“El funcionario es garantía de continuidad frente al político”

El próximo mes de diciembre se celebrarán las elecciones sindicales en la Comunidad de Madrid, momento en el que los docentes de la escuela pública deberán elegir a aquellos que les representarán frente a la Administración regional.

Pilar Gálvez, nueva secretaria regional del sindicato CSIT-UP, nos recibe en su sede de la calle Sagasta para analizar el panorama educativo madrileño y presentarnos sus propuestas de cara a los próximos comicios.

¿Cuál es la situación educativa en la Comunidad de Madrid?
Me gustaría decir que es buena, pero los acontecimientos que hemos vivido últimamente nos hacen pensar que no vamos por el mejor camino. Para empezar, hemos sufrido una ruptura unilateral, por parte de la Consejería de Educación, del acuerdo sectorial, lo que nos deja únicamente en manos de la Administración. Además, ha habido un recorte económico, cuyo aspecto más destacado ha sido la disminución de las retribuciones que percibían los interinos que estaban trabajando al menos cinco meses y medio, pero hay más cosas: la supresión de licencias por estudio; la eliminación del segundo orientador en los institutos, que ha generado una mayor carga lectiva a los docentes, mientras que los apoyos han disminuido, o la faltan plazas en Formación Profesional, una vía que mostrado su relevancia en tiempos de crisis. Ojala pudiese presentar un panorama mejor, pero tengo que decir que la Educación madrileña no pasa por su mejor momento.

Los recortes, según vuestras denuncias, también han afectado al cupo de profesores.
Hemos sufrido una reducción de, al menos, el 5% o lo que es lo mismo, unos 2.000 o 2.500 profesores. Conozco casos de institutos donde han bajado de tres orientadores a medio, ¡y compartido con otro centro! Yo entiendo que en época de crisis hay que reducir, pero no creo que el recorte tenga que hacerse en Educación, que es una apuesta por el futuro y el desarrollo.

La supresión unilateral del acuerdo sectorial y la falta de encuentro con la consejería madrileña han generado un hecho insólito, la unidad sindical.
Creo que cuando todos los sindicatos somos capaces de prescindir de nuestros intereses particulares y unirnos en una plataforma, siendo tan distintos entre nosotros, es por algo.

¿Estarías abiertos al diálogo?
Nosotros siempre hemos estado dispuestos a la negociación, pero es que en este momento no existe esa posibilidad, ahora lo que nos encontramos es con la imposición de la Consejería que llega, te planta un documento encima de la mesa y te dice, “esto es lo que hay”. Además, te lleva a plantearte qué tipo de garantías te ofrecen cuando, sin mediar diálogo, suprimen los acuerdo anteriormente firmados. En la historia reciente no ha habido otra época como ésta; al menos yo no la he vivido.

¿Se vive con temor la llegada de los presupuestos?
Al menos con desconfianza. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2011, a raíz de los aprobados por el Ejecutivo central, van a coartar muchísimo el tema de la Educación en la región. Los profesores vamos a seguir con nuestra rebaja retributiva, ya que se congelan los salarios, pero, además, con la disminución anunciada. Es una situación muy seria porque, daos cuenta, durante muchos años luchamos por cobrar el 100% de nuestras pagas extras –por ejemplo–, pues bien, todo esto se ha perdido. Hemos retrocedido.

Sin embargo, la opinión pública no percibe la situación del funcionario como la peor; al menos, conservan el puesto de trabajo.
Es cierto que en ese sentido somos unos privilegiados, pero también es verdad que para ganar nuestra plaza hemos tenido que superar una oposición, además de estar muchos años de la Ceca a la Meca… Cuando este país ha vivido épocas de esplendor a nosotros no se nos ha retribuido en la misma medida: por ejemplo, la construcción se ha enriquecido mucho –y a mí me parece lícito–, pero es que, en nuestro caso, no ha ocurrido así. Antes de la rebaja, ya acumulábamos una pérdida de poder adquisitivo del 30%.

No todo han sido rebajas, una de las medidas puesta en marcha ha sido el incremento salarial a los equipos directivos.
Sí, pero ha sido una subida con contrapartida; muchos directores aceptaron la medida porque pensaban que no se les iba a pedir nada a cambio y no ha sido así.

¿Estáis de acuerdo con la Ley de Autoridad?
Sí, por supuesto. Con lo que no estamos de acuerdo es con que sean los propios directores los que tengan que aplicarla en cada colegio o instituto, sin tener recursos humanos en la DAT –Dirección de Área Territorial–. Eso puede suponer que, ante casos similares, cada director tome una decisión y que en cada centro se aplique la norma de diferente manera. Es decir, ¿se van a convertir en pequeños reinos de taifas? ¿Terminamos con el principio de igualdad de los centros educativos? Siento decirlo, pero esto supone un principio de privatización de la enseñanza pública.

Nos planteas un panorama educativo muy negativo, Sin embargo, cuando se ha convocado al profesorado a movilizarse, la respuesta ha sido muy pobre.
Para empezar, debemos tener en cuanta que el colectivo docente es muy poco dado a las manifestaciones en la calle. Por otro lado, está tan quemado que creo que habría que darle otra manera de hacer las cosas. Considero que hay determinadas fórmulas de sindicalismo que están agotadas y hay que proponer nuevas estrategias.

¿Qué es lo que plantea CSIT-UP?
Dotar al profesorado del asesoramiento y servicios necesarios para que sepa muy bien cuáles son sus derechos, para lo cual me propongo potenciar nuestra asesoría jurídica y técnica. Hoy en día, hay profesores que prácticamente necesitan un manual de supervivencia para llegar a su jubilación sin altercados. Tenemos que ser más sensibles a sus necesidades profesionales, eso no quiere decir que vayamos a abandonar la lucha o las reivindicaciones por lo que supone la Educación pública. Yo creo que el funcionario es garantía de continuidad frente al político.

Al docente hay que darle el aliciente de poder hacer una carrera profesional, como tienen otros colectivos como los médicos. Y por último, tenemos que dotar la Ley de Autoridad Docente de mayor contenido, que no se quede en una declaración de intenciones. Ahí, los sindicatos tenemos un papel muy importante de colaboración, de intervención y de garantes de los derechos de los trabajadores.