivos al profesorado ligados a la consecución de objetivos educativos, como recoge la Ley de Educación de Andalucía". Asimismo, ha anunciado que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa comenzó en la primera quincena de mayo una evaluación del programa ahora anulado y que los resultados se conocerán a partir del próximo mes de enero. Como consecuencia de esta evaluación, a principios del próximo año 2011, la Consejería "actualizará la orden que regula este programa para proseguir con su implantación, incorporando las mejoras que sean necesarias".

Por su parte, el sindicato CCOO señala que dicha sentencia incide en dos aspectos básicos; uno, en los rendimientos escolares; y otro, en la decisión de la puesta en marcha del proyecto. En la orden que hasta ahora regulaba el programa se recoge que los indicadores de calidad deben ser extensivos tanto a los rendimientos del alumnado como al grado de satisfacción de las familias, pasando por el cumplimiento de los objetivos del Plan de Centro. La sentencia anula todos estos criterios y se basa sólo en el éxito escolar. “O sea, volvemos a caer en el defecto de que la calidad se cuantifique por el número de aprobados y no por el proyecto educativo del centro”, según palabras del secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco.

En lo que se refiere a la decisión de la aprobación del proyecto, mientras que la orden obligaba a que fuesen dos tercios del Claustro los necesarios para la aprobación del proyecto, la sentencia argumenta que es el Consejo Escolar el que debe aprobar esta decisión, se deduce que lo apoye o no el profesorado. "Ello quiere decir que se minimiza, cuando no se anula el papel del profesorado, el verdadero artífice y soporte de este proyecto", dice CCOO.

Según Blanco, “es necesario modificar la orden y ajustarla a la jurisprudencia del TSJA, pero en el sentido explícito de que en primer lugar lo apoye una mayoría simple del Claustro eliminando el requisito de que sean necesarios los dos tercios que se exigen en este momento para participar”. "No dudamos que los consejos escolares de cada centro sabrán estar en sintonía con su profesorado en pro de la mejora de la calidad de la enseñanza en cada centro", añadió.

FETE‐UGT reconoce la sentencia pero dice que “siente cierta inquietud por las consecuencias que pueda tener a corto y largo plazo”. Desde este sindicato temen que “implique que el profesorado deje de cobrar este incentivo económico, cuando el trabajo ya se ha realizado y se continúa realizando (mejora de los rendimientos escolares del alumnado, fomento de la lectura y escritura o la implicación de las familias en el aprendizaje de sus hijos, entre otros objetivos), o peor aún, que tenga que devolver las cuantías que ya se le han ingresado”. El profesorado, por tanto, puede ver mermados sus salarios, aún más si cabe, si a esto le sumamos los graves recortes salariales llevados a cabo por el Gobierno. A este Plan de Calidad, en lo que respecta a los Centros de Infantil y Primaria, se han acogido un 85% de los centros de toda Andalucía, y en Secundaria, un 20%.

Por su parte, la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha pedido “la dimisión, por su significado algo más que simbólico, del actual y sempiterno viceconsejero de Educación, que, en su breve y transitoria condición de consejero (allá por febrero de 2008), estampó su firma en la Orden infame, hoy anulada por el alto tribunal andaluz”, señala este sindicato en un comunicado.

Además, APIA solicita “la devolución inmediata de los haberes ilegalmente percibidos por quienes se sumaron a semejante proyecto, incluida la mordida de 600 euros que fue cobrada al inicio por muchos profesores sin necesidad de acreditar logro alguno (una parte significativa de los cuales estaba de paso y se limitó a coger el dinero y largarse); solo y únicamente por mostrar su adhesión al citado programa”.

En tercer lugar, APIA reclama “la apertura de diligencias previas por parte de la Fiscalía, en orden a dilucidar si se ha podido producir malversación de caudales públicos”.

Y, además, “la anulación inmediata de la resolución de la Consejería que, discriminando a los centros no adscritos, procedió a distribuir los recursos materiales y humanos, favoreciendo descaradamente a los denominados centros de calidad, en un intento diáfano de castigar la desobediencia de la mayor parte de los Institutos de Secundaria”.

Finalmente, APIA pide “la anulación inmediata de la base vigésimo octava de la Orden de 5 de junio de 2010 (regula la adjudicación de destinos provisionales para el curso 2010-11), que concede permanencia a los profesores sin destino definitivo en los centros de calidad, como consecuencia de su adscripción a dicho programa”. De no proceder de esta manera, las resoluciones que dictara la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, en aplicación de la Orden precitada, podrían ser nulas de pleno derecho, según este sindicato de profesores.

Por otro lado, según informó el consejero Álvarez de la Chica, los beneficiarios de la Beca 6000 en el curso 2009-10 han obtenido un Notable de nota media en la evaluación ordinaria de junio. Sólo 1.525 alumnos han concluido el curso con todas las asignaturas superadas, lo que supone el 42% de los estudiantes que han recibido esta ayuda al estudio contra el abandono escolar. El consejero de Educación presentó el balance de esta primera convocatoria de la ayuda al estudio de mayor cuantía en todo el territorio nacional, destinada a promover la permanencia del alumnado en el sistema educativo tras la enseñanza obligatoria.