Cataluña se apresura a desarrollar su Ley de Educación antes de las elecciones

Tal y como anunció el conseller de Educació, Ernest Maragall, hace dos semanas, el polémico decreto de direcciones se aprobó el pasado martes en la reunión del Ejecutivo del Gobierno catalán.

Una normativa que llega acompañada de las críticas de la oposición y de uno de los socios de Gobierno (ICV) por haber sido aprobada in extremis, por una parte, y por no respetar el ideario de la formación ecosocialista, por el otro.

No obstante, tal y como estaba previsto, el polémico decreto ya está publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) como una normativa que ha vuelto a ser rechazada por las federaciones sindicales de Enseñanza.

El decreto regula que los directores de escuela catalanes tengan competencias como jefes de personal, de forma que podrán decidir el número de profesores que necesitan según su proyecto educativo en virtud del decreto de direcciones de la Ley de Educación de Cataluña (LEC).

Uno de los puntos más controvertidos de la normativa, según el artículo 8 del decreto, es que la dirección podrá proponer las asignaciones presupuestarias y las plantillas docentes, siempre ajustándose al proyecto educativo del colegio. Por eso, podrá decir cuántos docentes y de qué especialidades quiere contratar.

Se trata de una novedad muy destacada respecto al sistema actual de contratación de profesores, que hasta ahora se realizaba desde la Conselleria de Educación sin intervención del director.

Elegir cargos
Sin embargo, el departamento se reserva el derecho de emitir una resolución motivada en contra de la decisión de un director en cuanto a la política de personal, si considera que ésta no es la adecuada.

El mismo director también tendrá el poder de nombrar y cesar a las personas que ocupen el resto de cargos. De hecho, podrá decidir sobre sí es conveniente que haya otros cargos unipersonales –y cuántos–, así como definir sus responsabilidades y sus complementos retributivos. En la contratación de profesores, el director podrá decidir que requisitos adicionales necesitan los docentes para ser contratados –que seguirán siéndolo a través de convocatorias públicas y concursos de méritos–.

En calidad de jefes de personal, también podrán definir las plazas que sólo se puedan cubrir mediante un sistema extraordinario de provisión porque son puestos clave. Por eso, se convocarán públicamente, pero el director designará libremente a la persona contratada.

Será éste quién tenga que decidir también la proporción de estas figuras en la plantilla del centro, y seleccionará directamente a los profesores sustitutos de la bolsa de interinos. Otra novedad del decreto es que reconoce a los directores de las escuelas como “autoridad pública” .

Los sindicatos han criticado duramente la medida. Desde Ustec se aseguró que “es un decreto que nos remite a una fórmula parecida al antiguo cuerpo de directores vigente durante el franquismo y abolido a partir de la democracia”.

Recurso de Ustec contra el Decreto de Autonomía Educativa
La actualidad educativa catalana no sólo ha estado marcada por la aprobación del polémico decreto de direcciones, otro de las normas que se ha encargado de aprobar la Conselleria de Educació antes de que se celebren los comicios en Cataluña es el de la autonomía de centros, que ya supuso una feroz crítica de los sindicatos.

La pasada semana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite un recurso que presentó el sindicato mayoritario en el sector de la educación, Ustec-STES, contra el decreto de autonomía de centros. “Estamos contentos porque esto quiere decir que el tribunal ve que este decreto puede no ajustarse a derecho”, dijo la portavoz del sindicato, Rosa Cañadell.

Según el sindicato, el decreto de autonomía de centros pone en peligro la igualdad de oportunidades de los alumnos porque favorece “la creación de centros públicos de categoría diferenciada, ya sea mediante la diferenciación curricular o con la adjudicación de recursos según los resultados y el rendimiento escolar”. Ustec-STES denuncia que la diversificación curricular justificaría, según el decreto, “la creación de puestos de trabajo, normas de funcionamiento y estructuras organizativas en los centros sin ningún límite ni cautela salvo la aprobación de la administración”, cosa que podría provocar más diferenciación entre los centros en función de los entornos sociales y entre colegios e institutos de la misma zona, puesto que la norma “no garantiza ninguna base común para todo el mundo”.

Tres decretos
El sindicato actuó así contra el tercer decreto que aprobó el Ejecutivo de José Montilla, a propuesta del Departamento de Educación, para desplegar la Ley de Educación de Cataluña (LEC), después de los del mapa escolar y el decreto de direcciones, que se aprobó el pasado martes y que también cuenta con la oposición sindical.

En este caso, la agrupación sindical con mayor peso en la Pública ha denunciado que “es un paso atrás en cuanto a la democracia de los centros, a la participación del profesorado en las decisiones pedagógicas y organizativas, lo cual dificulta el trabajo en equipo, la innovación y la implicación del profesorado”.